Luego de un recorrido de unos 1.500 kilómetros desde su natal Honduras, Maura Sánchez, de 56 años, alcanzó este lunes, junto a otros cientos de manifestantes, el Zócalo de la capital mexicana, la principal plaza del país, para reclamar respeto y justicia para los inmigrantes indocumentados.
Sánchez indaga sobre el paradero de su nuera Lourdes Soyapa, de 37 años, quien partió en 1997 de Tegucigalpa rumbo al lejano norte tan ansiado. El último contacto con su familia ocurrió en 1999 desde la ciudad mexicana de Nogales, fronteriza con Estados Unidos.
Unas 400 personas, entre defensores de los derechos de los inmigrantes, familiares de desaparecidos e indocumentados, arribaron este lunes a la ciudad de México, meta de la marcha iniciada el 24 de julio y que surcó en autobús y en tren carguero los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, parte de la travesía de sur a norte de los inmigrantes y que también incluye el nororiental Tamaulipas.
A lo largo del norte de América Central y del sur de México, los manifestantes exhibieron los tratos violentos que reciben las personas sin papeles, como asaltos, secuestros, violaciones y asesinatos, a manos de policías corruptos y de organizaciones criminales.
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"Trabajamos en la redacción del reglamento de la Ley de Migración, queremos que el mecanismo de las visas de tránsito sea funcional y, si no, que lo quiten", dijo a IPS la mexicana Martha Sánchez, dirigente del Movimiento Migrante Mesoamericano.
"Queremos que investiguen las redadas, los secuestros y las agresiones, porque no hay investigaciones ni resultados", añadió.
Unos 500.000 inmigrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos, cruzan anualmente México para llegar a Estados Unidos, según datos de académicos y organizaciones de derechos humanos.
Luego de un breve mitin en el Zócalo, la expedición recorrió las principales calles del centro capitalino, hasta llegar a la vieja sede del Senado, donde delegados se reunieron con una comisión de esa cámara. De esa forma, la Caravana tocó uno de los emblemas del poder político en México y de influencia en la definición de la política exterior.
Además, alteraron el ambiente de una metrópoli poco asidua a la inmigración irregular. De hecho, la encuesta de 2010 "México, las Américas y el mundo", realizada por el privado Centro de Investigación y Docencia Económica, encontró que casi ocho de cada 10 mexicanos consultados rechazó la presencia de los extranjeros sin los documentos requeridos para residir.
Uno de los momentos culminantes ocurrió el sábado en la localidad de Tierra Blanca, en Veracruz, unos 380 kilómetros al sudeste de la ciudad de México, donde la caravana se reunió con el chileno Felipe González, relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias.
González, de gira oficial por México desde el 24 de julio y hasta este martes 2, colectó cerca de una docena de testimonios de agraviados, principalmente por secuestros, delito que afectó a unos 20.000 inmigrantes sólo en 2010 en este país, según la estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos.
"Esperamos que el relator de la Comisión pueda mediar para que nuestros estados hagan un compromiso por asumir la responsabilidades que les corresponde, en función de que se respete el paso de los inmigrantes por el territorio mexicano", dijo a IPS Víctor Herrera, de la no gubernamental Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala.
Este activista recordó que miles de centroamericanos "son extorsionados, secuestrados y asesinados" a su paso por territorio mexicano, "en un escenario de total impunidad donde se protege más al victimario que a la víctima".
Está vigente desde mayo en México la Ley de Migración, que reconoce los derechos humanos de los inmigrantes, despenaliza el ingreso ilegal al país y crea una visa de tránsito. Pero, según los activistas, la norma está insuflada del enfoque de seguridad nacional, lo cual deja expuestos a los indocumentados a atropellos.
Por ello, las alrededor de 20 organizaciones no gubernamentales responsables del recorrido demandan, en un comunicado de prensa, la emisión de "una visa transmigrante o la supresión de visas para terminar con el cruce clandestino como única manera de asegurar una disminución drástica de las agresiones contra la población migrante".
A casi un año de la matanza de 72 indocumentados principalmente centroamericanos en el poblado de San Fernando, en Tamaulipas, cuyos cuerpos fueron hallados el 28 de agosto de 2010, la caravana fue una mala propaganda para el gobierno mexicano, que repitió sin mayor sustancia que tomó medidas para proteger a los inmigrantes.
Luego del hallazgo en abril de fosas clandestinas en Tamaulipas, parientes de indocumentados centroamericanos desaparecidos enviaron al menos 24 muestras de ADN para averiguar si sus familiares estaban entre los cadáveres hallados. Pero hasta ahora, no han recibido novedades.
Miguel Guamuch abandonó su natal San Juan Sacatepéquez, a 31 kilómetros de la capital guatemalteca, el 11 de julio de 2009, pero su esposa y sus tres hijos no volvieron a saber de él.
"Iba para Houston (en el sureño estado de Texas, fronterizo con México) y a los seis días me llamó que estaba en Reynosa (Tamaulipas) y me dijo que después iba a cruzar la frontera. Esa fue la última vez que mi esposo habló conmigo", dijo a IPS entre lágrimas, Alicia Chajón, integrante de la "Caravana paso a paso hacia la paz".
Al menos 800 salvadoreños y hondureños desparecieron en México, según el recuento de asociaciones de familiares.
El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de México resolvió en junio que el Instituto Nacional de Migración debe buscar y entregar la información estadística de migrantes mexicanos y extranjeros no localizados.
"Volveremos siempre que sea necesario para levantar nuestra voz", dijo la hondureña Sánchez, con una foto de su nuera desaparecida entre sus manos.
*Aporte de Danilo Valladares (Guatemala)
