Mientras el presidente Juan Manuel Santos calificaba su política de restitución de tierras de «una verdadera revolución» al hablar en el noroeste de Colombia, unos 300 paramilitares de ultraderecha tomaban posiciones a menos de 100 kilómetros del lugar para resistirla, según fuentes humanitarias.
"Estamos cambiando la faz de Colombia, estamos haciendo una verdadera revolución", dijo Santos, quien legalizó títulos de parcelas a campesinos poseedores y restituyó tierras a desplazados de sus hogares por el conflicto armado interno iniciado a comienzos de los años 60.
"Al 30 de julio llevábamos 361.000 hectáreas (restituidas), que benefician a más de 17.000 familias" en todo este país andino, afirmó. Así "nos anticipamos" a la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en enero de 2012, subrayó.
La titulación y devolución de tierras comenzaron en zonas como Urabá, que es una de las más fuertemente golpeadas por la guerra entre el paramilitarismo de ultraderecha, apoyado por sectores del ejército, y las guerrillas de izquierda.
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Las casi 230.000 hectáreas tituladas corresponden a fincas que estaban en posesión. El gobierno considera que esa regulación de la propiedad dificulta que los campesinos sean expulsados de sus tierras.
En un año se repartieron 2.535 hectáreas expropiadas a narcotraficantes y paramilitares y se restituyeron a las víctimas otras 14.278 hectáreas usurpadas en la guerra.
Adicionalmente, el gobierno de Santos constituyó, amplió o saneó 109.197 hectáreas correspondientes a resguardos indígenas y reconoció títulos colectivos por 6.630 hectáreas a comunidades negras, siempre según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Dentro de este último grupo está el título colectivo del Curvaradó y el Jiguamiandó (ríos al sur de Apartadó y afluentes del Atrato, al noroeste), ya reconocido por sentencias judiciales tras una batalla legal desde 2000 respaldada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Tras la arremetida paramilitar en 1996, con la disculpa de expulsar de allí a la guerrilla, esta zona fue vaciada de población y ocupada por ganaderos y empresas productoras de palma africana, varias de ellas de propiedad de jefes paramilitares.
En esa área están situadas tierras cuya propiedad fue formalizada el miércoles 3, según el Ministerio de Agricultura, en los poblados de Belén de Bajirá, Pavarandó Grande, Caucheras y Cetino.
"En Cetino es justo donde están los paramilitares en este momento", dijo el martes a IPS el directivo de la organización religiosa, sacerdote Alberto Franco, quien confirmó que a los valles de ambos ríos habrían ingresado esta semana unos 300 paramilitares por Puerto Brisas, sobre el río Curvaradó, donde hay una base militar de la Brigada 17.
"Yo no entiendo cómo 300 hombres pasan a 250 metros de un comando militar y no los ven. Van con uniformes camuflados, con armas cortas y largas. ¿Cómo pasan?", inquirió el religioso defensor de derechos humanos.
Agregó que "entraron por Brisas 30 bultos de semilla de coca, pasaron como mínimo por tres controles, uno de la policía y dos o tres controles más, permanentes, entre Brisas y Llano Rico", sector a la entrada del mismo valle, río arriba.
Este grupo se hace llamar Los Rastrojos y se suma a decenas de paramilitares más que ya habían tomado posiciones desde abril en la cuenca del Jiguamiandó y en un afluente del Curvaradó, bajo el nombre "Águilas Negras".
En la región temen que ambos grupos simulen un enfrentamiento entre sí, para generar el desplazamiento de campesinos.
Además, en el último mes y medio ya sembraron unas 10 hectáreas de coca en territorio colectivo y estarían ingresando químicos para elaborar cocaína.
La introducción del narcotráfico a la zona alteraría profundamente la cultura de la región y pondría en alto riesgo a los habitantes, advirtió Franco.
Pero sobre todo podría dar al traste con los avances judiciales ya logrados, pues "si hay un territorio que tiene coca, entonces les quitan los derechos sobre el territorio a las comunidades", explicó.
Los líderes de restitución de tierras se oponen a la economía ilegal, al tiempo que aumentan las amenazas contra sus vidas y las de sus hijos. Dos ya tuvieron que irse con sus familias.
Otro líder, Everto González, fue reportado desaparecido desde el 23 de julio tras ser abordado por paramilitares.
Esos grupos ultraderechistas ofrecen salarios de 450 dólares a los jóvenes para que se vinculen al negocio. Es un monto mayor de lo que gana un obrero de la construcción en Bogotá. La negativa es sinónimo de desplazamiento forzado.
Para la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, todo no es más que un conjunto de acciones de los ocupantes para no entregar las tierras usurpadas.
Quizá a ello se refería el presidente Santos el miércoles, cuando expresó que "el proceso de la reparación de víctimas y de la restitución de tierras también tiene enemigos".
"Mucha gente piensa que este no es el camino para llegar a la paz. Inclusive hay gente que piensa que a las víctimas no hay que repararlas. Otra gente piensa que la tierra no tiene por qué devolvérsele a sus legítimos dueños", agregó.
"No nos vamos a dejar desviar", señaló Santos, y reafirmó que en los tres años que le restan de gobierno el reto es "no permitir que esos enemigos del proceso en alguna forma se salgan con la suya".
