El gobierno de Portugal se empeña en demostrar a los acreedores que no seguirá la huella helénica y que ya está diseñando una estrategia para protegerse de los efectos de una reestructuración de la deuda griega, considerada cada vez más probable en el corto plazo.
Si Grecia se hunde, las reglas del juego cambian y se necesitará un nuevo y más vasto plan de rescate, que podría incluir no solo a Portugal, sino a Italia y España en una reacción en cadena de consecuencias imprevisibles para la zona euro. Alemania y Francia, las dos mayores economías de la Unión Europea (UE), podrían verse obligadas a rescatar a los bancos.
En una semana decisiva para el futuro de Grecia, con analistas y economistas vaticinando su inevitable salida de la zona euro, el portugués José Manuel Durão Barroso, el presidente de la Comisión Europea (brazo ejecutivo de la UE), garantizó el domingo a la cadena de televisión estadounidense CNN que "ningún Estado miembro va a abandonar la moneda única".
El español Joaquín Almunia, Comisario de la UE para la Competitividad, citado este lunes por el diario lisboeta Jornal de Negócios, ofreció otra nota de optimismo al considerar que Alemania y Francia van a acabar por tomar las decisiones adecuadas para combatir la a crisis de deuda soberana, porque ambos "saben lo que está en riesgo".
El citado periódico reproduce también declaraciones de la canciller (jefa de gobierno) de Alemania, Angela Merkel, calificando de "muy seria" la crisis de las deudas soberanas, pero defendiendo la permanencia de Grecia en la zona euro, por lo menos mientras la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) certifiquen que Atenas cumple el programa de ajuste económico exigido.
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Sin embargo, Merkel prometió agudizar las sanciones a los países de la zona euro que no cumplan los criterios de estabilidad, incluyendo la pérdida de soberanía.
El Tratado de Maastricht (1992) impone un límite de tres por ciento para el déficit y un límite máximo de deuda de 60 por ciento del producto interno bruto (PIB) a los países de la UE. En 2010, Portugal superó con creces esa barrera con un negativo de 9,1 por ciento, que intenta bajar a 5,9 por ciento este año, con la meta de cumplir el límite de tres por ciento en 2013.
La semana pasada, una auditoría descubrió que el presidente del gobierno de la Región Autónoma de Madeira, Alberto João Jardim, escondió ante el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) un déficit de 8.200 millones de dólares, lo cual provocó una caída de la credibilidad de Portugal.
La troika de acreedores internacionales formada por la UE, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE) para el rescate de la fragilizada economía lusa se vio sorprendida por este nuevo aumento en el déficit luso, al haber concedido un crédito de 110.000 millones de dólares en base a los datos oficiales del INE, donde no contaba la cifra del archipiélago ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa de Marruecos.
El caso de Madeira fortaleció la idea de que Portugal vivió los últimos 15 años gastando por encima de sus posibilidades.
Políticos populistas, cuyo caso más emblemático es el de Jardim, realizaron obras faraónicas que no se compadecen con la economía real de Portugal, el país de Europa con mayor número proporcional de autopistas y centros comerciales, apuntan todos los análisis económicos.
Sin embargo, esta nación intentó ofrecer la imagen de cumplidora, que nada tiene que ver con Grecia, intentando convencer a los acreedores de que el caso de Madeira es un simple accidente de rumbo.
Para proyectar esta imagen, el gobierno del conservador primer ministro Pedro Passos Coelho adoptó medidas draconianas, que afectan a los más pobres y a las clases media y media alta, en el contexto de un país donde un quinto de la población (18 por ciento, según datos oficiales, 22 por ciento, según los sindicatos), vive a niveles de subsistencia, con menos de 600 dólares por mes.
La electricidad, gas, agua, combustibles, transportes, medicamentos, guarderías infantiles, cuotas de créditos para compra de vivienda, matriculas y mensualidades para educación aumentaron significativamente en su precio base y con el alza del impuesto al valor agregado (IVA).
Cuando el IVA pasó de seis, 13 y 19 por ciento, según el producto, al 23 por ciento generalizado, Portugal se convirtió en una país más caro que el promedio de la UE, con precios 20 por ciento más altos que en España, por ejemplo. En muchos casos, como el de algunos medicamentos, su valor puede hasta triplicar al que cuesta en el país vecino de la Península Ibérica.
Este lunes, la Seguridad Social notificó a 31.000 empresas que están en riesgo de delito de "abuso de confianza fiscal" por mantener deudas que suman 887 millones de dólares.
Los impuestos subieron de tal manera, que un empleado que al final de mes lleva a su casa el equivalente a 930 dólares, por una cuestión fiscal le cuesta a la empresa 2.145 dólares, según el cálculo hecho por Jornal de Negocios.
Paulo de Morais, vicepresidente de la asociación Transparencia e Integridad, denunció el viernes que los impuestos que los portugueses pagan se están "derritiendo" en mecanismos de corrupción.
Gran parte de los cerca de 107.000 millones de dólares que el Estado recauda anualmente es usado por "una mega central de negocios, donde reina la promiscuidad ente personas que son alternadamente titulares de cargos públicos y administradores de grupos empresariales abastecedores del Estado", expresó.
Para el ex presidente socialista portugués Mario Soares (1985-1995), Passos Coelho tomó medidas "sin pensar en los daños de la recesión que estamos creando, agravando temerariamente la desocupación y la pobreza, destruyendo la clase media", comentó a IPS.
"Envuelto en su ideología neoliberal, el gobierno no supo explicar a los portugueses el sentido de las medidas y de los nuevos impuestos, que tanto hieren a los más desfavorecidos y a la propia clase media, algo particularmente peligroso en un futuro próximo", sentenció el ex mandatario y fundador del Partido Socialista (PS).
Según la comisión nacional del PS, el gobierno se distinguió por promover la injusticia social, el incumplimiento de las promesas electorales y la insensibilidad social, al tiempo que rechaza la idea de cobrar impuestos a "los que viven del lucro del capital financiero".
Los comunistas acusan al gobierno de conducir a Portugal al desastre: "Cada día que pasa, el país se hunde más en una profunda crisis económica y social sin precedentes, con un ataque muy agresivo contra los ingresos de las familias".
En este contexto de medidas puramente financieras, que según los críticos relegan el desarrollo económico para segundo plano, las dificultades de las familias son cada vez mayores, llegando incluso a perder sus casas.
Hasta fines de junio, los seis mayores bancos nacionales habían incautado, por falta de pagos, inmuebles por un valor total de 4.100 millones de dólares.
En un informe divulgado el 18 de este mes, Caritas-Portugal, una de las 162 organizaciones nacionales que hacen parte de Caritas Internacional, reveló que los pedidos de ayuda crecieron más de 40 por ciento en el lapso de un año.
Deudas de crédito de viviendas, facturas de agua y luz, gastos de educación y medicamentos constituyen los principales rubros del listado de las urgencias de las familias.
Al mismo tiempo, las quiebras de pequeñas empresas se suceden cotidianamente, haciendo crecer la desocupación en un espiral cuyo fin no se vaticina para corto plazo.
