La niña de seis años levanta su camiseta para mostrar las marcas en su espalda. Son cicatrices recientes de los latigazos que le propinó su tutora por haber perdido 500 leones, el equivalente a unos 10 centavos de dólar.
En su cabeza presenta también un gran bulto, pues su tutora hace poco la golpeó contra una pared. No recuerda de cuándo es la lesión que tiene en el hombro.
Cada herida tiene su historia, dijo la trabajadora social a la que la pequeña se mantiene aferrada en todo momento.
Este es solo uno de los tantos casos de abusos contra menores en Freetown, la capital de Sierra Leona.
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Esta nación de África occidental de más de cinco millones de habitantes aún se recupera de la larga guerra civil que terminó en 2002.
Su gobierno firmó varios acuerdos internacionales y aprobó sus propia Ley de Derechos de la Infancia en 2007. La legislación reconoce los derechos básicos para niños y niñas y establece las estructuras necesarias para hacerlos respetar.
Pero muchos señalan que esos derechos aún existen solamente en el papel.
Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley están saturadas y carecen de recursos, mientras que los refugios no pueden afrontar la demanda. Mientras, las arraigadas tradiciones y la pobreza generalizada alimentan los abusos contra los menores.
Theresa Ojong, administradora de programas de Don Bosco Fambul, dijo que el gobierno necesitaba tomar en serio el problema, proveyendo asistencia a las víctimas y realizando campañas de sensibilización.
"Tenemos una cultura de silencio en este país", dijo Ojong, quien trabaja brindando refugio, consejería y rehabilitación a niños y niñas sin hogar y vulnerables en Sierra Leona.
En su último informe sobre Sierra Leona, Amnistía Internacional denunció diversos problemas, como casos de trabajo infantil y programas oficiales inadecuados para atender las necesidades de huérfanos y menores afectados por la guerra.
Los niños y niñas en situación de calle son particularmente vulnerables a los abusos, con poca o ninguna protección.
"El gobierno no ha logrado hacer cumplir sus leyes internas ni ha respetado sus obligaciones en tratados internacionales para proteger a los niños y garantizar sus derechos", concluyó Amnistía.
Mariatu Bangura, directora de Asuntos de la Infancia en el Ministerio de Bienestar Social, aseguró que varias provisiones de la ley se estaban cumpliendo, otras estaban en vías se implementarse y otras serían enmendadas.
"Realmente estamos tratando de hacer cumplir la Ley de Derechos de la Infancia", dijo Bangura. "Hasta cierto grado está funcionando. Antes teníamos muchos casos de abusos que eran barridos debajo de la alfombra", añadió.
Sin embargo, al Ministerio solo se le ha asignado 0,9 por ciento del presupuesto anual, y no siempre recibe los recursos completos, dijo Bangura. Numerosas agencias internacionales contribuyen a los esfuerzos.
Sierra Leona sigue en el fondo del Índice de Desarrollo Humano elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, con 70 por ciento de la población viviendo con menos de un dólar diario. El producto interno bruto por habitante en 2008 era de 332 dólares.
En el Informe Africano sobre Bienestar de la Infancia 2011, realizado por el Foro Africano de Políticas para la Infancia, Sierra Leona se ubicó entre los ocho países con menos inversiones en necesidades infantiles. Los casos de abusos contra niños y niñas son derivados a la Unidad de Apoyo a la Familia de la policía sierraleonesa, encargada de investigar delitos como violencia doméstica, abusos sexuales y tráfico de menores.
Ese departamento cuenta con 40 oficinas, 435 uniformados y 60 trabajadores sociales. Tiene cinco vehículos aportados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y algunas motocicletas, informó la directora de la Unidad, Aiesha Bangura.
En 2010, la Unidad recibió más de 4.200 denuncias de abusos sexuales y violencia doméstica. Unos 2.200 casos están en investigación, y solamente la mitad de ellos terminaron en juicios. Ese año hubo 57 condenas.
La madre de la niña de seis años con la que habló IPS murió durante el parto, informó la trabajadora social Yatta Thomas.
Una de cada ocho mujeres mueren en Sri Lanka durante el embarazo. El gobierno lanzó un ambicioso programa de servicios sanitarios gratuitos para mujeres y niños el año pasado para tratar de revertir una de las más altas tasas de mortalidad materna del mundo.
La custodia de la niña pasó por varias manos, hasta llegar a una tutora con poca voluntad que ya tenía seis bocas que alimentar y poco dinero para hacerlo.
Es un círculo vicioso de pobreza y abusos, explicó Thomas.
En la oficina de Don Bosco, en Freetown, unos 60 niños que vivieron en las calles ahora pasan por un programa de rehabilitación de 10 meses después del cual algunos se reunirán con sus familiares.
La organización estima que hay unos 2.500 niños y niñas en las calles de Freetown que han huido de sus hogares por abusos físicos y sexuales, el hambre, el tráfico de personas y otras amenazas.
Más de tres cuartas partes de los niños y niñas menores de 12 años que atiende la organización denunciaron abusos sexuales cometidos por otros chicos de la calle mayores que ellos. Casi un tercio denunciaron haber sufrido violencia física de la policía.
"Los policías, que están a cargo de la seguridad y la justicia en las calles de Freetown, a veces son culpables de las más graves violaciones a los derechos humanos, desde brutales golpizas hasta trabajos forzados", señala el informe.
