«Todos son iguales y nunca cumplen, siempre ofrecen cambios y cambios y a la hora de la hora no se ve nada positivo», dice Moisés Tavico, un empleado hotelero del noroccidental municipio guatemalteco de Santa Cruz del Quiché, al cierre de la inscripción de candidatos para los comicios del 11 de septiembre.
Las palabras de este trabajador en conversación con IPS reflejan la decepción de miles de guatemaltecos que, en un ambiente electoral de violencia, amenazas a funcionarios y de incertidumbre, aguardan cautelosos el devenir de la campaña política para renovar autoridades y representantes.
Es que no es para menos. Según la Procuraduría de Derechos Humanos, más de 30 candidatos, familiares o allegados de ellos fueron asesinados en lo que va del proceso preelectoral, que se lanzó oficialmente el 3 de mayo con la apertura de inscripciones de aspirantes.
A la vez, funcionarios como Nora Segura, jefa de la Contraloría General de Cuentas, y María Eugenia Villagrán, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, denunciaron amenazas de los políticos que encontraron problemas para oficializar su candidatura a cargos electivos.
Algo más de siete millones de ciudadanos están habilitados para concurrir a las urnas el segundo domingo de septiembre para elegir presidente y vicepresidente de Guatemala por un período de cuatro años, 158 diputados al unicameral Congreso, 333 alcaldes municipales y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.
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Tavico será uno de los que acudirá a las urnas, porque, dice, aún guarda esperanzas de que la situación mejore. "La intención es lograr el cambio", admite, mientras observa un video musical del cantautor argentino Facundo Cabral, asesinado el 9 de este mes en la ciudad de Guatemala, un hecho que conmocionó al país y al mundo.
"¡¡Aaay Dios, la inseguridad!!, ya estamos acostumbrados", suspira como si se tratara de una historia sin fin, mientras confiesa que la economía del país tampoco anda bien. "Hay muy poco negocio, la gente ya no tiene las mismas posibilidades que antes para invertir o consumir", asegura.
Según una encuesta publicada por el matutino Prensa Libre en mayo, 66 por ciento de los entrevistados ubicó a la violencia como el mayor problema del país, seguida por el alto costo de la vida, con 11 por ciento, y el desempleo, con siete por ciento.
La mitad de los 14 millones de habitantes de Guatemala viven en la pobreza y 37 por ciento en la indigencia, mientras que entre 15 y 20 personas mueren a diario víctimas de la violencia ciudadana, cifras que lo convierten en uno de los países más desiguales y violentos del mundo, según organismos internacionales.
Con la oferta de revertir esta situación, 11 fórmulas presidenciales tramitaron sus expedientes ante el Tribunal Supremo Electoral para participar en la contienda.
Pero un nuevo ingrediente se sumó a este turbulento proceso. Las candidaturas de Sandra Torres, exesposa del presidente Álvaro Colom, y del ex pastor evangélico Harold Caballeros fueron rechazadas por el Registro de Ciudadanos, organismo estatal encargado de inscribir a los aspirantes.
Torres, de la agrupación socialdemócrata gobernante Unidad Nacional de la Esperanza, aparece en segundo lugar en las encuestas de intención de voto, y Caballeros, del derechista Visión Con Valores, le sigue en el tercero.
A la cabeza de las preferencias de los entrevistados en los sondeos, con más de 40 por ciento, se ubica el general retirado Otto Pérez Molina, del derechista Partido Patriota, mientras que Torres aparece por debajo del 15 por ciento.
La batalla legal de Torres y Caballeros sigue en busca de vencer la negativa del Registro, que consideró que ambos postulantes tienen prohibición constitucional para optar al cargo de presidente.
La razón fue que la Constitución nacional prohíbe en su artículo 186 la participación como candidata presidencial de la esposa del mandatario, así como de los ministros de cualquier religión o culto.
"Todos esos elementos son negativos, porque cada proceso electoral debería ser una oportunidad de oxigenar el sistema democrático", dijo a IPS Adrián Zapata, director del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala.
El experto se refirió, sobre todo, a la discusión jurídica que gira en torno a la inscripción de Torres y Caballeros. "Todos los actores sociales y políticos deben preparase para aceptar las decisiones que tomen las instituciones públicas, más allá de si están de acuerdo o no", puntualizó.
Y es que los ánimos están caldeados en el caso de Torres, cuyos seguidores iniciaron una serie de manifestaciones frente a las sedes judiciales del país para solicitar su inscripción, mientras que el tribunal electoral ha recibido amenazas hasta de colocación de bombas.
Estos hechos trajeron a la mente de la población la insólita inscripción en 2003 como candidato presidencial, pese a que la Constitución se lo prohibía, del general retirado Efraín Ríos Montt, quien comandó una dictadura de 1982 a 1983. El mismo artículo 186 reza que no puede optar a mandatario de Guatemala "el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado (…)".
Pero Ríos Montt, quien también es acusado de cometer genocidio y otros innumerables atropellos contra los derechos humanos en la lucha contra la insurgencia izquierdista (1960-1996), llamó a sus seguidores, quienes cual hordas tomaron la ciudad capital con palos y machetes con el fin de presionar a los tribunales de justicia para que permitieran su candidatura.
Al final, este militar ultraderechista pudo torcer la voluntad de la Corte de Constitucionalidad, que aprobó su postulación por cuatro votos contra tres con el argumento de que el artículo en cuestión fue aprobado en 1985, después de su dictadura, y por tanto no debía considerarse retroactivo. Pero lo que no pudo fue cambiar la voluntad popular, que lo rechazó en las urnas.
Marco Antonio Barahona, del no gubernamental Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, señaló a IPS que Guatemala "vive un proceso electoral en un contexto general de agravamiento de la situación social y política del país".
"La debilidad de las instituciones de gobierno y de los partidos políticos, el crecimiento del crimen organizado, la carencia de recursos del Estado y la incapacidad de generarlos a partir de acuerdos nacionales nos han traído a donde estamos", según el experto.
"Pero todavía estamos a tiempo de generar un clima favorable para que los ciudadanos puedan expresarse y canalizar sus simpatías por uno u otro candidato con la expectativa de que estos contribuyan a ordenar las cosas", dijo.
Este escenario también plantea oportunidades.
Álvaro Pop, de la organización indígena Naleb, palabra que en maya qeqchí significa sabiduría, indicó a IPS que la situación genera la necesidad de plantear "los cambios indispensables que necesita la ley electoral".
El financiamiento de los partidos políticos, la participación de jóvenes, mujeres e indígenas en las organizaciones políticas y el número de diputados son algunos de los temas que se deben abordar para fortalecer el sistema democrático, detalló Pop.
