Manifestantes de varias ciudades de la Unión Europea comienzan a seguir los pasos de los centenares de españoles que marchan hacia Bruselas, considerada la capital del bloque, en una creciente protesta contra los efectos de la crisis económica y las políticas de ajustes que se aplican para contrarrestarla.
La denominada Marcha Popular Indignada, iniciada el martes 26 por un puñado de personas en el kilómetro cero de Madrid, fue sumando adeptos con el reto de llegar a Bruselas el 8 de octubre, una semana antes de la manifestación mundial convocada por la plataforma Democracia Real Ya (DRY).
También tiene previsto pasar por París para apoyar la iniciativa Occupy Wall Street, orientada a combatir a Wall Street, el mercado de valores con sede en esa calle de Nueva York que esos activistas llaman la "Gomorra financiera de América".
Sobre estas movilizaciones, el académico español Raimundo Viejo, citado por la revista de la alianza canadiense Adbusters (rompeavisos) autora de varios de llamados anticomerciales, dijo que "el movimiento antiglobalización fue el primer paso y consistía en atacar al sistema como una manada de lobos liderados por un macho alfa".
"Ahora el modelo evolucionó y somos un gran enjambre de gente", afirmó.
En ese artículo, Adbusters reclama al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que encargue a una comisión de su gobierno la tarea de terminar con la influencia del sector financiero sobre los políticos. Además propone que adopte medidas para desmantelar al menos la mitad de bases militares que ese país tiene por todo el mundo y otras medidas democratizadoras.
Pero el Movimiento 15 de Mayo (15M), surgido en esa fecha con masivas concentraciones en plazas de las grandes ciudades de España en protesta contra el sistema político, económico y social, también cuestiona asuntos, considerados menores para la prensa internacional pero que golpean duro en este país, como la confiscación de propiedades a quienes no pueden pagar las hipotecas.
Es que ese sistema permite a los acreedores, además de quedarse con la propiedad, también iniciar juicios para cobrar lo que falta recibir de la hipoteca. Es decir que van por la deuda y lo que tenga el desprevenido deudor.
Las protestas de los también llamados indignados lograron paralizar varios de esos casos, evitando así que familias de escasos recursos fueran lanzadas a la calle, aunque el sistema sigue vigente y aplicándose día a día.
Al recibir a principios de semana un documento de los indignados, en el Parlamento español se acordó, de manera todavía no oficial, analizarlo después de agosto, cuando finaliza el clásico mes de vacaciones en este país y que, por lo tanto, está en receso.
De este modo, el desafío planteado por el 15M será una de las últimas tareas oficiales que encarará el presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, pues este viernes anunció que se anticiparán las elecciones generales para noviembre y que no presentará su nombre al nuevo legislativo para que lo reelija. Parlamentarios de izquierda, tanto del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como de la coalición Izquierda Unida (IU), creen impostergable encarar los reclamos de los indignados.
Aunque sostienen que es necesario hacerlo así por razones éticas, un dirigente de izquierda señaló a IPS que es posible que el centroderechista Partido Popular (PP) gane las elecciones de noviembre y que, de realizarse el análisis parlamentario en septiembre, el tema quedaría para la nueva legislatura, que tendría mayoría del PP. "Eso sería fatal para los indignados", precisó.
Todas las encuestas realizadas en 2010 y 2011 ubican al PP como mayoría en la intención de voto, bastante por encima del PSOE.
En el documento entregado al Parlamento, el 15M detalla incumplimientos de promesas electorales, pasividad ante la especulación y problemas no encarados en la agricultura, los servicios públicos y en el ambiente.
Entre los incumplimientos señalan que en las campañas para las tres últimas legislaturas los candidatos, que después gobernaron, prometieron construir un hospital comarcal en Alcañiz (Teruel), pero que ni siquiera se han iniciado las obras.
También se comprometieron a restringir los sueldos de los gobernantes como muestra de austeridad en medio de la crisis, pero señalan, a modo de ejemplo, que el alcalde de Nava del Rey, Valladolid, se subió el sueldo 238 por ciento, y que en La Gineta, Albacete, el regidor cobra 1.500 euros (2.160 dólares) al mes por sólo ocho horas semanales de dedicación al cargo.
Acerca de la especulación, mencionan el municipio de Calafell, en Tarragona, donde se construyó la urbanización más grande de Europa y pasó de tener 24.000 habitantes a más de 120.000 en solo dos años. También citan que en Jaén se cedió un terreno público para edificar un hospital, pero tampoco allí aún comenzaron las obras.
Otro tema que los indignados califican de "especulación fraudulenta" es lo ocurrido con el túnel de Guadarrama, que atraviesa las Sierras de Madrid y abre el camino hacia el norte de España. El compromiso oficial fue liberarlo del pago de peaje para 2012, pero ahora se postergó ese compromiso por medio siglo más.
En el sector agropecuario, el 15M se suma a lo que desde hace décadas reclaman los agricultores: que se impida el aumento de los precios que hacen los intermediarios y las cadenas de distribución de productos, porque si eso se mantiene ellos seguirán teniendo problemas para que su producción llegue al mercado internacional.
Un ejemplo es lo que ocurre en Teruel, donde los campesinos reciben como pago dos euros (2,90 dólares) por kilogramo de almendras, un producto que después en las grandes superficies comerciales se vende a los consumidores a 20 euros (casi 29 dólares) el kilogramo.
Sobre los servicios públicos destacan los atrasos en la atención de la salud de urgencia, la falta de pediatras y el cierre o privatización de centros educativos, la baja de presupuestos para actos culturales y los problemas de acceso a teléfonos e Internet en localidades pequeñas.
Acerca de cuestiones ambientales citan la mala gestión de los residuos y la falta de conservación de las zonas verdes, así como el apoyo a la construcción de plantas y cementerios nucleares.
Un tema muy de actualidad en ambiente, que critican, es el mantenimiento por la presidenta de la Comunidad de Madrid, la centroderechista Esperanza Aguirre, de su intención de privatizar el Canal de Isabel II, que abastece de agua a la capital.
Por último, pero no por ello considerado menos importante, los indignados critican la falta de protección del empleo, poniendo como ejemplo el de Castel de Cabra, en Teruel, un municipio en el que se cerraron minas que daban trabajo a 1.000 personas, las que fueron despedidas sin que nadie les ofreciera otros empleos.
Con estos antecedentes se puede apreciar como muy difícil la postulación del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba para suceder a Zapatero al frente del gobierno. En cambio, el que mira el futuro con mucho optimismo es el líder del PP, Mariano Rajoy.
