El respaldo de Estados Unidos a la oposición interna en Cuba figura entre los varios motivos de discordia que separan a los gobiernos de ambos países. Lo que para el primero es un principio democrático, para el segundo constituye un intento de desestabilizar y promover la subversión.
Al respecto, medios oficiales cubanos aseguran que los fondos de 20 millones de dólares aprobados por Washington a comienzos de este mes están dirigidos a programas que introducen nuevas modalidades y, "sin abandonar su tradicional apoyo a la contrarrevolución", se proponen "expandir su acceso a los más diversos sectores" de la sociedad de la isla.
En un artículo sobre el tema, el diario progubernamental Granma dijo que las prioridades del gobierno estadounidense de Barack Obama, interesado en apoyar a la sociedad civil en Cuba, apuntan a intensificar la participación social de sectores "vulnerables" y promover "técnicas de solución de conflictos y la colaboración entre actores sociales".
En la agenda también se incluye "fomentar las alternativas de políticas públicas que mejoren la calidad de vida y capacitar a los cubanos a reivindicar derechos, incluidos el acceso a la educación, la salud, la vivienda, etcétera", promover la libre expresión y el flujo de información con la contribución esencialmente de "periodistas independientes", agregó el periódico
Entre los programas a desarrollar con esos fondos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid), figura "incrementar la libre expresión entre jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 24 años, expandir el uso de Internet, aumentar el acceso a la información" y apoyar a cooperativas, iglesias y clubes deportivos, entre otros.
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El presupuesto estuvo temporalmente retenido por presiones de legisladores que exigieron una revisión de la base legal y la eficacia de las operaciones de la Usaid.
Uno de ellos, John Kerry, del gobernante Partido Demócrata, advirtió en nota al Departamento de Estado (cancillería), citada por medios estadounidenses de prensa, que esos programas no consiguen otra cosa que "provocar" a La Habana.
Las operaciones de la Usaid en Cuba cobraron notoriedad pública a raíz de la detención, el 3 de diciembre de 2009, y posterior condena a 15 años de prisión del estadounidense Alan Gross, quien trabajaba para Development Alternatives Inc (DAI), una empresa dedicada a ejecutar proyectos de desarrollo en otros países y que es contratada, entre otros, por esa agencia.
El interés por sectores de la sociedad cubana que van más allá de la disidencia tradicional parece responder a informes de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba (Sina), filtrados a fines del pasado año por Wikileaks, sobre la escasa influencia de la disidencia interna en la sociedad y en particular en la juventud.
En cables enviados al Departamento de Estado, la Sina consideró que los opositores carecen de programas encaminados a "captar un amplio espectro de la sociedad cubana", malgastan tiempo "boicoteándose" unos a otros y el principal objetivo de sus líderes es obtener recursos financieros.
Los despachos diplomáticos recomendaban, según las versiones publicadas en el portal digital cubadebate, que Washington debe "mirar en otros ámbitos" para identificar a los posibles "sucesores del régimen" y menciona a jóvenes desilusionados con el sistema, blogueros, músicos y artistas de la plástica que adoptan "mucho mejor" posiciones rebeldes de gran impacto popular.
Las autoridades cubanas reaccionaron aumentando la vigilancia y control sobre agrupaciones y foros ciudadanos de diversa índole nacidos en los últimos años. "Son espacios para aprender a pensar con cabeza propia, pero persiste la mentalidad de plaza sitiada de ver todo proyecto independiente como enemigo de la Revolución", se quejó ante IPS un joven universitario.
En tanto, los sectores de oposición intentan recuperar la visibilidad lograda en 2010 a raíz de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, fallecido tras una huelga de hambre de 85 días en la prisión, el prolongado ayuno del disidente Guillermo Fariñas y las gestiones de la Iglesia Católica que culminaron con la excarcelación de más de un centenar de presos.
Este año, unos 40 representantes de grupos de oposición lanzaron una nueva propuesta de trabajo común denominada "El camino del pueblo", que busca consenso para "un proceso de cambios legales sin exclusiones" que desemboque en un "gran diálogo nacional" y "elecciones libres" para elegir una Asamblea Constituyente.
Entre los firmantes del texto, fechado el 13 de julio en La Habana, figuran Laura Pollán, líder de las Damas de Blanco, Elizardo Sánchez, de la Comisión de Derechos Humanos, el opositor moderado Manuel Cuesta, y Oswaldo Payá y Guillermo Fariñas, ganadores de los premios Sajarov del Parlamento Europeo en 2002 y 2010, respectivamente.
Con sus esposos y familiares ya en libertad, las Damas de Blanco mantienen sus marchas callejeras en reclamo de la liberación de otros prisioneros. Tanto ellas como algunas mujeres que protagonizaron acciones similares en la oriental ciudad de Santiago de Cuba han sido enfrentadas por civiles progubernamentales o detenidas temporalmente en algunos casos.
Demostraciones efectuadas la semana pasada por algunas mujeres en al menos dos puntos de la capital cubana, habitualmente muy concurridos, fueron difundidas hacia el exterior por opositores como muestra de descontento popular, aunque hasta ahora no fue posible localizar a testigos independientes de los sucesos.
Una fuente cercana a medios oficiales sólo aceptó recordar a IPS que en abril pasado el presidente de Cuba, Raúl Castro, acusó a Estados Unidos y países europeos de alentar y orientar a "los mercenarios internos" y que su gobierno no negará al pueblo el derecho a defender sus plazas y calles, lo que definió como "el primer deber de todos los patriotas cubanos".
