La venta de drogas en los barrios pobres de esta ciudad brasileña sigue como antes de la instalación de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), admiten autoridades y especialistas, que reconocen la dificultad para atacar este problema social y otros de seguridad ciudadana.
"Las UPP no van a resolver todos los problemas de Brasil ni siquiera de Río de Janeiro, pero las áreas hoy pacificadas ya registraron mermas en varios indicadores de criminalidad", defendió el mayor Eliécer de Oliveira, coordinador de enseñanza del plan en la Policía Militar.
Esta modalidad policial forma parte esencial del gran plan de seguridad pública, que se complementa con un sistema de programas sociales con metas de superación definidas, puesto en marcha en 2008 por el gobierno de Río de Janeiro para ocupar favelas (barrios pobres y hacinados) de forma permanente y liberarlas del narcotráfico.
El programa de pacificación ya instaló 17 UPP, cuenta ya con la participación de casi 3.500 policías militares movilizados y las autoridades planean tener para 2016 un total de 40 UPP con un contingente de 10.000 a 12.000 policías.
El presidente de la organización no gubernamental Viva Rio, Rubem César Fernandes, ponderó el plan en el marco del encuentro que congregó esta semana en Río de Janeiro a una treintena de agentes policiales y especialistas en lucha contra el narcotráfico de distintos países para analizar la situación de seguridad pública, volcar sus experiencias y proponer prácticas de prevención.
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"El sistema penal y de seguridad pasó a ser el principal instrumento para lidiar con las drogas. Eso es una perversión del sistema y el peso de la cuestión recae sobre la policía que ya admitió que la guerra contra las drogas no funciona hace 30 años", dijo Fernandes a IPS.
Según este sociólogo, el plan de pacificación es una "innovación" en América Latina y demuestra una señal promisoria, porque "rompió con la idea de que la policía debe siempre entrar en las favelas a los balazos".
En esa línea, la política adoptada por el gobierno de Portugal de combate a las drogas, despenalizando el consumo y apuntando al tratamiento de la toxicodependencia puede servir de modelo y adaptada por Brasil.
"El enfoque debe ser: el consumo no es un crimen. Y si Portugal, que es una sociedad conservadora, fue capaz de reducir la drogadicción por esta vía ya hace 11 años, por qué no lo podría hacer Brasil", argumentó Fernandes.
Portugal modificó en 2000 la legislación para pasar a penalizar la tenencia solo en los casos que la persona sea encontrada con una cantidad de dosis para más de 10 días de consumo, precisó el superintendente del Departamento de Investigación Criminal de ese país, José Flavio dos Santos Alves.
"La diferencia es que el consumidor no es considerado un delincuente", enfatizó Santos Alves, quien informó que el balance es positivo, con una marcada reducción de la drogadicción. Por eso aplaudió las unidades pacificadoras en Río de Janeiro que, dijo, representan un paso inicial en la senda adelantada por Portugal.
João Goulão, ex presidente del Instituto de la Droga y la Toxicodependencia (IDT) de Portugal, añadió que la política antidroga de su país está enfocada en una "visión humanista", al asumir que el adicto es un enfermo y no un delincuente.
"La gran preocupación es ofrecerle todas las herramientas para que la persona afectada pueda tratarse y liberarse de su dependencia", dijo Goulão a IPS.
El Instituto de Toxicodependencia de Portugal, un brazo del Ministerio de la Salud, tiene una red de cerca de 70 centros de atención distribuidos en todo el país, que en la actualidad llega a unos 50.000 pacientes, la gran de los cuales son hombres de entre 30 y 40 años procedentes de todas las clases sociales.
Goulão entiende que Brasil todavía carece de una articulación de la estructura de salud "suficientemente sólida" para lograr los éxitos esperados.
A su vez, Milton Romani, ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, habló de la experiencia de su país, que sufre "graves problemas" en la materia, como ocurre en el resto de América Latina.
"La seguridad pública no es solo un problema de la policía. En países como Brasil y Venezuela hace mucho tiempo que el Estado no está presente. Hay una responsabilidad de todos", destacó el actual embajador itinerante uruguayo ante organismos internacionales en drogas y derechos humanos.
Una ley de la época de la dictadura (1973-1985) despenalizó la tenencia de drogas para consumo propio, aunque queda a criterio del juez actuante, "por su convicción moral si es traficante o no" la persona investigada, explicó Romani.
"El juez tiene que fundar su convicción. Una persona puede ser detenida con un ladrillo de marihuana, pero si no tienes antecedentes criminales no es condenado, aunque sí alguien puede ser detenido pese a portar solo una pequeña dosis. Es la policía la que tiene que demostrar ante el juez que es un traficante", detalló.
No obstante, aunque defiende la despenalización de tenencia de drogas, las circunstancias son muy variables y el parámetro depende de la "convicción del juez", resultando difícil distinguir entre el simple consumidor y el traficante.
"Igual hay una ventaja muy grande, aun con el riesgo señalado. El consumo de drogas no es nunca un problema penal, destacó el experto uruguayo.
Para Romani, penalizar y criminalizar son equívocos que pueden incrementar la violencia.
El enfoque en el ejemplo de Uruguay es de "humanizar y salir del paradigma de la guerra contra las drogas", para aplicar una concepción de reducción de daños.
