La prisión preventiva del supuesto cerebro del asesinato de la magistrada Patrícia Acioli, un comandante de la policía militar, deja en Brasil un cierto sabor a triunfo de la justicia y la comprobación de cuán lejos llegan los tentáculos del crimen organizado.
El comandante del séptimo batallón de la policía militar de São Gonçalo, teniente coronel Cláudio Silva de Oliveira, fue detenido el martes 27, luego de que un cabo también preso por el crimen obtuvo una reducción de su pena al colaborar con la justicia y lo acusó de haber ordenado el asesinato de Acioli, cometido el 12 de agosto.
En el tribunal de São Gonçalo, una ciudad ubicada a 60 kilómetros de Río de Janeiro, Acioli actuaba con una obsesión: investigar hasta las últimas consecuencias los crímenes cometidos por policías corruptos y asesinos, y los vínculos mafiosos de esos uniformados con negocios ilegales y grupos de exterminio.
"Veo la rapidez de las investigaciones como fruto de la presión de la opinión pública, que fue muy fuerte por tratarse de una jueza con un histórico récord de penas rigurosas contra policías involucrados en el crimen organizado", dijo a IPS el analista Maurício Santoro, de la Fundación Getulio Vargas.
"La prisión de los responsables es una buena noticia en la lucha contra la impunidad", agregó.
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Por el crimen de la jueza, ejecutada con 21 disparos en una emboscada de la que participaron cuatro vehículos en la puerta de su casa, ya habían sido procesados tres policías un teniente y dos cabos, y uno de ellos fue el que reveló los detalles del crimen y ahora está cobijado por el programa de protección de testigos.
Además, se emitieron órdenes de prisión contra otros seis policías. Y, aunque no estuvo involucrado en el asesinato, el miércoles 28 presentó su renuncia el comandante general de la policía militar del estado carioca, el teniente coronel Mario Sérgio Duarte.
En su carta de renuncia, Duarte se declaró único responsable de nombrar a los jefes de las unidades de operaciones, como era Silva de Oliveira.
Para António da Costa, presidente de la organización no gubernamental Río de la Paz, que lucha contra la impunidad en el estado de Río de Janeiro, la aparente resolución del caso y la prisión del autor intelectual un hecho raro en Brasil "muestra que, cuando la policía quiere dilucidar un homicidio, lo consigue".
"Por lo tanto, tenemos que continuar invirtiendo en esa política, y que el Estado entienda que una muerte en una 'favela' barrio pobre y hacinado debe recibir el mismo tratamiento que la de la jueza", dijo Da Costa a IPS, al referirse a la amplia mayoría de casos de violencia no aclarados en Río de Janeiro.
Según el testigo, el asesinato de Acioli fue planeado porque sus investigaciones amenazaban a Silva de Oliveira, que se quedaba supuestamente con el "botín" de armas, drogas y dinero, confiscado en los operativos en las favelas de São Gonçalo.
Acioli buscaba pruebas de ese hecho así como de los supuestos vínculos del jefe policial con grupos de exterminio. Sospechaba que muchos casos catalogados como "autos de resistencia" muerte de civiles en supuestos enfrentamientos con la policía encubrían asesinatos.
De hecho, la prisión de los tres policías acusados de autoría material del crimen de Acioli, había sido ordenada por la jueza poco antes de su asesinato, precisamente por la muerte de un joven, caratulada como "auto de resistencia".
Según Maria Luísa Mendonça, directora de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, el hecho de que los responsables ocupen altos puestos del comando de la policía "revela el grado de connivencia de ese organismo con el crimen organizado".
Para combatir los "resquicios de la dictadura militar" en las instituciones de seguridad, el gobierno necesitará "más coraje" para castigar "todo tipo de crimen, cometido en el pasado o actualmente, por la represión del Estado", dijo a IPS.
En este aspecto, opinó, será fundamental el trabajo "transparente" de la Comisión de la Verdad aprobada el día 21 por la cámara baja del Congreso legislativo y pendiente de votación en el Senado para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1964-1985).
La Comisión, sin embargo, tendrá fines de esclarecimiento, pero no de castigo a los culpables, pues el proyecto presentado por el gobierno fue recortado en el parlamento.
Da Costa manifestó también su preocupación por la participación de un oficial de alta jerarquía en violaciones a la ley.
"Significa que sin una verdadera reforma policial, no tenemos la esperanza de vivir alguna vez en un Río de Janeiro pacificado. Podemos cambiar de comandantes, puede entrar el mejor intencionado comandante policial, pero sin cambio de estructura, no habrá cambios reales", sostuvo.
Entre otras reformas, el presidente de Río de la Paz, mencionó "las tres eses": selección para escoger personas aptas para ejercer cargos de poder, supervisión de subalternos que si son descubiertos en un delito deben ser castigados, y salarios mejores para valorizar la labor policial.
El caso de Acioli fue uno de varios que abatieron la confianza popular en la policía militar en los últimos meses y que empañaron, en cambio, su buen desempeño en las unidades de pacificación social de las favelas, conocidas como UPP.
Entre otros escándalos que llevaron al desgaste de Duarte, Santoro recordó el soborno a narcotraficantes por parte de efectivos de una UPP y el caso de un niño muerto a tiros en un operativo policial y el posterior ocultamiento de su cadáver.
El de la jueza "es un episodio muy serio, pero apenas el más grave de una sucesión de crisis recientes de corrupción y abusos de la policía militar", sostuvo el analista.
Hubo además "errores" del gobierno, como no haber dado protección a la jueza cuando la solicitó, y lentitud de la policía en las pericias de las armas del batallón donde trabajaban los sospechosos de su asesinato.
Aunque la prisión de los acusados es una buena, "los sucesivos errores del gobierno son bastante preocupantes", concluyó.
