La divulgación de los monstruosos ensayos clínicos realizados por científicos estadounidenses en 1.300 personas en Guatemala, a quienes infectaron con enfermedades venéreas entre 1946 y 1948, sacó a flote la aún persistente fragilidad de los controles sobre investigaciones médicas en el país.
"No hay personal capacitado que pueda hacer las inspecciones de la investigaciones y las normativas son deficientes o no se cumplen", cuestionó ante IPS el científico guatemalteco Luis López, miembro de la internacional Comisión Presidencial para el Estudio de Asuntos de Bioética convocada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para investigar el caso.
En Guatemala, las investigaciones médicas están contempladas en el acuerdo del Ministerio de Salud "Normativa para la regulación de los ensayos clínicos" de 2007, el cual "es muy débil, porque no llega a ser una legislación y no articula los aspectos intersectoriales que podrían estar en juego para la experimentación con humanos", añadió el experto.
De tal modo, el control ejercido a los ensayos, 65 años después de los macabros estudios realizados por Estados Unidos en Guatemala cuando en este país no había regulaciones al respecto, "es aún débil", al punto que "no todas las investigaciones que hacen experimentación con humanos llegan a manos del Ministerio de Salud", confirmó López.
En el país funcionan distintos comités de ética clínica en universidades, hospitales y otras instituciones. Sin embargo, es el Ministerio de Salud, a través de la Comisión para la Evaluación de Ensayos Clínicos, quien otorga el último aval para que se realicen.
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Una investigación realizada en octubre de 2010 por la científica estadounidense Susan Reverby, del Wellesley College de Massachusetts, sacó a luz pública los monstruosos ensayos clínicos practicados en Guatemala por médicos de la potencia del Norte con la complicidad de funcionarios locales entre 1946 y 1948.
A comienzos de este mes, la Comisión Presidencial para el Estudio de Asuntos de Bioética de Estados Unidos confirmó que 5.500 personas, entre prostitutas, enfermos mentales, militares y niños huérfanos fueron utilizadas en los experimentos financiados por los institutos nacionales de salud de Estados Unidos.
El equipo liderado por el médico John Cutler inyectó a unos 1.300 guatemaltecos gonorrea y sífilis directamente en órganos genitales y ojos, entre otros procedimientos inhumanos practicados con total desconocimiento de las víctimas. Solo menos de 700 recibieron luego un tratamiento curativo.
Se estima que 83 de estas personas murieron antes de 1953, aunque la Comisión no pudo establecer si fue por causa de los experimentos.
El caso provocó indignación a nivel global al evocar las prácticas del médico alemán y criminal de guerra nazi Josef Mengele, quien también utilizó brutales experimentos con miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Como respuesta, el presidente Obama ofreció disculpas al pueblo guatemalteco en octubre de 2010 e instaló la Comisión para asuntos de bioética para aclarar el caso, mientras que el gobierno de Guatemala conformó un grupo similar que ya localizó a cinco sobrevivientes de los ensayos, a quienes pretende indemnizar.
La mitad de los 14 millones de guatemaltecos viven hoy en la pobreza y 17 por ciento en la indigencia, una situación que ha vulnerado la salud de la gente y mantiene en absoluta precariedad el sistema de atención pública.
Los experimentos realizados por Estados Unidos no han hecho sino evidenciar las preocupaciones respecto de los actuales controles sobre las investigaciones clínicas.
López dijo que es necesaria la capacitación de las personas encargadas de inspeccionar las investigaciones, así como convertir en ley el acuerdo que regula los ensayos clínicos en el país como sucede en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
Este médico también abogó porque las investigaciones se enfoquen en enfermedades tales como el Mal de Chagas, la tuberculosis, la leishmaniasis y la malaria, propias de países pobres como Guatemala, que "no se visualizan en la industria farmacéutica, cuyo interés nunca ha sido resolver problemas de las poblaciones arraigadas".
El presidente del Colegio de Médicos y miembro de la comisión encargada de investigar los experimentos que encabezó Cutler en el país, Carlos Mejía, dijo a IPS que en Guatemala "se hace todo tipo de investigaciones médicas, pero es necesario fortalecer la supervisión".
Mejía reconoció que no hay suficiente personal que desarrolle un seguimiento de los estudios, sobre todo en los lugares más apartados de las grandes ciudades, además de que es necesario elevar a categoría de ley la normativa ministerial que regula los ensayos clínicos.
Más allá de las investigaciones, consideró que el sistema de salud pública "no ha sido una prioridad" y "prueba de ello es su total abandono por falta de presupuesto".
Este especialista consideró que "es muy difícil, aunque no imposible" que hoy se repita una situación como la ocurrida en los 40. "Hay rumores de que se esterilizó gente, pero eso es un extremo que debemos investigar", advirtió.
En Estados Unidos, el caso también sigue generando reacciones.
Reverby, también historiadora del llamado Experimento Tuskegee mediante el cual se inoculó con sífilis a negros entre los años 30 y 70 en esa ciudad del sudoriental estado estadounidense de Alabama, dijo a IPS que el escenario requiere un análisis más profundo que el típico enfoque de "buenos versus malos", que ha predominado en los medios de comunicación.
"La noticia se cubre como si se tratara de una película del sábado por la tarde: víctimas inocentes, médicos malos. Eso vuelve demasiado fácil pensar que, como tenemos regulaciones en vigor, eso no puede volver a pasar", añadió.
"No es un melodrama. Lo importante aquí es que ellos pensaban que lo que estaban haciendo era correcto, no que eran monstruos", matizó.
Mientras, la Comisión Presidencial para el Estudio de Asuntos de Bioética, integrada por 14 personalidades de 10 países, hizo cinco recomendaciones claras para proteger mejor a los humanos que participan en investigaciones internacionales, entre ellas que haya mejor participación y representación comunitaria y formación ética para los investigadores.
Además, planteó la creación de un registro de pruebas, que sea más exhaustivo, y la armonización de normas más allá de fronteras.
También recomendó que Estados Unidos adopte, como India, Brasil y países europeos, un sistema para compensar a los participantes en investigaciones que resulten afectados como consecuencia de los mimos.
El debate apenas comenzó. Carla Sáenz, consejera regional sobre bioética para la Organización Panamericana de la Salud, dijo a IPS que, aunque está de acuerdo con que haya registros más amplios para los estudios epidemiológicos y de salud pública en general, tiene dudas sobre cómo se implementarían los estándares para la "representación comunitaria".
"La mayor parte de las investigaciones tienen lugar en ciudades de ocho millones de habitantes, en hospitales enormes, por lo tanto, es necesario especificar cómo se define una comunidad para poder cumplir con las recomendaciones, señaló.
*Aportes de Amanda Wilson (Estados Unidos)
