Sacha Llorente dejó su cargo de ministro de Gobierno de Bolivia horas antes del comienzo de la huelga general convocada por la central única sindical en repudio a la represión policial contra indígenas que rechazan la construcción de una carretera a través de un territorio suyo, rico en recursos naturales.
Llorente, considerado el ministro fuerte del gabinete del gobierno izquierdista, quedó en el centro de la escena política boliviana en las últimas 48 horas tras ensayar, sin éxito, argumentos que depositaban la responsabilidad del ataque a la marcha indígena inicialmente en un fiscal y luego en su segundo al mando en la cartera. Ambos involucrados lo desmintieron.
La renuncia del ministro más impopular, agudizó la crisis en el gabinete de gobierno que había comenzado el lunes cuando Cecilia Chacón dejó su puesto de ministra de Defensa tras criticar severamente la acción policial.
Este martes, el viceministro de Gobierno (interior), Marcos Farfán, firmó también su carta de renuncia negando haber sido responsable de las golpizas a indefensos hombres y mujeres participantes de la caravana de protesta que partió el 15 de agosto desde algún punto de la zona amazónica con destino a La Paz, donde está la sede del gobierno.
El ministro renunciante había apuntado a Farfán como el gestor de la brutal agresión del domingo, que es condenada por los más diversos sectores sociales y políticos y detonante de la huelga general prevista para este miércoles.
[related_articles]
Morales, el primer presidente de origen indígena en la historia del país, finalmente suspendió este martes las obras del proyecto vial en el centro del país hasta que no concluya un debate nacional al respecto. Pero el anuncio recibió el rechazo contundente de líderes indígenas, mientras la Central Obrera Boliviana (COB) ratificó el llamado a un "paro nacional movilizado" de 24 horas.
Los transportistas del servicio público de pasajeros se sumaron a la medida y anunciaron la detención de sus vehículos en solidaridad con los indígenas reprimidos el domingo, en una acción que el defensor del Pueblo, Rolando Villena, calificó de "desproporcionada".
"No creemos en las palabras del presidente y exigimos que se promulgue una ley en la que diga que el camino no pasará por territorio indígena", dijo a IPS el segundo gran cacique del pueblo chiquitano, Emigdio Poiché, desde una vigilia instalada en la catedral de la central ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Villena visitó la zona de Yucumo, ubicada unos 330 kilómetros al norte de La Paz y donde fueron reprimidos los manifestantes. Allí sólo encontró desolación y relatos de personas que aún continúan buscando a unas 20 personas, entre hombres mujeres y niños, de los cuales se desconoce su paradero desde el mismo domingo.
"Nosotros somos los dueños titulares de la tierra y debemos decidir sobre esa carretera", declaró a IPS el dirigente de base de la zona sur del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Isidro Yujo, en rechazo a la propuesta del presidente Morales que abrió el debate del problema al contexto nacional.
Desde 1995, los habitantes de esta zona protegida son propietarios de un millón de hectáreas, donde se concentran grandes bosques, abundante flora y fauna, y otras riquezas que desean preservar con el respaldo legal que reconoce a la zona como tierra comunitaria de origen.
Los aborígenes de las zonas tropicales marcharon por primera vez en 1990, uniendo las ciudades de Trinidad, en el norteño departamento de Beni, y La Paz, en una travesía de 600 kilómetros. Desde entonces repitieron la marcha en ocho oportunidades, incluyendo la que está en curso.
Enterado de la renuncia, Yujo atribuyó la decisión a una actitud moral porque, en su opinión, el ahora exfuncionario fue responsable de ordenar la disolución de la marcha.
Hasta la noche del martes, la conducción de los organismos de seguridad interna y externa del Estado seguía acéfala tras las renuncias de Chacón y Llorente. El cuadro cobraba especial inquietud en el círculo gubernamental horas antes de la huelga de protesta.
"Doy un paso al costado con el humilde afán de que la verdad con el proceso revolucionario avance con mayor rapidez (…). Esta decisión ha sido aceptada por el presidente Evo Morales", expresó Llorenti.
La semana pasada, el ministro saliente acusó a los manifestantes de vincularse con el ex presidente derechista Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
El dirigente Poiché aseguró que el gobierno y la empresa constructora brasileña OAS mantienen un contrato que contempla el trazado de la vía por el corazón del Tipnis, un proyecto que rechazó.
"Primero muertos, antes que la carretera cruce por nuestros pueblos", expresó con una firme convicción para respaldar el reagrupamiento de los caminantes en la zona de Yucumo, y su continuidad hasta la ciudad de La Paz, donde ya estudiantes universitarios protagonizaron marchas de adhesión a los indígenas y reprobación a las políticas del gobierno.
