«El diálogo es la ruta». Ese lema reunió a 25.000 personas en este norteño puerto petrolero colombiano sobre el río Magdalena y célebre cuna de luchas sociales. La mayoría llegó de remotos rincones que viven a diario la brutalidad de la guerra y que los citadinos no imaginan.
En Barrancabermeja se alojaron en carpas en la Villa Olímpica, un amplio complejo deportivo al pie de la Ciénaga Miramar.
Bajo el calor sin par de este puerto, un batallón de mujeres garantizó la preparación de los alimentos que se repartieron tres veces al día. Aunque un fuerte temporal derrumbó un cobertizo en la madrugada del domingo y escaseó el agua potable, no hubo incidentes que lamentar.
El centro de las sesiones fue el Club Infantas, destinado por la empresa mixta de petróleos Ecopetrol a los trabajadores de su legendario sindicato, la Unión Sindical Obrera.
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En el balance central del encuentro se destaca la unión en la diferencia— de las tres grandes vertientes del movimiento por la paz en este país andino, donde la guerra civil esparce calaveras desde 1946.
También hubo consenso en que la salida militar no existe y la meta inmediata es la conformación de un movimiento nacional que discuta "la ruta" para terminar la guerra.
El diseño de "la ruta" será por consenso. Pero buscarán, como dijo a IPS Diego Pérez, asesor de la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base, "mecanismos para que el gobierno y la insurgencia hagan parte directa en este ejercicio de construcción".
En otras palabras, "estas organizaciones dicen: queremos estar presentes, ser actores importantes en la negociación. Estar ahí con nuestras propuestas y análisis", agregó.
Los tres movimientos están integrados, en distintas proporciones, mayormente por organizaciones indígenas, negras y campesinas, pero también por habitantes de las ciudades.
El primero es liderado por aborígenes que tomaron la iniciativa contra el conflicto armado interno con multitudinarias mingas (trabajo colectivo para el bien común).
El segundo, Marcha Patriótica, surgió con motivo del bicentenario de la independencia de Colombia y se hizo visible el año pasado, en torno a la fecha conmemorativa del 20 de julio.
Por entonces promovió movilizaciones en buena parte del país, en el momento más crítico de las relaciones entre Venezuela y Colombia, cuando el derechista Álvaro Uribe quemaba sus últimos cartuchos como presidente del país, semanas antes de dejar el cargo que había asumido en agosto de 2002. Buscan una nueva Constituyente.
El tercero, derivado de las mingas, se fundó en octubre en Bogotá, con asistencia de unas 10.000 personas, y lleva el nombre de Congreso de los Pueblos. Su intención es desarrollar una legislación propia, en favor de las comunidades.
El anfitrión logró esa unión: la organización Asociación Campesina del Valle del Cimitarra (ACVC), creada en 1996 y que reúne a 25.000 campesinos y pescadores de ocho municipios de la región del Magdalena Medio, ganadora en 2010 el Premio Nacional de Paz.
El destacado galardón colombiano reconoció en la ACVC una experiencia organizativa en defensa de la vida y el acceso a la justicia, de desarrollo sustentable por un hábitat digno y de resistencia civil para no abandonar sus tierras ni sumarse a los más de 4,5 millones de desplazados desde 1985.
"Decidimos realizar un encuentro donde pudiéramos, en primer lugar, visibilizar todas las experiencias como la ACVC. Porque en el país hay miles así, como la nuestra", indicó a IPS Mauricio Ramos, miembro de la Comisión Política de la ACVC.
Son comunidades que se han mantenido en el territorio, que han puesto muertos, presos, perseguidos o desplazados, pero que se sostuvieron orgánicamente, trabajando la tierra a contrapelo de señalamientos y amenazas, a veces a pesar de la incertidumbre que generan las políticas gubernamentales y las acciones de la guerra.
"El balance es positivo", agregó Ramos. "Logramos poner en evidencia cómo pudieron sortear la confrontación militar en los últimos tiempos el campesinado colombiano, los afrodescendientes y un sector muy importante de los indígenas", apuntó.
"Cómo hemos construido procesos organizativos, políticos y económicos ahí donde se está dando la confrontación en vivo", reiteró. "Mantenernos en el territorio, cómo hemos logrado dialogar con las fuerzas en contienda para que respeten los compromisos adquiridos con las comunidades", agregó.
"Porque hay compromisos comunidad-insurgencia, pero también los hay comunidad-Estado, incumplidos en la mayoría de los casos", advirtió. "Nosotros no creemos en la salida militar. Hoy esa opción está descartada". Esta afirmación de Ramos fue el denominador común en los testimonios vibrantes de hombres y mujeres del campo.
Aunque el gobierno de Juan Manuel Santos inicialmente se comprometió con el encuentro, a última hora desistió.
IPS conoció que desde dos días antes pidió a embajadores abstenerse de viajar a Barrancabermeja. Por la misma razón no aparecieron los juristas españoles Baltasar Garzón y Dolores Delgado, que tuvieron que dejar para otra ocasión su ponencia que exprofeso habían preparado sobre impunidad.
¿Qué pasó? Unos explican que el gobierno privilegia el soñado, pero siempre esquivo, triunfo militar sobre las guerrillas de izquierda surgidas en 1964 y que, por cierto, enviaron mensajes que el encuentro escuchó con atención y aplaudió.
Para otros, Santos cometió un error político.
Pero, según una fuente altamente confiable de IPS con acceso directo al presidente Juan Manuel Santos, éste está priorizando lo más difícil: neutralizar las fuerzas de ultraderecha que históricamente buscan abortar todo avance de paz.
Tampoco acudieron asociaciones de productores, que alcanzaron a figurar en los volantes impresos de la programación. En cambio, destacados intelectuales y activistas de paz, profundos conocedores de las realidades del campo, siguieron los acontecimientos con toda atención y hablaron luego con IPS.
