«¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta, hijos de la chingada…!» Policías vestidos de negro, con pasamontañas y «lo que supongo serían rifles de alto poder», empujaron la puerta al son de insultos y entraron sin autorización judicial a la casa del poeta Efraín Bartolomé, en el sur de la capital mexicana.
¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo, hijos de la chingada (prostituta)! ¡Al suelo y no se muevan!, siguieron gritando los efectivos del vecino Estado de México que en la madrugada del jueves 11 allanaron la vivienda de Bartolomé en busca de un sicario al servicio de narcotraficantes. "Uno de los hombres me da un manazo en la cabeza y me tira los lentes", narró luego.
Hechos como éste han puesto en alerta a organizaciones de derechos humanos, quienes temen el recrudecimiento de las violaciones a las garantías individuales mientras se agrava la campaña bélica del gobierno conservador de Felipe Calderón en contra de los cárteles de la droga.
"Es una tendencia, no veo un punto de inflexión. Los defensores están en una situación de peligro. Las organizaciones están en una postura de denuncia, protesta y movilización", dijo a IPS el director del Programa de Derechos Humanos de la privada Universidad Iberoamericana, Antonio Ibáñez.
Motivados por esa coyuntura, docenas de activistas se dan cita desde el jueves y hasta este sábado 13 en el Cuarto Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
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La convocatoria se realiza bajo el lema "La defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo: una labor peligrosa".
Estadísticas de las organizaciones aseguran que, entre 2005 y este año, fueron asesinados 27 activistas, mientras la estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Indica que al menos 68 periodistas fueron ultimados y al menos 12 permanecen desaparecidos.
Al denunciar hechos violentos, "las víctimas se están convirtiendo en defensores. Enfrentamos una situación de violencia, posibilitada por la desarticulación del Estado mexicano", comentó a IPS el obispo católico Raúl Vera, responsable de la Diócesis de Saltillo, en el norteño estado de Coahuila, invitado especial al encuentro.
El prelado de la Orden de los Predicadores, un denodado activista a favor de los indígenas y de los inmigrantes indocumentados, está en la mira del Vaticano por su defensa de los derechos de homosexuales y lesbianas y del aborto.
La CNDH registró 3.786 denuncias por registros indebidos de morada entre 2006 y mayo pasado.
Desde su llegada al gobierno en diciembre de 2006, Calderón mantiene en las calles a unos 45.000 militares para reprimir a por lo menos 11 mafias que pugnan a sangre y fuego por las rutas de distribución de drogas ilícitas hacia el rentable mercado estadounidense.
En ese lapso, unas 50.000 personas perdieron la vida en sucesos relacionados con el narcotráfico, según un recuento del semanario Zeta, de la norteña ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos.
El despliegue castrense provocó múltiples violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y los citados allanamientos, según las organizaciones no gubernamentales del sector. Por su parte, el gobierno arguye que los grupos criminales son las responsables de los atropellos.
Incluso el secretario (ministro) de Marina, Francisco Saynez, acusó en julio a las organizaciones de derechos humanos de actuar en connivencia con los cárteles para desacreditar a las Fuerzas Armadas, aunque no presentó evidencias sobre ese vínculo hipotético.
"Sufrimos persecución de los agentes del Estado, principalmente. Al defender los derechos, nos convertimos en víctimas y nos ven como enemigos", dijo a IPS Margarita Villanueva, representante de la no gubernamental Movimiento de Lucha Popular, adscrito al Frente Nacional contra la Represión.
El ejército mexicano y los activistas están en rumbo de colisión, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en julio que los militares que hayan incurrido en actos ilegales fuera de sus labores están sujetos a la justicia civil, en contraposición al fuero militar vigente desde 1933.
En julio entró en operación el mecanismo gubernamental para la protección de defensores y defensoras, que incluye medidas tempranas, la entrega de teléfonos satelitales y la asignación de policías para los activistas en riesgo. Empero, el esquema para los comunicadores aún no está diseñado.
"La aplicación puede ser eficaz. Pero tenemos que crear redes, cuidarnos, responsabilizarnos, conocernos y estar interconectados para responder a situaciones de peligro", indicó Ibáñez, cuyo programa bosqueja un sistema de indicadores para evaluar la situación de los derechos humanos en el país.
El Cuarto Encuentro, convocado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Universidad Iberoamericana y la Red Solidaria Década contra la Impunidad, emitirá una declaración que recoge las inquietudes de las entidades y llama al gobierno a garantizar el ejercicio de los derechos humanos y la seguridad de la labor de los activistas.
"Vivimos con la ausencia de la procuración de justicia, algo gravísimo", resaltó Vera.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, adscrito a la Procuraduría General de la República, tiene 40 expedientes penales en contra de funcionarios públicos por delitos como abuso de autoridad, robo calificado, amenazas, lesiones y tentativa de homicidio en contra de comunicadores.
"Hay un deterioro de la situación. No se respetan los derechos y eso lleva a que la gente se organice" y los reclame", según Villanueva, cuya organización trabaja en la liberación de presos políticos y por personas desaparecidas de modo forzoso.
"¿Sabe el presidente Calderón esto que pasa en las casas de la ciudad? ¿Lo sabe Marcelo Ebrard (alcalde capitalino)? ¿Lo sabe el procurador (capitalino Miguel Ángel) Mancera? ¿Ordenan Maricela Morales (fiscal general) o Genaro García Luna (secretario de Seguridad Pública) estos operativos? ¿Sabrán quién fue el encargado de este acto en contra de inocentes?", cerró su relato Bartolomé.
