«Yo doy, tú das», dijeron a esta reportera las artesanas emberá que vendían sus adornos en una vereda de Bogotá: sólo aceptaron posar para una fotografía si antes les compraba unos aretes.
De los nativos que huyen de la guerra civil colombiana iniciada en 1964, los emberás se destacan por preferir ciudades. De ancestros nómadas, y presentes también en los territorios de Panamá y Ecuador, unos 300.000 viven en 17 de los 32 departamentos de Colombia, en especial en el oeste: Chocó, Antioquia, Caldas y Risaralda.
Son el grupo nativo de mayor dispersión territorial, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Los indígenas constituyen 3,5 por ciento de los 46 millones de colombianos. La inmensa mayoría continúan habitando recónditas zonas montañosas o selváticas, donde el conflicto interno produce asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado.
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Aunque no hay acuerdo entre expertos y autoridades sobre la cantidad de pueblos indígenas que subsisten, la ONIC se refiere a 102, de los cuales 87 cuentan con algún reconocimiento estatal.
En cambio sí hay acuerdo en que son indígenas dos por ciento del total de desplazados, aunque su cantidad neta también está en disputa. Para el gobierno, quienes huyeron por la violencia suman 3,7 millones de personas en todo el país, mientras la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento sostiene que entre 1985 y 2010 los desplazados sumaron a 5,2 millones.
Según su cultura y emplazamiento, los nativos escapan de la guerra en diversas direcciones: en las cordilleras buscan zonas más y más altas, en las selvas, lugares más inhóspitos, o se acercan a zonas urbanas cascos municipales y ciudades, como los emberás.
En Bogotá se estima que hay unos 900 emberás desplazados.
En este pueblo se distinguen cuatro familias: birá, katío, chamí y waunana. "Suma el emberá del alto (río) Andágueda, Chocó, con una segmentación lingüística", explicó a IPS el emberá chamí Gerardo Jumí.
Licenciado en ciencias sociales y con estudios de maestría en ciencia política, Jumí fue senador entre 2002 y 2006 y actualmente se desempeña como asesor del Programa Presidencial para Pueblos Indígenas.
Su trayectoria comenzó como docente en la escuela indígena de Dabeiba, municipio del noroccidental departamento de Antioquia, y conoce por tanto las raíces de la violencia que afecta a los emberás y que los empuja, sobre todo a los katíos, a las ciudades, donde muchos viven de limosnas.
Sin embargo, advirtió, "para ellos la limosna es caridad, y lo que hacen es un trabajo, porque no conocen el concepto de mendicidad", explicó Jumí, al resumir la historia que impulsó el desplazamiento katío en el siglo XX.
"Los emberás se asentaron en distintas regiones para sembrar y cuidar animales. Alrededor de los años 70, los katíos de Caldas (centro-oeste) encontraron oro, que les dio bienestar y riqueza, pero también violencia", narró Jumí.
Terratenientes del vecino departamento de Antioquia, apoyados por la policía, invadieron la zona, les quitaron la mina y tierras aledañas.
Después llegaron las guerrillas izquierdistas alzadas en 1964: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), seguidas más tarde por narcotraficantes y milicias paramilitares de derecha.
Los emberás, de naturaleza pacífica, intentaron defenderse con machetes, flechas y escopetas, pero su economía quedó diezmada y a la disputa se sumó el reclutamiento de sus jóvenes.
Y "ahora se habla de tráfico de personas y patrocinadores de la mendicidad", describió Jumí, en referencia a quienes los impulsan a esa actividad en los mismos lugares que habitan, las pensiones precarias conocidas como "pagadiarios".
El Ministerio del Interior ha investigado esta forma de explotación y tomado medidas contra algunos "patrocinadores", pero la situación es compleja.
Muchos emberás habitan "territorios sin presencia estatal, a los que se llega tras ocho o 15 días de camino monte adentro. Son pueblos que carecen de lo más elemental para la supervivencia humana", agregó Jumí. Pasan así de estar completamente aislados de la civilización occidental a llegar a ella desplazados y desconcertados.
En esos sitios hay "tanta violencia", y "el Estado es incapaz de hacer inversión pública", continuó.
Con todo, Jumí alberga esperanzas. El presidente Juan Manual Santos asistió en octubre de 2010 al II Congreso de la Nación Emberá, celebrado en el occidental Valle del Cauca, para reconocer la presencia de este pueblo y "enfatizar en el respeto y garantía de los derechos humanos, el diálogo y las consultas previas sobre hechos que nos afecten, como ordena la Constitución", describió.
Un tema fundamental fue "el retorno que merecen los emberás, idea que apoya la ONIC a la que pertenecemos, planteándose una corresponsabilidad política, moral y ética", dijo.
¿Se logrará este propósito? "Un líder debe ser optimista y no cejar en el empeño. El Estado tiene deudas históricas, y no ha cumplido los mandatos de la Constitución de 1991, ni importantes sentencias de la Corte Constitucional, que reconocen la autonomía de los pueblos indígenas y la consulta previa en decisiones que les afecten", aseveró.
Uno de los grandes avances de la carta magna fue dar rango constitucional al derecho a la propiedad colectiva de los territorios ancestrales y al autogobierno indígena dentro de ellos.
De 796 resguardos (territorios indígenas) existentes, se estima que 20 por ciento pertenecen a los emberás en distintos departamentos.
Pero, "en estos 20 años de vigencia de la Constitución, es cuando más asesinatos políticos se han cometido contra líderes indígenas. Y el Congreso legislativo archivó 18 proyectos de reordenamiento territorial. Por tanto, esto apenas empieza, en medio de grandes expectativas que motivan los compromisos del presidente Santos", sostuvo Jumí.
Más allá del conflicto, hay otras amenazas sobre los pueblos nativos, indicó Amnistía Internacional en un informe publicado el 5 de este mes con motivo de la conmemoración, este martes 9, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
El gobierno de Santos tiene entre sus prioridades echar a andar la "locomotora minera" en zonas que son también territorios nativos.
En Colombia "se cometen nuevamente violaciones y abusos con el fin de favorecer poderosos intereses económicos y menoscabar la capacidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes de oponerse al desarrollo de dichos proyectos en sus tierras", advirtió Amnistía.
La situación en buena parte del continente americano donde subsisten pueblos ancestrales, indica el reporte.
Es "falaz" la premisa de que "los proyectos de la industria extractiva o de otro tipo, que multiplican la riqueza y son, por tanto, favorables a los intereses nacionales, no deben verse 'obstruidos' por los pueblos indígenas, que son 'solo' una pequeña parte de la población", afirma el documento "Sacrificar los derechos en nombre del desarrollo Los pueblos indígenas de América bajo amenaza".
