Estudiantes, profesores y sindicalistas se movilizaron masivamente este miércoles en la mayoría de las ciudades de Colombia reclamando participación en la elaboración de la reforma del sistema educativo que plantea el gobierno.
Delegaciones de regiones distantes de Bogotá llegaron para marchar junto a los manifestantes capitalinos desde media mañana por las calles principales hasta la central Plaza de Bolívar. Sólo al final de la movilización se registraron algunos incidentes.
La educación superior en Colombia, entre la que se cuenta la universitaria, es regida por la Ley 30, de 1992, que define parámetros generales tanto para el sector público como el privado, mientras que el nivel básico y secundario está en el marco de la Ley 115, de 1994.
Tiempo suficiente para argumentar una actualización acorde con las dinámicas socioeconómicas actuales. "Más aun si tenemos en cuenta que la mayoría de los alumnos somos más jóvenes que esas normas", dijo a IPS el estudiante Mauricio Cárdenas durante el recorrido de la manifestación.
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"Pretendemos una educación con estándares de calidad, autonomía, respeto y libertad, como nos concede la Constitución, principios que cada vez suprimen más las reformas educativas" que se han sucedido, dijo a IPS Daysi Aparicio, de 17 años, integrante de la no gubernamental Sociedad Colombiana de Estudiantes de Secundaria.
"Las reformas, en las que avanzan sin mucho ruido a través de normas acotadas que se van sumando (en los últimos tiempos), tienden a privatizar la enseñanza", criticó.
Por ejemplo, "se aceptan convenios entre colegios públicos y una entidad religiosa, que limita el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de cultos que otorga la Constitución de 1991, entre muchos otros temas", añadió.
En cuanto a la Ley 30, el gobierno de Santos presentó en marzo una propuesta de 164 puntos, incluyendo la posibilidad de incluir recursos privados para "el desarrollo de la investigación" en las universidades estatales.
Los rectores universitarios protestaron ante este planteo. "Se pone en riesgo la calidad de la educación", enfatizaron. La reacción hizo que el presidente Santos ordenara suprimir este punto, aunque las críticas continúan.
"Con la eliminación de ese punto pretendieron desmovilizar la protesta, pero a pesar de eso, la reforma es lesiva para la universidad pública en múltiples dimensiones", explicó a IPS el académico Víctor Manuel Moncayo, ex rector de la estatal Universidad Nacional de Colombia (1997-2003) y profesor emérito de la misma.
Para contrarrestar la propuesta del gobierno, los rectores anunciaron la redacción de un nuevo proyecto de ley, mientras los estudiantes insisten en lograr participación directa en el cambio del modelo pedagógico.
Entre los asuntos centrales que se proponen desde el mundo académico se cuenta un aumento de la investigación con énfasis en lo social y la problemática medioambiental. A ello agregan una preocupación central como es la solución política al conflicto armado interno colombiano de casi medio siglo.
También se propone el aumento y calificación de la plantilla de profesores, garantías de bienestar universitario y la suspensión de la seguridad privada en universidades públicas, adicional a la financiación estatal plena.
Precisamente, la financiación es el punto álgido. Los rectores universitarios afirman que hace 10 años el costo por estudiante en la Universidad Nacional de Colombia, la estatal más grande del país, se equiparaba al de la privada y reconocida Universidad de Los Andes, mientras que hoy apenas se reduce a una tercera parte.
Esa situación se origina en decretos alternos que regularon el salario de profesores según su productividad académica, aumentaron los costos de la seguridad social de los empleados administrativos y se modificaron las exigencias de la estructura física de las casas de estudios.
A ello se suma el aumento de la cantidad de estudiantes, que pasó de pocos más de un millón en 2002 a casi 1,8 millones en 2009, según declaración pública del rector de esa universidad, Moisés Wasserman.
La cantidad de jóvenes que no acceden a la educación superior se calcula oficialmente todavía en 3,2 millones, con tendencia a aumentar.
Pero además, quienes logran graduarse de bachillerato (media) y no ingresan a la universidad, tampoco logran insertarse en la vida laboral.
En 2010, según la no gubernamental Escuela Nacional Sindical, 44 de cada 100 desempleados tenían entre 14 y 26 años.
La comunidad educativa pide modificar la normatividad, para disminuir el avance de las consecuencias heredadas en especial de la Ley 30 que propició un aumento sin precedentes en las carreras universitarias del sector privado, según registró el estudio "Saldo en Rojo, crisis de la educación superior", de Constanza Cubillos.
Entre 1993 y 1997, el número de carreras universitarias en el sector privado aumentó 81 por ciento. Ahora se cuestiona la calidad y especialmente el costo de las matrículas, que, si bien varían según la carrera y las universidades de mayor reconocimiento, en promedio se ubica en unos 2.500 dólares semestrales.
