Los nueve militares acusados del asesinato de seis sacerdotes católicos y dos de sus colaboradoras, en 1989 en El Salvador, serán procesados en ausencia por tribunales españoles, luego de que la Corte Suprema de Justicia de este país centroamericano se negó a detenerlos para ser extraditados.
De este modo aparece un resquicio para que salgan a la luz hechos que la institucionalidad salvadoreña aún se niega a enfrentar en torno a esa masacre y de otros crímenes, aún impunes, cometidos en la guerra entre las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares contra la guerrilla izquierdista, de 1980 a 1992, que dejó 70.000 personas muertas y más de 8.000 desaparecidas.
"La causa seguirá su curso en España, con o sin los militares sentados en el banquillo, se los tendrán que procesar en ausencia", explicó a IPS Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
En un fallo cuestionado por activistas y juristas, la Corte cerró el miércoles 24 el camino para que los militares imputados sean extraditados a España para enfrentar un juicio, aduciendo que no procedía la captura porque la orden no contenía la petición de extradición.
"En caso de ser condenados, en ausencia, los militares serán prófugos de la justicia internacional, y tendrán que estar en una prisión de 21.000 kilómetros cuadrados", agregó Cuéllar, en alusión a la extensión territorial de El Salvador.
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Los nueve uniformados, ya retirados del servicio militar, se habían refugiados el 7 de este mes en una base del ejército al este de San Salvador, en una movida que evitó la captura formal girada el mismo día por Interpol (policía internacional) desde Francia, a petición del juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España.
Si bien nunca hubo una captura formal de los acusados, el gobierno salvadoreño de Mauricio Funes dijo en su momento que los militares se encontraban bajo la orden de un juez local, dando a entender que estaban detenidos, en espera de que el proceso siguiera su curso, es decir, recibir una petición de extradición por parte de España.
Así y argumentando que no se había recibido esa petición con anterioridad a la presunta detención, la Corte ordenó la libertad de los acusados, aunque, al mismo tiempo, reconoció que nunca estuvieron tras las rejas.
"Para nosotros realmente no están recobrando la libertad, porque nunca estuvieron privados de ella, tuvieron una situación sui generis", afirmó el juez Ulises de Dios Guzmán, integrante de la Corte, en un intento por aclarar esa flagrante contradicción.
Un tribunal español inició en 2009 la causa para el esclarecimiento de la masacre de los jesuitas en El Salvador a partir de una querella presentada un año antes por el Centro de Justicia y Reparación, de San Francisco, y la Asociación Pro Derechos Humanos de España.
La maniobra de los militares, que evitaron la detención basándose en una figura jurídica inexistente, el "resguardo militar", como lo llamó su equipo de abogados, evidenció cuán frágil se encuentran las instituciones del Estado salvadoreño a la hora de querer enjuiciar a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil.
"El fallo evidencia que la impunidad sigue institucionalizada en el país, sigue predominando en borrón y cuenta nueva", indicó a IPS Ima Guirola, del Instituto de Estudios de la Mujer.
En 1989, en el marco de una ofensiva guerrillera que puso en jaque al gobierno de entonces, del derechista Alfredo Cristiani (1989-1994), un comando del ejército ingresó de noche en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y asesinó a los seis miembros de la Compañía de Jesús que estaban en el lugar, entre ellos el rector, el español Ignacio Ellacuría.
Además de Ellacuría, fueron acribillados por los efectivos del Batallón Atlacatl, entrenado en Estados Unidos en lucha contrainsurgente, los también sacerdotes españoles Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el prelado salvadoreño Joaquín López y López, así como la empleada Elba Ramos y su hija Celina, de 16 años.
La derecha política y la cúpula militar de la época consideraban a los jesuitas, sobre todo a Ellacuría, ideólogos de la guerrilla por su militancia en la Teología de la Liberación, corriente progresista de la Iglesia Católica latinoamericana que tuvo su mayor auge en los años 60 y 70 y que propugna cambios sociales y políticos en su opción por los pobres.
La mayoría de los acusados del múltiple crimen, perpetrado con la anuencia de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia, ocuparon puestos de mando en el ejército durante la guerra civil, entre ellos los generales Rafael Humberto Larios, entonces ministro de Defensa, y Juan Rafael Bustillo, jefe de la fuerza aérea.
La lista la completan los coroneles Francisco Elena Fuentes y Juan Orlando Zepeda, los tenientes José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos, los sargentos segundos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el soldado Mariano Amaya Grimaldi.
Otros 10 oficiales salvadoreños que figuran en la lista de extraditables de Velasco podrían ser pasibles también de pedidos de detención en los próximos meses, aunque está por verse cómo reaccionará el juez español a partir de la resolución de la corte salvadoreña.
La orden de captura incluía a otro ex ministro de Defensa, el general René Emilio Ponce, quien falleció en mayo pasado.
El coronel retirado Inocente Orlando Montano, ex ministro de Seguridad durante el conflicto, y también incluido en la lista ampliada de Velasco, fue detenido el martes 23 en Estados Unidos, bajo cargos de falsear la información inmigratoria que le había permitido vivir sin sobresaltos en ese país, informó el diario local The Boston Globe.
El juez Velasco lleva a cabo el proceso amparado en el concepto de justicia universal, que tiene sus raíces en el Tribunal de Nuremberg, que juzgó y condenó a criminales nazis al final de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Como antecedentes de intentos de justicia en El Salvador sobre delitos perpetrados en la guerra civil está el procesamiento en 1991 de nueve uniformados por el asesinato, precisamente, de los jesuitas, dos de los cuales fueron declarados culpables, pero luego dejados en libertad gracias a la Ley de Amnistía, promulgada en 1993 y duramente criticada por activistas y juristas.
El magistrado español considera que el proceso ya estuvo demasiado viciado y, por eso mismo, se necesita uno nuevo que traiga, por fin, luz sobre lo que de verdad ocurrió en 1989 en la Universidad Centroamericana.
En 2000, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña negó reabrir las investigaciones por el caso, como lo solicitó la Compañía de Jesús. Para ello los magistrados alegaron que ya habían pasado los 10 años establecidos para mantener abierto un proceso y, además, que la Ley de Amnistía protegía a los militares acusados.
"Yo creo que la impunidad ha sido una característica prevaleciente desde hace años en El Salvador, y sigue aún", señaló a IPS Ramón Villalta, de la Iniciativa Social para la Democracia.
En cambio, el general retirado Ernesto Vargas, firmante en 1992 del Acuerdo de Paz que puso fin a la guerra civil, aplaudió el fallo porque, dijo, si la Corte hubiera dado luz verde para proceder contra los militares, se habría dinamitado ese tratado, a cuya base se ajusta la citada Ley de Amnistía.
"No podía haber acuerdo de paz sin la amnistía, es el precio que tuvimos que pagar para lograr la paz", argumentó.
