Parlamentarios del estado brasileño de Río de Janeiro aceleran planes para mejorar el combate al tráfico ilegal de armamento pesado, utilizado por las bandas criminales que operan en esta nororiental ciudad, que se prepara para cobijar los Juegos Olímpicos y el campeonato mundial de fútbol.
La violencia de Río de Janeiro se distingue de otros lugares del país por los altos índices de homicidios y, en particular, por la utilización de armas de grueso calibre, afirmó el presidente de la comisión investigadora del problema en el parlamento estadual, diputado Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad.
El control de ingreso de armas de fuego, municiones y explosivos al estado aún se hace de forma muy precaria en razón de las fallas en el sistema de información de los organismos fiscalizadores y de seguridad pública. Deficiencias de los sistemas informáticos, con datos desactualizados, y descoordinación con organismos nacionales son algunas de las razones.
"No se puede concebir que en Río de Janeiro no logremos producir un diagnóstico más detallado y exacto del tráfico de armas y municiones por problemas de este tipo", criticó Freixo.
"Los bancos de datos de la policía civil, así como de la federal y del ejército simplemente no se comunican. Sin inteligencia, quien sale adelante es el crimen, y sin la producción de diagnóstico o datos actualizados no es posible diseñar estrategias de política pública", enfatizó.
Para atacar este problema, funcionarios judiciales y oficiales de las fuerzas de seguridad se reunieron en audiencia con la Asamblea Legislativa estadual para discutir y establecer marcos legales para encarar un combate más efectivo contra la provisión de armamentos.
La comisión parlamentaria, también llamada la CPI de las armas, es una continuación y profundiza una similar conformada en 2008 para investigar el accionar de las mafias.
Gracias al trabajo de esa CPI es que se pudo llevar ese año ante la justicia a más de 200 personas involucradas con las bandas delictivas, muchas de las cuales eran integrantes de las fuerzas de seguridad.
"La cuestión del armamento es central en la lucha contra la inseguridad ciudadana, y la CPI debe ser vista como un instrumento relevante para saber cómo se organiza el tráfico de armas, cómo ingresan al estado", dijo Freixo.
"El tráfico de armas y de drogas caminan juntos en Río de Janeiro", añadió.
Para el sociólogo Antonio Rangel Bandeira, del proyecto de control de armas de la organización no gubernamental Viva Rio, el problema es que, aunque la legislación brasileña es una de las más avanzadas del mundo, lo que no se hace es cumplirla.
"El estatuto del desarme es excelente, pero hay mucha corrupción en el sector", además de que la normativa no contiene penalización, aseguró Bandeira a IPS. "Es igual de fácil comprar un arma aquí que en Estados Unidos, pese a que la legislación en Brasil es muy rigurosa", indicó.
Entre los mandatos del estatuto está la obligación de enviar la información de los estados al Servicio Nacional de Armas y Municiones (Sinarm), algo que, empero, raramente es cumplido.
"Debería haber un banco de información completo para facilitar la tarea de la policía, pero no ocurre así y ello es una forma de boicotear el control", apuntó.
Bandeira coordina la campaña nacional de desarme y, en ese marco, se prepara para acompañar al ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, por todos los estados del país para lanzar una nueva etapa del plan de lucha.
La primera edición de la campaña se desarrolló en 2005, cuando se sacaron de circulación unas 500.000 armas en el país y la tasa de homicidios mermó ocho por ciento, con lo cual se calcula que fueron salvadas unas 5.000 vidas.
Organizaciones no gubernamentales estimaban que en 2006 había casi un millón de armas en manos de civiles en Brasil, 160.000 de las cuales habrían estado vinculadas a hechos delictivos solo en Río de Janeiro.
Un informe divulgado por el Ministerio de Justicia el año pasado indica que Brasil, con 192 millones de habitantes, es el campeón mundial en números absolutos de muertes por armas de fuego, con más de 34.000 en promedio por año.
Aunque se estima que casi 80 por ciento de las armas en mano de civiles en Río de Janeiro son de producción nacional, el problema mayor es el ingreso de material desde el extranjero, porque generalmente es de grueso calibre, considerado de guerra.
El ejército informó últimamente que unas 100.000 armas listas para ser destruidas están bajo la custodia de la policía civil, a la espera de que la justicia lo autorice.
"Es necesario establecer una dinámica que permita la destrucción de esas armas y eso depende de un diálogo entre la policía civil y el Poder Judicial", indicó el diputado Freixo, quien recordó que en 2007 entró en vigor la ley para tal fin.
