La destitución de Óscar Álvarez de su cargo de secretario de Seguridad de Honduras, luego de proponer un proyecto de ley que le dejaría las manos libres para depurar la policía, disparó suspicacias acerca de la influencia de las mafias del narcotráfico en el poder político.
Portavoces oficiales indicaron que Álvarez fue removido, junto a sus dos viceministros, como parte de un reacomodo de piezas que el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, impulsa para revertir la mala imagen de su gestión, que, según las encuestas, pasó de tener una opinión favorable de 70 por ciento de los entrevistados a solo 20 por ciento en los 18 meses que lleva de mandato.
Álvarez fue reemplazado por el diputado del gobernante y derechista Partido Nacional, el militar retirado Pompeyo Bonilla, quien fue ayudante del general Oswaldo López Arellano, que lideró sendas dictaduras de 1963 a 1971 y de 1972 a 1975.
Lobo dijo que el retiro de Álvarez, al igual que el de Mario Canahuati de la cancillería y de otros funcionarios, fue para "darle oxígeno" a su administración y hacerla más dinámica, descartando que ello signifique un cisma en su apoyo político. Dejó entrever, además, que habrán más cambios en el gabinete ministerial.
Por divergencias políticas y presiones del sector privado, la salida de algunos funcionarios como Canahuati y Oswaldo Guillén, jefe de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (oficina recaudadora de impuestos), estaba en los planes del mandatario desde hace seis meses, afirman analistas políticos.
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Lo sorpresivo, al parecer, fue el despido de Álvarez, quien ya había ocupado el mismo cargo en el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006). Su principal característica fue entonces y ahora la aplicación de una política de mano dura, que resultó un fracaso si se toma en cuenta el incremento de la inseguridad y de la cantidad de asesinatos, incluidos varios que se presume tuvieron motivaciones políticas.
Honduras reporta un promedio de 17 asesinatos por día y la proyección para fines de este año es que la tasa nacional se instalará finalmente en 86 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando la media mundial es hoy de algo más de ocho por 100.000, según la Organización Mundial de la Salud.
Distintos reportes ubican entre las causas de la violencia la cada vez mayor presencia del narcotráfico, que ya no solo usa al país de puente hacia Estados Unidos sino también como "plaza de disputa en cárteles mexicanos y colombianos, con fuertes conexiones políticas y económicas", como indicó a IPS un agente que pidió el anonimato al ser consultado para un artículo anterior.
A ello se agrega la perenne guerra por la tierra que enfrenta a pequeños productores y cooperativistas con terratenientes, intensificada en los últimos tiempos al punto que solo en las dos semanas finales de agosto fueron asesinadas 14 personas, al parecer a manos de sicarios, entre ellas dos dirigentes campesinos.
En cuanto a los crímenes de perfil político, tuvo su último caso de repercusión internacional con la muerte el 8 de este mes de Medardo Flores, un periodista muy cercano al derrocado presidente Manuel Zelaya y dirigente del Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP). Es el cuarto reportero asesinado este año en Honduras y el decimosexto desde el golpe de Estado de junio de 2009.
La salida de Álvarez se produce dos semanas después de que se reuniera en Estados Unidos con jefes de la lucha contra el narcotráfico y denunciara que una decena de oficiales de alto rango de la policía hondureña estaban vinculados al crimen organizado, al grado que se habrían convertido en "controladores aéreos" para el aterrizaje clandestino de avionetas cargadas de drogas.
El exministro aseveró, además, que descubrió a otros dos oficiales al mando de una banda de ladrones de vehículos que utilizaban comisarías de Tegucigalpa para esconderlos y después sacarlos de la ciudad por lugares previamente liberados de presencia policial.
Si bien nunca reveló los nombres de los presuntos implicados, sus declaraciones fueron un revulsivo para vida la interna policial, según informes de medios de comunicación locales.
Víctor Meza, del no gubernamental Centro de Documentación de Honduras, dijo a IPS que la remoción de Álvarez obedece a "un pulso de poder en donde obviamente las mafias se movieron y neutralizaron al presidente Lobo, una vez que vieron amenazados sus negocios con la ley de discrecionalidad que había propuesto el entonces ministro".
Se habla, dijo Meza, de una reunión entre las supuestas cúpulas mafiosas de la policía y el llamado Grupo de los 14, ligados presuntamente al crimen organizado y con fuertes tentáculos "políticos que habrían incidido con personas allegadas al mandatario, optando éste por no confrontar y sacrificar a Óscar Álvarez".
Fuentes de la fiscalía antidrogas de Honduras dijeron a IPS que el Grupo de los 14 y el Cartel del Atlántico son las dos principales organizaciones delictivas que se disputan los territorios por donde trasiega la droga. Ambos se caracterizan por poseer fuertes conexiones políticas y económicas, afirmaron esas fuentes, que pidieron mantener el anonimato.
Para el diputado socialdemócrata Germán Leitzelar, de oposición y quien lideró hace más de 15 años el traspaso de la policía del poder militar al civil, la salida "abrupta de Álvarez le deja a uno la duda acerca de si ganaron los buenos o los malos".
Leitzelar señaló a IPS que, si bien Álvarez "no tuvo tanta suerte como cuando estuvo la primera vez en el cargo, sí estaba interesado en enfrentar a las mafias policiales que le cuestionaban su autoridad, máxime cuando se iba a aprobar esa ley de discrecionalidad, que luego de su renuncia fue retirada del parlamento a petición del Poder Ejecutivo".
La ley de discrecionalidad habría molestado al presidente Lobo en vista de que no fue consultado por Álvarez y fue enviada sin haberla conocido, lo que precipitó su caída, dijeron a IPS fuentes cercanas al mandatario.
La excomisionada de policía María Luisa Borjas, quien fue destituida hace ocho años por denunciar corrupción policial, comentó a IPS que el remezón en la Secretaría (ministerio) de Seguridad "es un reacomodo de fuerzas, donde no puedo decir quiénes eran los buenos o los villanos, pero es obvio que había a lo interno un pulso de poder".
Uno de los oficiales que IPS supo que sería removido por el entonces ministro Álvarez es el director de la policía nacional civil, José Luís Múñoz Licona, quien fue ratificado en el cargo y que descartó haber sido parte de un complot contra su exjefe.
El flamante ministro Bonilla anunció que la nueva estrategia de seguridad buscará disminuir los índices delictivos y "perseguir el crimen organizado sin tregua".
Por su parte Álvarez, quien se encuentra en Estados Unidos "reflexionando" sobre su futuro según indicó, lamentó no haber podido depurar la policía, y no descarta volver al ruedo político, esta vez, como aspirante a la Presidencia de Honduras para las elecciones generales de 2014.
