El presidente de Bolivia, Evo Morales, perdió el respaldo de grupos indígenas y hasta una ministra, Cecilia Chacón, luego de mandar a las fuerzas de seguridad a disolver la marcha iniciada el 15 de agosto en rechazo del proyecto vial que afecta una zona protegida en el centro del país.
La población de Yucumo, distante unos 330 kilómetros de La Paz, fue escenario del ataque de policías contra mujeres, niños, niñas y hombres de pueblos originarios que permanecían a la espera de continuar su caminata en defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), localizado entre los departamentos de Cochabamba y Beni, en el centro el país.
"Ahora las cosas han cambiado", expresó a IPS el presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), José Ortiz, desde una vigilia instalada en el pórtico de la plaza San Francisco, de La Paz, desde donde se organiza el respaldo ciudadano a la protesta indígena.
Ortiz reflejó con esas palabras la ruptura de sectores que respaldaron al izquierdista Morales y al proyecto político denominado "proceso de cambio".
Morales, quien a fines de 2005 ganó las elecciones presidenciales con el mayor apoyo popular de un candidato en la historia del país con 54 por ciento de los votos, asumió su primer mandato en enero de 2006 enarbolando la reivindicación de los pueblos originarios y los sectores populares.
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Es el primer indígena en llegar a la Presidencia de Bolivia, donde alrededor de 60 por ciento de sus más de 10 millones de habitantes se declaran descendiente de algún pueblo aborigen.
"Creímos en el cambio, pero lo que ha cambiado es el discurso que ha terminado discriminando a nuestros hermanos", señaló Ortiz, con visible enfado por la intervención de las fuerzas de seguridad contra la manifestación, la octava que realizan los indígenas del trópico boliviano que en 1990 comenzaron con la demanda de territorios y la propuesta de reformar la Constitución.
En su ascenso al gobierno, Morales empleó como plataforma la propuesta de reforma constitucional favorable a los indígenas, a los que, según el texto finalmente aprobado por la ciudadanía en 2009, debe consultarse antes de emprender proyectos en sus territorios, una condición que no se cumplió antes de proyectar la carretera.
En su sorpresiva carta de renuncia de Chacón como ministra de Defensa, explicó que había tomado la decisión porque no compartía "la medida de intervención de la marcha que adoptó el gobierno". "No puedo justificar o defender (esta orden) en tanto existan otras alternativas en el marco del diálogo", puntualizó.
Decenas de detenidos, heridos por feroces golpizas difundidas por la televisión y mujeres atadas de manos y con cintas adhesivas en la boca conmovieron a líderes de opinión y de organizaciones sociales, que se manifestaron en marchas callejeras en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Sucre y Potosí.
El ministro de Gobierno (interior), Sacha Llorenti, justificó la acción policial ante el peligro, según dijo, de enfrentamiento entre los indígenas y colonos afines al gobierno que bloquearon el paso de la marcha en la localidad de Yucumo. Atribuyó la decisión, además, a una orden de la fiscalía.
Pero el fiscal general de la República, Mario Uribe, desvirtuó la afirmación de Llorenti y negó haber ordenado una intervención policial.
La demostración de apoyo popular a la marcha fortalece el propósito de reanudar la caminata, indicó a IPS Abdón Patiño, dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob).
Después de las acciones policiales del domingo, los caminantes trataron de agruparse este lunes, siguen buscando a los que escaparon de la represión hacia al monte y recuperan sus bienes, con la finalidad de reemprender la marcha hasta La Paz, explicó Patiño.
Mientras el gobierno volvió a hacer un llamado para una reunión en La Paz, los dirigentes indígenas reorganizaban a sus bases y proyectan reanudar la marcha, iniciada el 15 de agosto desde algún punto de la zona amazónica.
Adolfo Molle, uno de los líderes de las comunidades del Tipnis, recordó a IPS el sacrificio realizado por los pueblos originarios para instalar un gobierno que reivindique sus derechos, pero "el presidente Morales nos ha pagado con una masacre", dijo.
"Desconocemos a Morales como nuestro presidente y retiramos todo nuestro respaldo", exclamó.
Gustavo Guzmán, ex embajador de Bolivia en Estados Unidos, interpretó el llanto de niños y mujeres violentadas en la represión del domingo como una muestra de que el presidente Morales y sus colaboradores dejaron de ser los impulsores de una transformación democrática.
Anticipó a IPS un "proceso largo de reagrupamiento" de las fuerzas populares, la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones en la búsqueda de nuevos liderazgos.
Guzmán llegó hasta la zona de Yucumo, y asegura que hubo una intervención directa del gobierno en la instalación de un punto de bloqueo "falso" con la finalidad de justificar una intervención que en apariencia intentaba evitar un choque con los manifestantes.
