AMÉRICA LATINA: Los dilemas del agua

Aunque se alcanzará el Objetivo de Desarrollo para el Milenio (ODM) en materia de agua potable y saneamiento, América Latina y el Caribe afronta varios asuntos al respecto de atención urgente, como son la calidad del recurso, su disponibilidad y su reciclaje, para redondear un verdadero derecho humano.

"El sector padece de morosidad, agua no facturada y sobre empleo. Además, los ODM no incluyen la potabilidad, la confiabilidad y la presión", dijo a IPS el consultor venezolano Abel Mejía.

El experto acudió esta semana a la ciudad de México para participar de los talleres de los grupos de metas y soluciones de América rumbo al VI Foro Mundial del Agua, a escenificarse en marzo próximo en la ciudad francesa de Marsella.

El encuentro de dos días, iniciado el miércoles en el marco del Diálogo de Política Regional de las Américas sobre Agua y Adaptación al Cambio Climático, versó sobre el recurso y sus nexos con la variabilidad del clima, el saneamiento, la gobernanza, los ecosistemas, la energía y la seguridad alimentaria.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó en 2000 ocho Objetivos de Desarrollo para el Milenio con metas para 2015, uno de los cuales es asegurar la sustentabilidad ambiental. En éste está inmersa la meta específica del acceso al agua y el saneamiento.
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Los restantes plantean disminuir a la mitad la proporción de personas que padecen pobreza y hambre, respecto de los indicadores de 1990, garantizar la educación primaria universal, promover la igualdad de género y reducir la mortalidad infantil y materna.

Además, pretenden combatir el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), el paludismo y otras enfermedades, y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

"Las comunidades le resuelven el problema a la administración pública, donde no está o es ineficaz. Han logrado un triunfo social con el reconocimiento legal a su labor" con la Ley Especial de los Comités de Agua y Saneamiento (CAPS) de 2010, dijo a IPS el asesor de la Red CAPS de Nicaragua, Jacobo Sánchez.

En agosto de 2010, la Asamblea General de la ONU aprobó una declaración con ese enfoque y que tomó naturaleza vinculante un mes después cuando el Consejo de Derechos Humanos lo reconoció formalmente.

En ese sentido, los 34 países americanos se comprometieron a que para 2012 tengan conciencia de la importancia de la aplicación y los principios de esa declaración y para 2015 un 25 por ciento más posea un plan de acción para materializar el derecho citado.

Para 2020, más de la mitad de la región reducirá la brecha de acceso al agua y duplicará el porcentaje de agua tratada.

En América Central, aproximadamente 30.000 comunidades se abastecen del recurso a través de juntas de agua. En Nicaragua hay unos 5.700 CAPS.

"No se cuenta con medidas para garantizar el derecho de las comunidades y de los pueblos indígenas. Los mecanismos administrativos son ineficientes e insuficientes. Han aparecido numerosos conflictos sociales relacionados con el acceso al agua", enumeró ante IPS Jacobo Espinoza, miembro de la no gubernamental Guardianes de los Volcanes.

Junto a otras tres instituciones, este organismo ejecuta desde 2007 el proyecto "Monitoreo ambiental de Sierra Nevada", al este de la ciudad de México, con al menos 10 estaciones de seguimiento, y evitaron por vías legales la construcción de miles de casas que implicarían una mayor presión sobre el recurso.

Como otros 100 de los 653 acuíferos existentes en el país, las fuentes están sobreexplotadas en esta área, pues se extraen 124,5 millones de metros cúbicos anuales, mientras que la recarga se ubica solo en 70 millones, según los datos de ese proyecto.

Generalmente, el enfoque sobre el agua excluye el mantenimiento de los ecosistemas, que alimentan los depósitos del recurso.

"La pérdida de los ecosistemas dice mucho de cómo manejamos el agua. Se recomienda construir y desarrollar, ¿pero y los ecosistemas?", indicó a IPS Eugenio Barrios, director del Programa de Agua del Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) México.

Junto a la Fundación Gonzalo Río Arronte, esa organización no gubernamental estudió tres cuencas mexicanas, en las que encontró ahorros de agua, cauces sanos y degradados y crecidas por actividades económicas. El WWF propuso la creación de reservas de agua y una regulación para caudales ecológicos que incluye condiciones biológicas y alteraciones hidrológicas.

"El aumento de la demanda industrial requiere de más eficiencia, más reciclaje e integrar los costos de los nuevos desarrollos. Y la demanda agrícola necesita una racionalización más sensible, el aumento de la productividad y mejores prácticas en el manejo del suelo", sugirió Mejía.

Sus cálculos proyectan que la región necesitará acortar el consumo para 2030 en 200 litros por persona diarios y reducir las pérdidas de 40 a 20 por ciento, además de una inversión en el sector de 250.000 millones de dólares entre 2010 y 2030, 79.000 millones de los cuales se destinarían al alcantarillado.

"Pero al aumentar el alcantarillado, va a haber más residuos y, con ellos, mayor riesgo de contaminación de las fuentes. Es importante atender el saneamiento de forma adecuada", señaló a IPS Ron Sawyer, integrante de la Red Mexicana de Acción por el Agua y presente en los talleres.

México descarga más de 400.000 litros por segundo de líquidos residuales, de los cuales sólo se tratan 83.000 litros. En América Latina en su conjunto, el porcentaje de tratamiento es de 15 por ciento.