Los cuatro hombres armados que hace seis años violaron a la zimbabwense Mildred Mapingure pueden estar cumpliendo una condena, pero para ella la justicia todavía está lejos.
Tras la violación no se le practicó ninguna medida profiláctica para evitar que contrajera VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida) ni se le brindó la píldora del día después para impedir un embarazo, dijo la mujer.
"Me llevaron de una oficina a otra, mientras yo rezaba en silencio para no estar embarazada", declaró Mapingure a IPS desde su hogar rural en la provincia de Mashonaland Occidental.
En este país africano es ilegal poner fin a un embarazo a menos que éste "ponga en peligro la vida de la madre y/o sea resultado de una penetración ilegítima (violación)", según la Ley de Interrupción del Embarazo. Y el aborto solamente está permitido en el primer trimestre de la gestación.
Dos meses después de la violación, cuando Mapingure se dio cuenta de su estado de gravidez, los fiscales apresuraron la postulación para obtener una orden de interrupción del embarazo a través del tribunal regional de Chinhoyi, en Mashonaland Occidental.
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Pero las demoras judiciales fueron tan prolongadas que la orden se expidió cuando el embarazo ya llevaba ocho meses. Mapingure no tuvo más opción que dar a luz.
Cuatro años más tarde, y con la ayuda de la Asociación de Mujeres Abogadas de Zimbabwe (ZWLA, por sus siglas en inglés), la mujer demandó al gobierno por 52.000 dólares por "nacimiento injusto" y mantenimiento del niño.
"Hasta ahora espero oír el resultado de mi caso. Y como mi niño está creciendo, sus necesidades también aumentan. Yo estoy desempleada y no estoy casada, pero de todos modos se espera que lo mantenga. No pagué la cuota escolar de este periodo", dijo Mapingure.
La mujer se negó a hablar en detalle de los sentimientos que profesa hacia su hijo, insistiendo en que lo ama pese a las circunstancias que rodearon su concepción.
Pero su caso no es el único de justicia fallida en este país del sur de África.
La directora de ZWLA, Emilia Muchawa, dijo a IPS que, para que cualquiera acceda a la justicia en Zimbabwe, los recursos y el apoyo familiar son fundamentales.
En cualquier jurisdicción, una situación económica adecuada "es clave para que una acceda a la justicia. En Zimbabwe esto les resulta aún más difícil a las mujeres, porque ni tienen esos recursos ni cuentan con acceso a asistencia legal gratuita".
Muchawa señaló que las pocas mujeres valientes que se acercaron a tribunales buscando justicia prácticamente no tienen representación, mientras que los hombres a los que denuncian sí tienen representación legal, porque pueden darse el lujo de contratar abogados.
"Los procedimientos judiciales y el lenguaje judicial son un obstáculo para las mujeres en Zimbabwe, la mayoría de las cuales tienen menos educación que los hombres. Hemos recibido informes de mujeres a las que, antes incluso de presentar sus demandas, simples guardias les impidieron el ingreso a tribunales", dijo Muchawa.
Las mujeres deben comparecer ante tribunales para postularse a recibir una orden de manutención, para la distribución de los bienes de un fallecido o para la custodia de hijos menores de edad, así como órdenes de protección. Los asuntos vinculados a divorcios y reparto de propiedades se dirimen en la Suprema Corte.
"Tras ser rechazadas por cosas tan simples como no cumplir con el código de vestimenta judidicial (y usar vaqueros o vestidos cortos), la mayoría de las mujeres nunca vuelven", dijo Muchawa.
Como los tribunales se ubican lejos de donde vive la mayoría de la población, el boleto del autobús se convierte en un obstáculo, agregó.
Muchas veces ocurre que las familias de estas mujeres no las apoyan, a causa de creencias culturales y de una educación conservadora.
En mayo, Wallen Chiwawa, un funcionario legal de la oficina del fiscal general, acusó a su esposa (cuyo nombre no puede publicarse por orden judicial) de infidelidad y la torturó físicamente.
Sin embargo, "luego de un diálogo entre sus familias", la mujer retiró los cargos en su contra.
"El caso de la esposa de Chiwawa es un buen ejemplo de cómo las mujeres son presionadas por sus familias o comunidades para dejar escapar a los culpables. A causa de la docilidad de las mujeres, las presiones culturales han fomentado injusticias que sufren principalmente por culpa de estas mismas familias", dijo Muchawa.
La viceministra para los Asuntos de la Mujer, Fungayi Jessie Majome, también abogada y parlamentaria, dijo a IPS que los procedimientos y funcionarios judiciales que se criaron en un entorno patriarcal son todo un desafío para las mujeres que buscan justicia.
Además, se pide a las mujeres que paguen los costos de administración para recibir órdenes de protección. Y en un país donde según el Banco Mundial- 96 por ciento de la población está desempleada, esto es difícil.
Un formulario para postularse a la orden de protección tiene 17 páginas, y se requiere que la postulante haga cuatro copias del mismo. El costo de las fotocopias y los cinco dólares adicionales que implica el sello fiscal garantizan que la protección a las mujeres abusadas sea una ilusión, dijo Majome.
Según ella, algunos funcionarios judiciales incluidos los propios juecestambién son un obstáculo para las mujeres.
"A comienzos de 2000 tuve a mi cargo dos casos, de una adolescente y una mujer de mediana edad respectivamente, que habían sido violadas y quedaron embarazadas. Los magistrados actuantes en cada caso siguieron retrasando la concesión de las órdenes de interrupción del embarazo", relató.
"La Ley de Interrupción del Embarazo da a los magistrados poderes discrecionales exclusivos para ordenar esa medida, y a veces se comete abuso de estos poderes en función de creencias personales", agregó.
Pero señaló que los planes del gobierno están en una etapa avanzada para crear un tribunal de familia que sea sensible a las mujeres.
La directora de la organización feminista Musasa Project, Netty Musanhu, dijo que pese a recibir capacitación al respecto, algunos funcionarios judiciales son insensibles a los temas de género.
Según ella, en medio de un juicio por violencia doméstica es posible oír a algunos de ellos diciendo: "No tengo tiempo para lágrimas".
