«Acepto esta petición de perdón como signo de un tiempo nuevo en Colombia, en el que sea posible la participación democrática de todas las fuerzas políticas», pronunció el legislador izquierdista Iván Cepeda. Un estremecimiento recorrió las barras del Salón Elíptico del parlamento tras esas palabras.
Ante la plenaria de las dos cámaras legislativas reunidas el martes por la tarde en el abarrotado Salón Elíptico de la sede del Congreso y con transmisión televisada directa, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, reconoció en nombre de Colombia responsabilidad internacional por la acción material y omisión de agentes suyos en el crimen.
Vargas Lleras leyó partes de la sentencia dictada en mayo de 2010 por el máximo tribunal del sistema de la Organización de los Estados Americanos y que el gobierno anterior, del derechista Álvaro Uribe (2002-2010), se negó a acatar.
La ejecución de Cepeda fue cometida por agentes estatales, es decir por el Estado mismo, reconoció Vargas, y agregó que hechos así no pueden ocurrir "nunca más". "Ese es y debe ser nuestro compromiso inquebrantable", sentenció.
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La UP se fundó en 1985 como solución política en las negociaciones de paz del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), surgidas en 1964 de los rescoldos de la primera fase de la guerra civil colombiana, iniciada en 1946.
Pero de inmediato comenzó la matanza sistemática de integrantes de la nueva agrupación política legal en todo el país. El principal partido que la integraba era el Comunista, cuyo semanario Voz dirigió Cepeda durante 18 años.
Su ejecución extrajudicial "fue como una especie de golpe de gracia, después de casi 5.000 asesinatos, casi todos impunes, en un largo martirologio de los comunistas que aún no termina del todo", dijo en la ceremonia el actual director de Voz, Carlos Lozano.
Este fue el acto de contrición más solemne que se ha hecho hasta ahora y en los que el Estado colombiano es obligado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedir perdón a las víctimas de sicarios paramilitares de ultraderecha, hoy parcialmente desmovilizados, que trabajaron con sectores de la fuerza pública de seguridad.
Abundaron los sentimientos encontrados. Desde las barras, dos hombres exhibían en silencio hojas de papel común, con un letrero a mano: "Falta pedir perdón por 3.999 víctimas de la UP". El caso colectivo avanza ante la justicia interamericana. "Son un poco más. Como toda marcha larga, comienza con un paso", dijo a IPS el parlamentario Cepeda, hijo del dirigente de la UP asesinado en 1994.
Añadió que "va a ser muy difícil, después de este acto, que sigan persistiendo en esa explicación de justificación de que la matanza de la UP fue una acción de los narcotraficantes".
"El Estado ha reconocido que mató a Manuel Cepeda, que dejó en la impunidad ese crimen y que hizo todo lo posible para evitar un reconocimiento como el de hoy", puntualizó.
"Siento alegría, después de muchos años de dificultad. Porque en algo se ha resarcido el daño que se ha hecho. Por poder ayudar a que otras miles de personas que no han estado en esta sala hoy puedan ver una luz de esperanza en medio de todo esto", señaló.
Para la educadora jubilada Ruth Cepeda, hermana melliza de Manuel, el martes 9 fue "un día muy duro". "Esta mañana estuvimos visitándolo en el cementerio", comentó. Los dos eran tan unidos que hubo una época en que se enfermaban al mismo tiempo.
¿Siente consuelo? "No. Es como una esperanza. Es una mezcla de luz y de sombra al mismo tiempo, donde él va surgiendo. Lo que me asalta a veces es que no se cumpla todo lo que hoy se acaba de alcanzar, y que la gente ha recibido con tanto respeto. Es la única sombra", dijo Ruth Cepeda a IPS.
