Una reforma profunda a las normas electorales y de partidos podría haber mejorado el panorama político guatemalteco. Pero ese desafío seguirá pendiente.
Pérez Molina, acusado de crímenes durante el conflicto armado interno (1960-1996) y de responder a intereses de grupos empresariales poderosos, obtuvo el primer lugar con 36 por ciento de los votos en los comicios del domingo 11, según el escrutinio de 97,15 por ciento de los sufragios, anunciado este lunes por el Tribunal Supremo Electoral.
Le siguió Baldizón, un ex diputado señalado por presuntas anomalías en el Poder Legislativo y empresario caracterizado por promesas polémicas, con 23,27 por ciento de los sufragios.
Ninguno de los dos obtuvo la mitad más uno de los votos emitidos para ganar en primera vuelta y volverán a competir el 6 de noviembre.
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En tercer lugar se ubicó el matemático del derechista partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Eduardo Suger, mientras la indígena y premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, candidata del Frente Amplio, una coalición que aglutina a varios partidos pequeños de izquierda, ocupó una de las últimas casillas con algo más de tres por ciento.
En ambiente de fiesta cívica, más de cuatro millones de personas se pronunciaron para elegir la fórmula presidencial para el período 2012-2016, 158 escaños del Congreso legislativo unicameral, los titulares de 333 alcaldías y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
La jornada marcó la más alta participación electoral desde 1985. La abstención fue de 35 por ciento de los 7,3 millones de habilitados para votar.
Pero los incidentes no faltaron. En algunos municipios hubo quema de papeletas electorales, agresiones entre los partidos políticos y acusaciones de anomalías que no llegaron a configurar irregularidades generalizadas.
"Ha habido incidentes muy puntuales en ciertos sitios que habían sido calificados como zonas rojas donde podían suceder contingencias", dijo a IPS la embajadora de España en Guatemala, Carmen Diez Orejas, que había expresado junto a otros diplomáticos extranjeros su preocupación por las amenazas y presiones sobre las autoridades electorales durante la campaña.
"El ambiente con carácter general ha sido un ambiente de fiesta, una oportunidad de pronunciarse y de elegir sobre el futuro que van tener todos los guatemaltecos en los próximos años", añadió la diplomática.
José Dávila, coordinador de Civismo Electoral 2011, una coalición de organizaciones no gubernamentales que observó los comicios, dijo a IPS que los ciudadanos "se llevaron el primer lugar en comportamiento en las elecciones porque han legitimado el proceso, más allá de las irregularidades coyunturales y estructurales".
Hubo "lentitud" del Tribunal Supremo Electoral para entregar los resultados, mientras continúan prácticas partidarias, como el "acarreo" de votantes hacia las mesas, y las campañas se basaron en promesas y no en propuestas de solución a los problemas, agregó. Guatemala, de 14 millones de habitantes, es uno de los países más rezagados de América Latina en términos económicos y sociales. La pobreza afecta a la mitad de la población y la indigencia a 17 por ciento, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De los entre 15 y 20 asesinatos diarios que se cometen, 98 por ciento quedan sin castigo, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, establecida por la ONU y el Estado para mejorar el sistema judicial y reducir la impunidad.
La debilidad del sistema de partidos, que a menudo responden a intereses particulares y no colectivos, hace parte de los obstáculos para profundizar la democracia, según analistas.
"Es el momento de hacer una profunda reforma a la ley electoral y de partidos políticos, en la que participe la sociedad en su conjunto", dijo Dávila.
Guatemala logró cambiar su historia de golpes y dictaduras con la promulgación en 1985 de una Constitución que sentó bases de legalidad, fijó mandatos cuatrienales improrrogables y medidas expresas contra la perpetuación en el poder y el retorno del golpismo.
Pero son muchas las voces que piden que el sistema democrático se fortalezca con cambios profundos a las normas electorales.
"No estoy de acuerdo con que se reforme, sino en que se haga una nueva ley que responda a las necesidades del siglo XXI", dijo a IPS el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Bolaños Parada.
Se necesitan normas vigorosas para fiscalizar los recursos destinados a las campañas y los requisitos para crear un partido político. Además, se deben definir delitos electorales, según el ex magistrado.
Abundan las denuncias de que los partidos se financian con millonarios recursos privados cuya factura deben pagar cuando gobiernan, mientras no invierten en la formación de líderes y a menudo terminan envueltos en escándalos de corrupción que no son investigados.
Por ahora los guatemaltecos deberán decidir si votan a Baldizón, de 41 años, que se autodenomina "el candidato del pueblo" y que ha prometido el pago de un salario anual extraordinario, la aplicación de la pena de muerte, asegurar que la selección de fútbol compita en la copa mundial e imponer un único impuesto con una tasa de cinco por ciento sobre los ingresos o las ganancias.
O pueden optar por Pérez Molina, de 60 años, cuya campaña giró en torno de la seguridad y la promesa de "mano dura" a la delincuencia fortaleciendo a la policía y al ejército y de la promoción del empleo fomentando inversiones en turismo, exportaciones y minería.
