El fracaso de la dirigencia partidaria de Honduras para mediar ante conflictos de poderes erosionó la democracia y llevó al derrocamiento en 2009 del gobierno de Manuel Zelaya, concluyó la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Recomienda incorporar al sistema legal el juicio político a presidentes.
En el informe final titulado "Para que los hechos no se repitan" y presentado este jueves, la comisión creada hace 14 meses para analizar las causas del colapso del sistema institucional sostiene que "una cadena completa de desarreglos impidió una salida negociada de la crisis".
Al explicar la interrupción intempestiva del gobierno de Zelaya, el coordinador de la comisión conformada por personalidades internacionales, el guatemalteco Eduardo Stein, dijo que no hay dudas de que se trató de un golpe de Estado y no una sustitución legal del mandatario por decisión del parlamento, como justificaron entonces los responsables de la asonada.
Consecuentemente, afirma que el gobierno que le siguió de Roberto Micheletti fue ilegal y que las fuerzas de seguridad asesinaron en los días posteriores al menos a 12 personas en medio de una total impunidad.
Stein detalló cuatro razones que llevan a esa conclusión: Que la víctima fue el presidente del país, que el "perpetrador del golpe ejerció violencia o coerción" para que Zelaya abandonase su cargo, que las acciones fueron abruptas y rápidas, y, por último, que la destitución del mandatario se realizó en clara violación del procedimiento constitucional.
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"En tal sentido, consideramos que lo sucedido el 28 de junio de 2009 tiene las cuatro características indicadas, por lo cual fue un golpe de Estado al Poder Ejecutivo, porque los otros poderes del Estado quedaron intactos", afirmó.
En sus investigaciones, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sostuvo que la crisis política que culminó con el derrocamiento de Zelaya a punta de metralletas y su expulsión a Costa Rica se gestó en enero de ese año, cuando se verificó un enfrentamiento entre los poderes Legislativo y Ejecutivo por la elección de integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Se trataron de imponer candidatos que no estaban en la nómina presentada por una Junta Especial de Notables.
El informe agrega que funcionarios del gobierno de Zelaya habrían llegado a amenazar a legisladores con la ruptura del orden constitucional si no avalaban los nombres, siendo ese hecho uno de los momentos más duros de la confrontación entre poderes.
En la investigación de la Comisión también se comprobó que la supuesta renuncia de Zelaya a la Presidencia de Honduras fue falsa, tal como indica un dictamen forense del Ministerio Público (fiscalía), y que se registraron irregularidades de todo tipo en el nombramiento de su sucesor, Micheletti. Por ello, se confirma que éste presidió por seis meses un "gobierno de facto".
Stein dijo que el proceso de consulta para instalar una cuarta urna orientada a promover una asamblea constituyente marcó el punto definitivo e irreversible del enfrentamiento, que tuvo su desenlace en "la captura por orden judicial" del presidente Zelaya.
También puntualizó que las Fuerzas Armadas se extralimitaron al desterrarlo a Costa Rica porque la orden del juez fue ponerlo a la orden de un tribunal.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación señala que la consulta promovida por Zelaya fue declarada ilegal por un tribunal y que, pese a que otros organismos contralores del país advertían de la ilegalidad, el ahora ex mandatario hizo caso omiso a esas advertencias.
"Se ve claramente que la institucionalidad democrática no fue efectiva para resolver la crisis y evitar la salida violenta de Zelaya, no por falta de acciones y resoluciones tomadas, sino porque las decisiones de las autoridades fueron desconocidas y no fueron acatadas por el presidente José Manuel Zelaya", agrega el informe.
Indica, además, que Zelaya había llegado a un pacto con sectores de poder contrapuestos dos días antes del golpe de Estado para clausurar la cuarta urna y buscar así una salida negociada de la crisis. Sin embargo, grupos afines al mandatario, entre ellos medios de comunicación, sindicatos y dirigentes políticos le impidieron concretar el convenio con el desenlace sabido.
Julieta Castellanos, una de las comisionadas y rectora de la estatal Universidad Nacional Autónoma, dijo a IPS que el informe también incluye un capítulo sobre supuestos hechos de corrupción en el período de Zelaya y en el régimen de facto de Micheletti.
Informó que, si bien la fiscalía les entregó documentos de la presunta corrupción de Zelaya, no fue igual de eficaz con el presunto despilfarro de dinero por parte del gobierno de facto, cuyas denuncias son expuestas en el documento.
"Siento que es un informe bastante equilibrado, aunque es seguro que no gustará a los grupos radicales", apuntó. "Empero, nuestro propósito es que estos hechos no se repitan, y esperamos que las recomendaciones sean tomadas en cuenta, porque el Estado se debe a la ciudadanía", dijo Castellanos.
En cuanto a las violaciones de los derechos humanos, la Comisión cuestiona a las instituciones de justicia por no atender con diligencia y efectividad lo que considera un "exceso y abuso de la fuerza desproporcionada" por parte de la policía y los militares. Por eso pide reformular el papel de las Fuerzas Armadas en la Constitución, para sacarlas del ámbito de lo político.
Entre los principales derechos vulnerados en el golpe de Estado y durante el posterior gobierno de facto, se enumeran el de la vida, a la integridad, libertad y seguridad personales, y a la libertad de expresión e información, y sus repercusiones sobre la igualdad ante la justicia.
La Comisión detalla que al menos 12 personas murieron a manos de la policía y de militares, varias de las cuales ni siquiera habían participado en manifestaciones de protesta. Advierte que cerca de ocho opositores políticos podrían haber sido "asesinados selectivamente por agentes del Estado u otros perpetradores que aparentemente servían a la misma política estatal". Ante ello, demanda una investigación seria, la reparación de daños y que se pida perdón a los familiares de las víctimas.
Otro capítulo que centró el interés de los comisionados fue el papel de los medios de comunicación, incluidos sus propietarios y periodistas, a quienes propone incorporar en su estructura laboral la "cláusula de conciencia" y tener un mejor manejo ético y responsable de la información.
Los medios de comunicación tomaron posturas políticas e ideológicas a favor y en contra del golpe de Estado, deslegitimando así el derecho ciudadano a la información, puntualiza la Comisión. También se recomienda al gobierno no usar la publicidad oficial como premio y castigo, prohibir el abuso de las cadenas de prensa y no fomentar la corrupción en el periodismo.
Finalmente, la Comisión de la Verdad se refiere al papel de la comunidad internacional. Sostiene que el papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) minó la confianza en los sectores internos hondureños al no condenar la ilegalidad de la consulta de Zelaya, pese a que todas las instancias del Estado con competencia en el tema emitieron resoluciones desfavorables.
Si bien reaccionó ante la crisis institucional condenando el golpe de Estado, su bajo nivel de efectividad, al igual que el resto de la comunidad internacional, quedó evidenciado al no poder reinstalar a Zelaya en el cargo.
El informe de la Comisión tiene más de 1.000 páginas y cerca de 88 recomendaciones, entre las que propone la creación de una Sala de lo Constitucional, fortalecer los órganos de control, la autorregulación ética en la prensa, reformas políticas que permitan mayor participación ciudadana y el castigo a los responsables de las violaciones.
