Paliativos locales e internacionales se aplican a los manglares y humedales de Honduras, una incubadora de vida oceánica y barrera natural de huracanes que se redujo más de 80 por ciento en la costa Caribe y casi un tercio en el Pacífico.
Se cuentan 67 humedales ocupando12.385 kilómetros cuadrados en las planicies costeras del Caribe, las tierras altas y valles interiores, la zona pacífica del Golfo de Fonseca y las caribeñas Islas de la Bahía.
En uno de esos humedales, la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano en la oriental región de La Mosquitia, comunidades indígenas llevan adelante desde hace un lustro acciones para conservar el manglar.
La iniciativa consiguió financiación del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (conocido por sus siglas en inglés GEF), administrado por el Banco Mundial.
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La reserva, en los departamentos de Olancho, Colón y Gracias a Dios, fue declarada Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad en 1982 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Reciclaje de basura, limpieza de lagunas, recuperación de manglares y generación de oportunidades de ecoturismo, con recorridos para contemplar el paisaje selvático, son algunas de las acciones asumidas por indígenas misquitos. A ello sumaron programas de pesca controlada de especies en peligro, como el róbalo, la langosta y el tiburón.
Mediante los modestos fondos que distribuye el PPD, ejecutado en Honduras por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en este período se logró impulsar 14 proyectos de protección al manglar en La Mosquitia y en el Golfo de Fonseca.
El PPD entregó a esos proyectos poco más de 367.000 dólares, y las comunidades, como contraparte local, aportaron más de 300.000 dólares en horas de trabajo voluntario y remunerado y equipos, entre otros esfuerzos que el Programa contabiliza como contribución económica de los beneficiarios, sostuvo su coordinador, Hugo Galeano.
Los resultados satisfactorios, según Galeano, obedecen a la "participación real e inclusiva de las comunidades. Cuando la gente asume su responsabilidad de vigilar, proteger y beneficiarse de los recursos naturales, los resultados son extraordinarios", dijo a Tierramérica.
Los números de logros sociales también son modestos, pero cruciales para cada persona concernida
Se generaron cerca de 9.624 jornales y se beneficiaron en forma directa unas 98 familias y otras 44 en forma indirecta, sumando 1.300 personas. Las comunidades seleccionadas viven en zonas de pobreza extrema, requisito para aspirar a recursos del PPD.
"Una lección para nosotros es que los costos de estos proyectos son mucho más bajos cuando la gente asume su responsabilidad en la importancia y protección del ambiente", dijo Galeano.
Las comunidades se organizan en pequeñas asociaciones cooperativas, que no requieren de personería jurídica para aspirar a recursos. Un comité de notables voluntarios revisa las propuestas comunitarias y, si las aprueba, el PPD coloca en ellas fondos de entre 3.000 y 30.000 dólares, que las cooperativas administran rigurosamente.
Pero, ¿qué tanto se aportó al ambiente?
Hasta ahora se restauraron algo más de 336 hectáreas de manglares. Y las comunidades del Pacífico iniciaron hace tres años un proyecto para recuperar la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) y criaron y liberaron unos 24.000 ejemplares.
Inspirada en estas experiencias, la Dirección General de Biodiversidad de la Secretaría del Ambiente estableció a fines de 2010 un plan de protección del manglar, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que forma parte de un esfuerzo más amplio, del que participan Guatemala y Nicaragua.
Ante lo hecho por el PPD y otras organizaciones locales, "buscamos complementar iniciativas, a fin de establecer diagnósticos que permitan dar mayor participación a las comunidades, así como elementos a las autoridades locales y regionales sobre la importancia de la conservación del ecosistema", dijo a Tierramérica el coordinador nacional del proyecto, Rafael Sambulá.
El proyecto de cuatro años incluye en su primera fase el trabajo con comunidades indígenas de los tres países y la identificación de zonas y tipos de acciones a desarrollar.
Los manglares "son viveros naturales de camarón, peces, langosta y micronutrientes que lo hacen uno de los ecosistemas más ricos del mundo, ya que genera la fertilización orgánica de los océanos", explicó.
Los humedales de La Mosquitia son los más extensos del país, con algo más de 800.000 hectáreas, y los de mayor riqueza vegetal y animal, indicó el biólogo David Jaén, que trabaja en el proyecto de biodiversidad de la Secretaría del Ambiente.
Su ubicación aislada y recóndita agrava la escasa presencia institucional, que no consigue fiscalizar las áreas protegidas comunitarias, la legalidad en la tenencia de la tierra y la tala ilícita.
Por eso, entre las muchas amenazas, quizás la más seria sea la ausencia de ordenamiento territorial que defina la importancia de los ecosistemas, sostiene Jaén.
"Los manglares son la principal barrera de protección contra huracanes, y zonas como Omoa (en el norte) están desprotegidas por la construcción de infraestructura para robar espacio al mar", destruyendo el bosque, indicó.
Se suman además las plantaciones de palma africana para obtener aceite y biodiésel, la ganadería extensiva, las urbanizaciones turísticas y la imparable presencia del narcotráfico incluso en el corazón de la reserva del río Plátano.
La palma, que ya ocupa unas 100.000 hectáreas, se está plantando en zonas no aptas, incluso en reservas biológicas, y sobre todo en el litoral atlántico.
"Al drenar los humedales para sembrar, se genera un daño irreversible al manglar, por lo que se recomienda instalar lagunas de oxidación que reduzcan el impacto de las acciones químicas que genera la siembra de palma africana", indicó Sambulá.
Pero hay desafíos peores. En febrero, la Unesco advirtió de los riesgos que entraña el narcotráfico en el río Plátano y La Mosquitia, donde los cárteles disputan a las autoridades el control de ciertas zonas.
Las pistas clandestinas de aterrizaje en medio de la selva y la tala ilegal ponen en riesgo la biodiversidad, dijo la Unesco. Asesinatos y hallazgos de cargamentos de drogas dieron pie a que el gobierno anunciara el 17 de este mes su interés en establecer una zona de exclusión de vuelos en La Mosquitia.
* La autora es corresponsal de IPS. Publicado originalmente el 20 de agosto por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
