La ausencia de presupuesto y de voluntad política, según activistas, impiden en El Salvador cumplir a cabalidad con lo establecido en la nueva Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, largamente reclamada.
Las razones del retraso en poner en marcha la ya vigente norma parecen estar en la falta de previsión de los diputados que la crearon, en marzo de 2009, para otorgarle los fondos estatales requeridos y la infraestructura necesaria para una efectiva puesta en marcha.
A instancias del presidente Mauricio Funes, el parlamento aprobó en abril de 2010 una norma que pospuso la entrada en vigor de la ley de la infancia hasta el 1 de enero del 2011, pero desde entonces tampoco se pudo concretar debido a que no cuenta con financiamiento, calculado en 432 millones de dólares.
Esta ley supone un avance importante respecto de la normativa existente en la materia, pues el Estado se compromete a proteger integralmente a la niñez y a asegurarle el goce pleno de sus derechos universales, como salud, educación y otros.
También se previene contra cualquier forma de esclavitud, la trata de niños y niñas, el trabajo forzoso u obligatorio y la utilización por parte del narcotráfico, entre otros aspectos.
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Es además, un esfuerzo por integrar toda la normativa existente en otras leyes, como el Código de Familia, a fin de dar coherencia a la hora de proteger a niñas, niños y adolescentes.
La demora, a juicio de organizaciones defensoras de los derechos de la infancia, se debe a una verdadera falta de interés político por parte del presidente Funes y de su ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, que deben crear la partida presupuestaria necesaria.
"Identificamos una falta de voluntad política y una deficiencia a la hora de establecer prioridades y en destinar recursos del presupuesto nacional para poder arrancar", dijo a IPS Georgina Villalta, procuradora para la Niñez y la Adolescencia, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Esa partida presupuestaria debería de contemplarla el Poder Ejecutivo, pero los agudos problemas fiscales del país mantienen en el limbo ese y otros proyectos o leyes.
Es que El Salvador tiene que hacer malabares financieros para llegar a fin de año con un déficit fiscal de 3,5 por ciento del producto interno bruto, siguiendo las condiciones pactadas en marzo de 2010 con el Fondo Monetario Internacional para poder acceder a un crédito de 790 millones de dólares. La exigencia es seguir bajando esa pérdida, que en 2009 rondaba cinco por ciento.
Con la normativa se creó el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conna), conformado por ministerios del área social, como el de Salud, Educación, Seguridad Pública, entre otros.
En este país, sólo 57 por ciento de los niños en el segmento de cuatro a seis años reciben educación pre-primaria. Además, uno de cada cinco menores de cinco años sufre de baja talla, mientras que la prevalencia de la anemia aumentó tres puntos porcentuales en el último quinquenio, según el estudio "Niñez en El Salvador, estado actual y perspectivas".
Esta investigación, publicada en 2009 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Save the Children y la organización Plan, indica que en 2008 se reportaron 11.291 casos de violencia intrafamiliar y agresión sexual, 23,7 por ciento más que los presentados en 2006.
En el Conna también participan dos organizaciones no gubernamentales, luego de un proceso de selección: Las Aldeas SOS y la Fundación Medina, que atienden a niños en situación de calle.
El objetivo del Conna es el de crear el Sistema Integral de Protección a la Niñez y la Adolescencia, que incluirá otras instancias como las Juntas Locales de Protección, que se prevé funcionen en los 262 municipios del país, así como la Red de Atención Compartida (RAC).
En esa red participarán instituciones como la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, entre otras.
El Conna también tiene como prioridad el de definir la política nacional de protección a la niñez y la adolescencia. El presidente Funes impuso en sus funciones al nuevo organismo en mayo, pero el mandato es temporal y finalizará en diciembre. A partir de entonces se elegirán a los nuevos miembros.
"La conformación del Conna significa un avance, porque todo eso estaba como aletargado, aunque falta mucho trabajo por hacer y debe de acelerarse el proceso", señaló a IPS la gerenta de programas de salud y protección de Save the Children, Ludin Caballero.
La ley también demanda la creación de juzgados especializados que reciban y procesen los casos. Hasta la fecha, se han creado tres y una cámara de segunda instancia, insuficientes para atender la demanda nacional, cuestionan los activistas.
"Son muy pocos los que se han conformado, y no tienen la capacidad para suplir la demanda, pues llegarán casos de todo el país", agregó la procuradora Villalta.
La Procuraduría General de la República señaló que necesita al menos de un refuerzo presupuestario de ocho millones de dólares para cumplir con los requerimientos que exige la ley, como el hecho de tener al menos dos abogados en cada uno de los juzgados especializados.
Toda esa institucionalidad aún se encuentra en su fase más embrionaria, y no se percibe un cambio de actitud que asegure un cambio de dirección, sobre todo en la parte presupuestaria.
"Faltan procesos grandes que definirse y sobre todo que ejecutarse ( ), las brechas que falta llenar son estructurales, enormes", explicó Caballero.
Otros países centroamericanos, como Costa Rica, tuvieron buenos resultados con la creación de instancias nacionales que normen y coordinen a los organismos estatales con las entidades de la sociedad civil encargadas de aplicar las variadas leyes existentes allí en materia de derechos de la niñez.
El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia unifica todos esos esfuerzos a favor de los niños y niñas, recogidos es el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Hay también juntas locales encargadas de hacer prevaler la ley en pueblos y cantones del país.
