El estallido de violencia parecía inminente cuando casi 1.500 campesinos hambrientos invadieron esta pequeña ciudad brasileña. A la amenaza de saqueo, se contraponía la policía en disposición de combate. Transcurría 1993 y la sequía ya cumplía tres años en el interior semiárido del Nordeste.
Las muertes por hambre y sed que se sucedían empujaban a multitudes hacia las ciudades en busca de alivio, a veces asaltando comercios y almacenes a su paso. Mientras, el gobierno de entonces de Itamar Franco (1992-1995) intentaba contener a los desesperados ofreciendo algunos alimentos y trabajo temporal en los llamados "frentes de emergencia".
"Ellos venían dispuestos a la guerra", recuerda Juvenal Ferraz, entonces presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Ouricurí, un municipio del oeste del estado de Pernambuco, cuya población por ese tiempo era 70 por ciento de origen campesino, cuando el promedio nacional solo llegaba a 25 por ciento.
"La única alternativa" que se le ocurrió a Ferraz para evitar la tragedia fue acompañar a los manifestantes los tres días en que ocuparon las calles delante del sindicato, del Tribunal de Justicia y de la Alcaldía, "pidiéndoles calma", mientras dialogaba también con la policía, "requiriendo comprensión".
Consiguió alojarlos en un caserón, donde se quedaron otros tres días con alimentación, y auspició un acuerdo para que se alistaran en un "frente de emergencia" para limpiar azudes, de donde se extrae el agua de los ríos para riego y uso doméstico. De ese modo pudo bajar la tensión y los campesinos volvieron a sus casas.
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La reiteración de tragedias climáticas nordestinas similares y el fracaso de políticas de "obras contra la sequía", como la construcción de represas, carreteras y sistemas de irrigación, urgió la búsqueda de nuevas soluciones.
Sin embargo, solo una década después se puso en marcha una alternativa efectiva. La Articulación del Semiárido Brasileño (ASA), una red de más de 700 organizaciones sociales, adoptó el camino de la "convivencia con el semiárido", diseminando cisternas y otras formas de recoger agua de lluvia en pequeñas unidades familiares y comunitarias.
Por su parte, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) inició en 2007 un gigantesco proyecto "contra la sequía", como es la transposición artificial de aguas del río São Francisco, que nace en el centro de Brasil y cruza el sur de la región hacia cuencas del nordeste, para abastecer 30 embalses y perennizar varios ríos que se secan por temporadas.
La obra una vez finalizada beneficiará a 12 millones de personas, que viven en 390 municipios de los estados Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte y Ceará, los más afectados por las sequías, asegurando el abastecimiento a algunas de las grandes ciudades y centenares de pequeñas y medianas, según informó el Ministerio de Integración Nacional, responsable del proyecto.
La oferta adicional permitirá una mejor gestión de los recursos hídricos en el Nordeste y estimulará el desarrollo económico del interior de la región, desviando solo 1,4 por ciento del flujo del São Francisco, argumenta el gobierno, en respuesta a las críticas que despierta el proyecto.
Pero la situación en el Nordeste semiárido ya cambió. Los pequeños agricultores y trabajadores rurales dejaron de ser tan vulnerables a las sequías, según Ferraz. La del año pasado fue en muchas partes más intensa que la de 1993 y no se repitieron las hambrunas de entonces, observó.
Eso se debe a los programas sociales del gobierno de Lula, continuado por el actual de Dilma Rousseff, como la Beca-Familia, que ayuda a 13 millones de familias pobres, la mitad en el Nordeste. También gracias a las tecnologías de almacenaje del agua de las lluvias, explicó. "El hambre desapareció, ya no es permanente", sostuvo el sindicalista.
El Programa Un Millón de Cisternas (P1MC), iniciado en 2003 por ASA ya había beneficiado, hasta fines de julio, a 351.140 familias con el sistema que conduce el agua caída en el techo de las viviendas a un depósito hecho de placas de hormigón, con capacidad para 16.000 litros. Es agua potable, para beber y cocinar.
Las cisternas instaladas con el apoyo de los gobiernos locales y otras instituciones ya sobrepasan el medio millón, calculó Paulo Pedro de Carvalho, coordinador general de Caatinga, una organización no gubernamental con sede en Ouricurí y dedicada al desarrollo rural sustentable en las cercanías de la Meseta de Araripe, en el oeste de Pernambuco.
Caatinga "ayudó mucho" a superar la crisis de 1993 en Ouricurí, reconoció Ferraz, quien, "sin dejar el sindicalismo", se incorporó luego a esta organización para diseminar cisternas. Últimamente promueve su construcción en las escuelas, para así asegurar agua potable a los alumnos y fomentar conocimientos sobre la realidad del Semiárido y temas hídricos.
"He visto muchos niños y niñas llorando de sed y madres por no tener agua para cocinar", recordó, para luego destacar que algunos no creían en la eficacia de las cisternas hasta que ellas "mejoraron mucho la vida de sus familias".
"Es una pena que los gobiernos no apoyen el programa como queríamos", cuestionó.
El gobierno nacional financió cerca de tres cuartos de las cisternas construidas por ASA, a través del Ministerio de Desarrollo Social, pero con recursos muy inferiores a lo necesario para la meta de un millón de cisternas en cinco años, cumplida en solo 35 por ciento en ocho años.
Es un misterio que Lula no haya abrazado el programa de ASA, atendiendo a su sensibilidad de haber nacido en el Nordeste, hijo de una familia que emigró a São Paulo cuando él era niño huyendo de la pobreza y las sequías, comentó Jean Carlos Medeiros, coordinador del P1MC.
Lula impulsó políticas que beneficiaron a los pobres, especialmente los nordestinos, pero en la cuestión hídrica concedió prioridad a la transposición del río São Francisco, una idea en discusión desde el siglo XIX que solo por su decisión finalmente empieza a concretarse.
El proyecto costará 6.850 millones de reales (unos 4.080 millones de dólares), informó el Ministerio de Integración en agosto, admitiendo un aumento de 36 por ciento sobre el presupuesto inicial. Además, las obras avanzan lentamente, con algunos tramos paralizados. Su conclusión, originalmente prevista para 2010, se postergó para 2014 como mínimo.
"Es un retroceso" respecto de la "convivencia con el semiárido" que se reconoce hoy como camino para una solución efectiva de los problemas sociales del Nordeste, definió Alba Cavalcanti, coordinadora adjunta de otro programa de ASA, de recolección de agua de lluvia para irrigar la producción hortícola.
La transposición constituye una brutal intervención en la naturaleza, sumando 518 kilómetros de canales más 42 acueductos, cinco túneles, 30 represas y nueve estaciones para bombear agua a centenares de metros de altura. En total son 713 kilómetros de obras en dos ejes.
Pero esa gigantesca obra puede no beneficiar a la llamada "población difusa", como son los campesinos del Semiárido, los más pobres y afectados por las sequías periódicas, que en el pasado veían a la emigración como la única salida.
En Ouricurí, por ejemplo, sus 74.526 habitantes del censo de 1991 bajaron a 56.733 en 2000, a causa de varias sequías en los años 90. La recuperación se reflejó en el censo de 2010, con 64.358 habitantes.
"Convivir con el Semiárido es más que tener agua, comprende también valorar la tierra, tener orgullo de ser nordestino, sentirse capaz de vivir en mi tierra y no un ciudadano inferior", concluyó Cavalcanti.
