A juzgar por las masivas manifestaciones en reclamo de un defensor del pueblo para controlar la corrupción, el primer ministro de India, Manmohan Singh, no parece haber convencido a la ciudadanía de su voluntad de luchar contra el flagelo generalizado en este país.
El gobierno subestimó el malestar de la población cuando al otro día del discurso de Singh en el festejo de la independencia del país, el lunes 15, decidió detener a Anna Hazare, un hombre de 74 años y rostro visible del movimiento contra la corrupción que lucha para que el parlamento apruebe un proyecto de ley para implementar la figura de lokpal (defensor del pueblo).
Las autoridades debieron liberarlo de noche cuando una multitud se concentró en la prisión de Tihar, la principal de Nueva Delhi, y acceder a la demanda del activista de comenzar una huelga de hambre en un lugar público.
Hazare ya había empleado esa medida en abril, cuando logró que el gobierno creara un panel integrado por ministros y miembros de la sociedad civil para redactar un proyecto de ley.
Pero la diluida redacción del texto propuesto por el gobierno desató una nueva ola de protestas más enérgicas.
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El proyecto de ley para crear la figura del defensor del pueblo, propuesto por Hazare, pone al primer ministro y a los jueces bajo su jurisdicción.
Unas 100.000 personas se concentraron el domingo 21 en el descampado Ramlila Maidan, donde Hazare lleva adelante la huelga de hambre, para expresarle su solidaridad. El acontecimiento que recordó el movimiento por la independencia de India, que puso fin a la colonia británica en 1947.
"Estamos aquí para apoyar al único y verdadero heredero del líder de la independencia Mahatma Ghandi en India", señaló Rajkumar Goel, quien dejó su farmacia para participar en la movilización. "Desviaron enormes cantidades de dinero en nombre de la liberalización. La diferencia entre ricos y pobres se agrande más rápido que antes", añadió.
Las movilizaciones en varias ciudades, pueblos y aldeas de India en apoyo a Hazare es un alerta para el gobernante Partido del Congreso, pero también para todos los dirigentes políticos, de que la sociedad civil está realmente harta de la corrupción.
India es la tercera economía de Asia y tiene un grado de corrupción sin precedentes al que se atribuye la ralentización del crecimiento que perjudica a este país de 1.210 millones de personas.
Un único episodio de corrupción como la entrega de licencias para dispositivos de telecomunicaciones de segunda generación le costó al tesoro público uno 39.000 millones de dólares, según estimaciones de la Auditoría General y Contralor del país, divulgadas el año pasado.
El entonces ministro de telecomunicaciones Andimuthu Raja, responsable de otorgar las licencias, fue destituido y enviado a la prisión de Tihar tras una investigación preliminar.
Al chanchullo de las telecomunicaciones le siguió otro gran escándalo financiero por la concesión de contratos y compras durante la organización de los Juegos de la Mancomunidad de Naciones, realizados en Nueva Delhi en 2010, confirmó el órgano estatal.
Las investigaciones siguieron la pista de los fondos hasta cuentas offshore (extraterritoriales) y paraísos financieros, lo que indica que grandes sumas de dinero de origen ilícito fueron desviadas al extranjero.
India podría estar perdiendo por lo menos 19.300 millones de dólares al año por el flujo ilegal de fondos al extranjero, según un estudio publicado el año pasado por el Global Financial Integrity, con sede en Washington.
Las protestas del principal partido de oposición Bharatiya Janata (BJP) son poco convincentes pues él mismo se vio enredado en un gran escándalo financiero en el meridional estado de Karnataka.
"La oposición política se debilitó en los últimos años", indicó Paranjoy Guha Thakurta, analista político y económico. "El ataque del BJP contra la coalición gobernante, encabezada por el Partido del Congreso, perdió fuerza por el escándalo minero en Karnataka que llevó a la renuncia del ministro jefe B. S. Yeddyurappa", explicó.
"El vacío ahora lo llena la sociedad civil. Es la democracia india que evoluciona", apuntó.
Estudios de opinión pública señalan que el Partido del Congreso pierde popularidad, pero el BJP no se beneficia de ello. La agrupación gobernante perdió 5,6 por ciento de apoyo el año pasado entre los entrevistados por la encuestadora internacional Nielsen, que divulgó la información la semana pasada.
La situación hizo que el BJP llamara a elecciones anticipadas, pero otra investigación, realizada por el Centro de Sociedad en Desarrollo, con sede en Nueva Delhi, señaló que 38 por ciento de los encuestados votarían por el Partido del Congreso y no por el Bharatiya Janata.
El aumento del precio de los alimentos puede haber contribuido al malestar popular, especuló Thakurta. "La inflación es enorme, además de los escándalos de corrupción. Es natural que el descontento se exprese en el gran apoyo al movimiento de Hazare", añadió.
La población pierde confianza en los dirigentes políticos, reconoció Kalikesh Singh Deo, uno de los jóvenes legisladores de India que representa al partido Biju Janata Dal, que gobierna el oriental estado de Orissa. "Quizá la agitación mejore la democracia", apuntó.
La línea que divide al movimiento pacífico encabezado por Hazare y al inseguro e inquieto gobierno es clara, indicó el activista T. R. Raghunandan, también fundador del sitio de Internet contra la corrupción, ipaidabribe.com, con sede en Bangalore, capital Karnataka.
"El grupo encabezado por Anna Hazare tiene razón en reclamar el proyecto de ley del defensor del pueblo. Pero los políticos, por más despreciables que puedan ser, también están en lo cierto. Tenemos un parlamento y un proyecto a estudio de los representantes elegidos", señaló.
"Ellos tienen que decidir y, más allá de cierto punto, no deben ser presionados por huelgas de hambre. Pero convencer al parlamento no es tarea fácil", añadió Raghunandan.
Hazare dio un ultimátum al gobierno hasta el 30 de este mes para que "acepte el proyecto del ley porque la gente se está despertando. Si no, tendrán que marcharse", declaró.
