El avance del narcotráfico en Honduras llevó a las autoridades a plantear una zona de exclusión aérea para los departamentos de Colón, Yoro, Gracias a Dios y Olancho, por donde pasa el llamado corredor de la muerte. Pero la creciente violencia parece responder a intereses espurios más abarcadores.
"Hay que poner freno a esta situación", dijo a IPS el subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Carlos Alberto Espinoza, al anunciar el envío de un proyecto de ley al Congreso para crear esa restricción en el espacio aéreo sobre más de 57.000 kilómetros cuadrados de los 112.492 que tiene el territorio de este país dividido en 18 departamentos.
Se propone que la exclusión de vuelos sea por debajo de los 12.000 pies (3.658 metros) de altura y de seis de la tarde a seis de la mañana.
Mientras varios parlamentarios adelantaron su disponibilidad a aprobar el proyecto, los militares se aprestan a instalar radares en esos sitios para mayor detección de las avionetas, explicó el jefe castrense.
El anuncio se produce ante el recrudecimiento de la violencia e inseguridad en el departamento de Colón, el constante aterrizaje de avionetas cargadas de droga en Yoro y los enfrentamientos cada vez más frecuentes entre fuerzas de seguridad y bandas armadas en Olancho y Gracias a Dios, en la región de la Mosquitia que se extiende a la contigua Nicaragua.
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Estos departamentos, ubicados en el norte y este del país, y los occidentales de Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara forman la amplia zona de acción del llamado Cártel del Atlántico, según fuentes de la fiscalía del crimen organizado consultadas por IPS.
En ese marco, la violencia reina. En un hecho sin esclarecer, al menos seis guardias de seguridad privada fueron asesinados y otros 11 resultaron heridos el fin de semana pasado en Bajo Aguán, una zona en disputa por el conflicto de tierras entre campesinos y grandes empresarios.
Un día después otras cinco personas que laboraban para una embotelladora de refrescos fueron asesinadas cerca de una finca de palma africana, hecho que, según las autoridades, pudo deberse a una "equivocación".
Esas muertes se perpetraron en las tierras del acaudalado empresario Miguel Facussé, quien hace tres meses había suscrito con el gobierno un acuerdo de venta de más de 4.000 hectáreas de tierra para ser traspasadas a grupos de productores de pequeña escala de la zona, tras una forzada negociación que duró 16 meses, catapultada por la masacre de una veintena de campesinos.
Precisamente, el asesinato de los vigilantes y de un inspector fitosanitario de su empresa llevó a Facussé a anunciar, en una suerte de consecuencia favorable, que "suspendía temporalmente" el contrato suscrito con el gobierno hondureño.
Facussé es uno de los terratenientes más influyentes en la vida económica y política del país desde hace varios años, tanto en tiempos de democracia como de dictaduras.
Posee en la región atlántica unas 20.000 hectáreas de cultivo de palma africana, además de otras propiedades en casi medio país. Hasta ahora, las acusaciones en su contra por apropiación indebida de tierras no han prosperado en los tribunales.
Este terrateniente aduce que los grupos campesinos estarían detrás de las muertes, pero las autoridades policiales y del Instituto Nacional Agrario descartan la hipótesis y, en cambio, dirigen las investigaciones hacia "otros grupos" con "algún tipo de entrenamiento", según describen sin entrar en detalles ni precisar su procedencia o características.
"Creemos que existen otros intereses de fondo, no ligados propiamente a los campesinos, como es el caso de bandas del narcotráfico", dijo el miércoles 17 a la prensa el jefe de la policía, el comisionado José Luís Muñoz.
De momento, las autoridades han desplazado a la zona de Colón y el Bajo Aguán un contingente policial y militar de 1.000 efectivos para "resguardar el orden", pero según Yoni Rivas, dirigente del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (Muca), "ello no va garantizar estabilidad".
"Esta militarización, que amenaza con ser permanente, nos preocupa. Lo que necesitamos es una nueva ley de reforma agraria que nos garantice acceso a la tierra", dijo Rivas a IPS. El Muca era una de las organizaciones beneficiadas en el convenio del gobierno con Facussé.
Pero no solo la región de Colón se encuentra en alerta. En Yoro, la medianoche del lunes 15, en un operativo combinado con la agencia antidroga de Estados Unidos, se incautó media tonelada de cocaína transportada en 13 fardos por una avioneta que aterrizó en la localidad de Arenales, colocó la carga en dos vehículos cuyos conductores fueron interceptados por las autoridades.
A ello se suman, las 6,7 toneladas de drogas incautadas hace un mes de un submarino en la región de Cruta, en La Mosquitia, como parte de una acción combinada con efectivos de la guardia costera estadounidense.
Según el jefe de la fuerza aérea de Honduras, Luís Pastor Landa, "estas regiones deben ser recuperadas, las estamos perdiendo y por seguridad nacional eso no se puede permitir".
"Por eso estamos proponiendo la zona de exclusión aérea, como parte de las estrategias antidrogas que vamos a ejecutar", declaró a IPS.
Solo en 2010, un promedio de 96 avionetas cargadas con droga llegaron al territorio nacional. En su mayoría fueron incineradas por las propias mafias. En la Mosquitia hondureña se encontró incluso hace dos años un cementerio de esos aparatos hundidos en áreas pantanosas.
Alfredo Landaverde, experto en temas de narcotráfico y seguridad, dijo a IPS que las zonas identificadas para la exclusión son grandes centros de distribución de cocaína. También afirmó que existen regiones que pueden considerarse fallidas, porque el Estado "no tiene ningún control".
Contrario a los años 70, cuando surge el narcotráfico en Honduras, ahora dejó de ser un puente de la droga para volverse "una plaza disputada por los cárteles mexicanos y colombianos, con fuertes conexiones políticas y económicas", confió a IPS un agente que pidió el anonimato.
Las cifras de la violencia e inseguridad se dispararon en el país, al registrarse el año pasado 8.944 muertes violentas, en su mayoría por ajuste de cuentas a cargo de sicarios.
La tasa promedio nacional de homicidios es de 77,5 por cada 100.000 habitantes, cuando el estándar mundial señala que debe ser de ocho por cada 100.000. Un promedio de 17 personas cada día son asesinadas en este país centroamericano.
