La reforma a la Constitución puesta en marcha en España, pactada en sus aspectos fundamentales por los dos partidos mayoritarios, dará más privilegios a los ricos y, consecuentemente, disminuirá los derechos de los pobres.
Ese tipo de cambios contrasta con el origen de la Constitución, que nació en 1978 marcando el punto final de la transición a la democracia iniciada al fallecer a fines de 1975 el dictador Francisco Franco. En su elaboración participaron todos los partidos políticos y fue aprobada por consenso y ratificada en referéndum.
Ante esta reforma, el diputado y portavoz parlamentario de la coalición Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, sostiene que se debe iniciar un proceso constituyente en el que decidan los ciudadanos lo que se debe hacer, en vez de aceptar "la Constitución de los mercados".
A su entender eso es lo que surge de la reforma constitucional aprobada este viernes 2 en el Congreso de diputados con 316 votos a favor, cinco en contra, ninguna abstención y 29 ausentes.
El tema más cuestionado por IU, partidos nacionalistas minoritarios y organizaciones sociales como el Movimiento 15 de Mayo (M-15) o Indignados, es que en ese pacto hayan decidido incluir en la Constitución un tope al déficit público.
Este tope fue aprobado por el Congreso y pasará al Senado para su aprobación final, la que se descuenta se hará ya que el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el centroderechista Partido Popular (PP) también suman allí una mayoría aplastante.
Miles de miembros del M-15 intentaron protestar frente al Congreso, pero les fue impedido por una fuerte custodia policial. Ante eso desfilaron y se concentraron en la céntrica Plaza de Neptuno y frente a sedes de los partidos mayoritarios, sin incidentes.
El tope al déficit público fue reclamado por el Banco Central Europeo y los gobiernos de Francia y Alemania, con la intención de calmar a los mercados que golpean muy duro a España y salvar a este país de una intervención que decretaría la Unión Europea (UE).
El proyecto de modificación acordado por el PSOE y el PP establece que todas las administraciones públicas tendrán que adecuar sus actividades respetando siempre el principio de estabilidad presupuestaria, que fundamentalmente afecta a los salarios.
Según esa modificación, el Estado español y las 17 comunidades autónomas que lo integran no podrán producir un déficit de sus presupuestos que superen los márgenes establecidos por la UE. También estarán obligadas a mantener un equilibrio presupuestario las entidades públicas locales, como los ayuntamientos (municipios).
En esa línea, el proyecto de reforma establece que tanto el Estado como las comunidades autónomas que lo conforman deberán ser autorizados por ley para emitir deuda o contraer créditos y éstos se considerarán siempre incluidos en los gastos de sus presupuestos, debiendo gozar su pago de prioridad absoluta.
Una de las críticas más duras a lo aprobado llegó de la diputada Rosa Díez, quien rompió con el PSOE hace cinco años y fundó el partido Unión Progreso y Democracia (UPYD).
Ante los reclamos de que se aumenten los impuestos a los más ricos, el ministro de Fomento, José Blanco, recordó al ser entrevistado por la Cadena Ser que eso requiere que sea aprobada una ley en el parlamento y él considera que no hay tiempo para hacerlo ante la disolución de ese organismo tras la convocatoria de las elecciones para el 20 de noviembre.
Díez preguntó a socialistas y populares en el pleno del Congreso: "¿Quiénes se creen que son ustedes, que han expropiado la Constitución y la democracia española?". Para evitar que eso se mantenga, reclamó que se modifique "a fondo" la Constitución "para hacer una ley electoral que sea justa y garantice la igualdad de voto de todos".
Planteó además que para ser diputado se exija la misma cantidad de votos en toda España, donde en la actualidad eso depende de lo establecido en cada comunidad autónoma, y que se encare una reforma constitucional realizada por representantes de todos los ciudadanos y no solo por dos partidos.
A mediados de 2010, el gobierno redujo el sueldo de los empleados públicos, congelándolo sin tomar en cuenta siquiera la inflación para 2011 y también dispuso que se suspenda la revalorización de las pensiones, lo que se une a los efectos producidos por la crisis global en la economía española.
Llamazares señaló a IPS que la reforma constitucional debería apuntar hacia una convergencia con la UE, pero no en el tema del déficit sino en lo relativo a las prestaciones sociales, que se deben elevar y garantizar a todos los ciudadanos, en especial a los más pobres y a los marginados.
El portavoz de IU anticipó en un documento que en cuanto la Mesa del Congreso de Diputados rechace su impugnación al procedimiento seguido para la reforma de la Constitución recurrirá pidiendo amparo al Tribunal Constitucional, solicitando que se paralice la reforma.
En sus manifestaciones frente a las sedes de los dos partidos mayoritarios, los indignados expresaron su rechazo "total y contundente" a la reforma constitucional, pues con ella se "han eliminado tributos a las clases más adineradas, a las empresas más ricas, impuestos de sociedades, de sucesiones, de patrimonio y han puesto énfasis en el problema de la deuda".
España es el país europeo que registra menos recaudaciones por impuestos, desde que en 1999 el gobierno del PP redujo de 41 a 35 por ciento el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), rebaja que el PSOE no se planteó anular, sino que, incluso, la redujo al 30 por ciento. En España ese impuesto para las clases medias solo bajó 2,3 por ciento.
Las grandes empresas tienen filiales en el extranjero, en especial en América Latina, en las que concentran gran parte de sus actividades, trasladando las ganancias de sus dueños a paraísos fiscales, algo que se prometió combatir en España pero que hasta la fecha no ha prosperado.
Es este otro tema de protesta de los indignados, cuyos gritos se oyen, sus carteles y pancarta se leen, pero no se les hace caso.
