Tras cuatro meses de protestas y tímidos acercamientos con el gobierno, los estudiantes chilenos volvieron a manifestarse este jueves por la capital del país en reclamo de cambios estructurales en el sistema de enseñanza.
Más de 100.000 personas respondieron a la convocatoria de las organizaciones estudiantiles y de profesores, entre los que cunde el pesimismo por la falta de ámbitos de discusión para sus planteos de reforma. Por ello adelantaron que seguirán con las movilizaciones y las ocupaciones de escuelas y sedes universitarias.
Mientras, el gobierno del derechista Sebastián Piñera enfoca su estrategia planteando opciones para que los estudiantes no pierdan su año escolar, a la vez que pide al parlamento que discuta los problemas del sistema educativo.
Para los estudiantes, aún no existen las condiciones para resolver la crisis, ya que el Poder Ejecutivo conserva una "concepción ideológica muy fuerte y mantiene la intransigencia ante las demandas de una gran mayoría", explicó a IPS la portavoz de la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile, Camila Vallejo.
Sin embargo, el portavoz del gobierno, Andrés Chadwick, insistió en que están abiertas las puertas para instaurar una mesa de diálogo.
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"Una marcha más, una marcha menos, no va a cambiar el tema y la preocupación fundamental del gobierno (
). Seguiremos insistiendo en la necesidad de la mesa de trabajo y de diálogo", sostuvo.
Chadwik agregó que se "seguirán desarrollando acciones para concretar los distintos proyectos de ley, apuntando a la solución más profunda de los problemas educativos".
Pero esa política es rechazada de plano por los alumnos, que exigen propuestas concretas que saquen a la enseñanza del esquema de mercado en que se basa.
"No basta con los proyectos legislativos, no basta con bajar la tasa de interés del crédito con aval del Estado, porque eso significa que, con recursos de todos los chilenos, estamos entregando a la banca a las universidades públicas y privadas", explicó Vallejo.
"El gobierno quiere defender a toda costa un modelo que nosotros hemos demostrado que fracasó", sostuvo. "Es una estructura que se instauró en la dictadura (1973-1990) y que hoy se quiere profundizar", añadió la líder estudiantil,
Piñera y sus ministros "no quieren fortalecer la educación pública, no quieren terminar con el lucro ni definir lo que entienden por calidad", apuntó.
La mesa directiva del Senado también trabaja en pos de acercar las posiciones y avanzar en los cambios que todos los sectores políticos han reconocido como necesarios.
Hay que incorporar las distintas posiciones al debate, "( ) no para renunciar a nada, sino para que efectivamente todos los temas que interesan se puedan discutir", explicó a IPS el presidente del Senado, el centroizquierdista opositor Guido Girardi.
"Pero el gobierno, de manera absolutamente sorda e intransigente, le ha dado un portazo al diálogo", afirmó.
Girardi condicionó su apoyo al proyecto de ley de Presupuesto de la Nación, que el gobierno debe enviar a fines de este mes al parlamento, si se mantiene la falta de voluntad del oficialismo para buscar un acuerdo respecto del sistema educativo, atendiendo las demandas ciudadanas.
Lo que está en pugna, se explicó, es cómo se administra el sistema educativo, el rol del Estado en su desarrollo, y avanzar hacia una educación pública gratuita de calidad, estableciendo la enseñanza como un derecho garantizado por la Constitución.
"Nos parece una vergüenza que la educación en Chile se haya transformado en un negocio y que quienes reciben recursos públicos se los metan en el bolsillo", acusó Girardi, en referencia a que una parte de los fondos fiscales se destinan a las escuelas privadas a través de subvenciones, mientras "una familia se endeuda para toda la vida si quiere mandar a sus hijos a la universidad".
Los estudiantes señalan que la resolución de la crisis en el área está en manos del gobierno. "Parece que hasta el momento no hay una voluntad política explícita de querer avanzar, porque, por un lado se dice que hay apertura al diálogo, pero por otro siguen redactando proyectos de ley sin consultarlos con nosotros", recalcó Vallejo.
Para aceptar incorporarse a una mesa de diálogo, los estudiantes y profesores piden la paralización de los proyectos de ley inconsultos, como garantía de transparencia y buena voluntad, y reprogramar el año lectivo, rechazando la propuesta del gobierno.
El ministro de Educación, Felipe Bulnes, anunció el martes 21 que se abrirían hasta el 1 de octubre nuevamente los plazos para que los estudiantes movilizados se inscriban para rendir exámenes a fin de año en el marco del llamado "Plan Salvemos el Año Escolar". En la primera oportunidad, cerca de 70.000 habían quedado fuera de esa posibilidad.
Los dirigentes estudiantiles cuestionan ese llamado indicando que es una amenaza para hacer retroceder el movimiento de lucha y no hacerse cargo de la crisis del sistema de enseñanza.
"Son métodos de represión para provocar miedo, para obligarnos a sumarnos a ese plan", dijo a IPS Gonzalo Rojas, portavoz de los alumnos de secundaria en la Coordinadora Técnico Profesional.
"Nosotros esperamos que el gobierno genere condiciones reales de diálogo para que no se pierda el año escolar, en vez de amenazar a estos jóvenes usando su futuro como un instrumento de coerción", enfatizó el senador Girardi.
