El posible regreso al gobierno de Guatemala de la derecha, encarnada en el general retirado Otto Pérez Molina, despierta recelo en organizaciones de la sociedad civil, que repasan los antecedentes negativos en materia de derechos humanos, economía y justicia.
Aunque no será hasta el 11 de septiembre cuando los guatemaltecos definan con su voto el gobierno que reemplazará al del socialdemócrata Álvaro Colom, las encuestas de diversas firmas encuestadoras ubican a Pérez Molina, del Partido Patriota, como el candidato mejor posicionado y a mucha distancia de sus contendientes.
La firma CID Gallup, en un sondeo realizado entre el 2 de julio y el 8 de este mes, sitúa a Pérez Molina con el apoyo de 29 por ciento de los entrevistados, seguido de Manuel Baldizón, del partido populista Libertad Democrática Renovada, con 13 por ciento.
Los ciudadanos están convocados a concurrir a las urnas el segundo domingo de septiembre para elegir presidente y vicepresidente del país para un nuevo período cuatrienal, 158 diputados al unicameral Congreso legislativo, 333 alcaldes municipales y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.
El segundo lugar en las consultas lo ocupaba Sandra Torres, exesposa de Colom, con casi 15 por ciento de preferencias. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad rechazó el lunes 8 de este mes su inscripción como candidata presidencial al entender que la separación se concretó con su cónyuge aún en el cargo y, por tanto, el vínculo familiar que la inhibe por ley para esa aspiración continúa.
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Tras el retiro obligado de Torres, el panorama electoral varió en algunos aspectos, pero el general retirado sigue inmutable a la cabeza de las encuestas. Ese análisis político hace que líderes sociales manifiesten preocupación sobre el futuro en asuntos como derechos humanos, desarrollo económico e independencia de la justicia.
"La imagen que tiene la gente es de un gobierno que tendrá una visión autoritaria, especialmente, en el tema de seguridad. Se proyecta por el mensaje que el partido tiene con el símbolo de un puño cerrado y la mano dura", dijo a IPS la directora del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, Catalina Soberanis.
La política de "mano dura", una estrategia de seguridad basada en las acciones represivas del Estado contra la violencia, es un vieja conocida de América Central.
Fue usada en El Salvador entre 2004 y 2009 por el entonces presidente Antonio Saca y en Honduras de 2002 a 2006 por el mandatario Ricardo Maduro, ambos con fuertes críticas de las organizaciones de derechos humanos que los acusan de cometer excesos contra la población civil en nombre de la seguridad.
Pero también existe aflicción por la ingente necesidad de una reestructuración de la política económica.
"El tema fiscal lo tendrá que enfrentar. Si Pérez Molina llega al gobierno y tiene esa posición conservadora debería decidir si irá a la búsqueda del diálogo o si, con mayoría parlamentaria, acuerda una revisión de la normativa tributaria", dijo Soberanis.
Colom recortó en julio unos 275 millones de dólares del presupuesto general del Estado para tratar de achicar el déficit fiscal de 575 millones de dólares, lo cual afectó inversiones para la promoción de justicia, seguridad y salud, entre otras.
"Ese es el mayor reto que tendrá y del cual deberá cuidarse el futuro gobierno: La modernización fiscal integral desde los ingresos, el contrabando y la corrupción", porque en esa medida podrá darle viabilidad a sus planes, dijo a IPS Raquel Zelaya, de la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
Aunque ve "muy complicado" el panorama fiscal para 2012, la experta no ve un problema en los vínculos que el Partido Patriota tiene con el sector empresarial, gran parte del cual financia la campaña electoral de Pérez Molina, que ya sobrepasa los siete millones de dólares.
"No está acreditando una cercanía a sectores empresariales tradicionales, con lo cual hay una veta interesante", dijo.
Más allá del aspecto económico, Zelaya reconoció que otros militares retirados serán sus cercanos colaboradores en un eventual gobierno, aunque "no se trata de una militarización".
Perro la activista humanitaria Claudia Samayoa cree lo contrario. Dijo a IPS que "se trata de un equipo conformado por un número significativo de generales y coroneles que vienen de la dirección de inteligencia y de operaciones que fueron parte activa del diseño de la política genocida del conflicto armado interno".
La dirigente recordó que Pérez Molina no reconoce que en Guatemala se cometió un genocidio, lo cual "denota cierto cinismo y ofende la inteligencia de los guatemaltecos".
"Si se cometen torturas, femicidios, violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en el futuro, tendremos un gobierno que no lo reconocerá porque no lo hace con el pasado", indicó.
La independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico estableció que en la represión de las fuerzas armadas y policiales contra la guerrilla izquierdista, de 1960 a 1996, agentes del Estado ejecutaron actos de genocidio contra los grupos mayas qanjobal, chuj, ixil y achi, en operaciones contrainsurgentes.
Esta postura "patriota" podría traducirse en desalojos forzados y represión de manifestaciones y consultas populares en torno a proyectos mineros, hidroeléctricos y de otra índole, en detrimento del desarrollo local, según Samayoa.
Hortencia Simón, de la no gubernamental Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj, dijo a IPS que hay muy poca compatibilidad de su agenda no solo con el Partido Patriota, sino con el resto de las agrupaciones políticas.
Como ejemplo, citó el apoyo del Partido Patriota a la explotación minera, mientras que las comunidades están haciendo consultas populares para oponerse.
También recordó que en el país se están realizando juicios contra ex militares que participaron en violaciones a los derechos humanos durante la guerra. "Pero con un gobierno de un militar existe la gran posibilidad de que no avance la justicia contra estas personas", señaló.
Gudy Rivera, diputado del Partido Patriota, dijo a IPS que no debe verse el tipo de uniforme de militares o guerrilleros "porque la guerra concluyó", al tiempo que aseguró que las decisiones que se tomen en materia de seguridad se harán consensuadas con los diferentes sectores de la población.
"No somos un partido improvisado y nuestro candidato presidencial tampoco lo es. Sabemos del retroceso que ha tenido el país en materia de seguridad y se tomarán los mejores perfiles de las personas que ocuparán un puesto en el gobierno", agregó.
Sobre las posibles concesiones industriales en materia energética, comentó que tendrán en cuenta la legislación existente y el diálogo con la población. "No se hará nada que la ley impida y sin la voluntad del pueblo de Guatemala", puntualizó.
