Aunque en los últimos años se avanzó, la inmigración, la vivienda y los derechos homosexuales son en España grandes problemas pendientes y que expertos creen serán difícil resolver si, como prevén las encuestas, las próximas elecciones las gana el centroderechista Partido Popular (PP).
En plena crisis global de la economía, España mantiene una política que, según un informe del Migration Policy Group y del British Council, la convierte en "el primer país en inmigración en Europa", refiriéndose no específicamente a la cantidad de extranjeros sino al trato que se les proporciona.
No obstante, se debe tener presente que en los últimos meses se recortaron derechos de los inmigrantes, como la imposición de que aquellos que no tengan empleo no puedan legalizar su residencia y deban retornar a su país de origen.
Pero el PP considera insuficientes esa medidas y plantea que se impongan restricciones más firmes, tanto para impedir la llegada como para la expulsión de quienes lo hagan sin papeles, o sea sin haber tramitado previamente su derecho a residir en España.
A ese respecto, el líder y candidato del PP para las elecciones que se celebrarán en marzo de 2012, Mariano Rajoy, se comprometió a que se legalice la necesidad del contrato previo para que se puedan integrar los inmigrantes pues, subrayó, "no hay nada peor que la ausencia de integración".
Ese contrato impondría la obligación de cumplir las leyes, aprender el español, respetar valores y costumbres y sobre todo comprometerse a regresar a su país si se queda desocupado.
Matrimonio igualitario
Aunque España fue el tercer país, detrás de Holanda y Bélgica, en reconocer el matrimonio homosexual en el mundo, todavía hay demandas de ese sector social sin atender. Hoy se agregan a estos tres estados otros, como Argentina, que es el único en América Latina.
En Brasil, México y Uruguay se reconoce la unión civil de homosexuales, aunque aún no el matrimonio. En sentido totalmente opuesto a todo eso está Arabia Saudita, en el que una simple unión o emparejamiento (que desde luego no se puede hacer allí como matrimonio ni unión civil) lleva a la pareja a la condena a muerte.
El gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), apoyado por otros partidos minoritarios, impulsó una ley para esa legalización, ante la que el PP presentó un recurso al Tribunal Constitucional.
Sin una reforma de la Constitución, improbable a corto plazo, ese recurso puede prosperar, ya que la carta magna dispone que "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica", lo cual según juristas especializados excluye los matrimonios entre personas del mismo sexo.
La ley cuestionada, sobre la que antes de finalizar el año se pronunciará el Tribunal Constitucional, también incluye la sustitución en el Código Civil de las expresiones "marido y mujer" y "padre y madre", que sustituye por "cónyuges" y "progenitores". O sea que se igualarían en su totalidad los derechos de mujeres y hombres.
El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, fue contundente al rechazar la posición de la derecha, afirmando que el derecho de personas de un mismo sexo a contraer matrimonio.
"Es un derecho derivado del principio constitucional de igualdad y no discriminación por razón de sexo", apuntó. "El hecho de que sean personas del mismo sexo no cambia su objeto civil. No se puede confundir religión con ordenamiento jurídico", añadió.
Así como el PP recibió un sólido apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica, desde el PSOE, Izquierda Unida y las centrales sindicales, entre otros, le dieron críticas muy durísimas, sobre todo durante una manifestación celebrada el 2 de este mes y que colmó el centro de Madrid.
La socialista y secretaria de estado de Igualdad, Bibiana Aído, calificó a la apelación del PP ante el Tribunal Constitucional de "recurso vergonzoso", que en caso de aprobarse no solo impediría nuevos casamientos sino que afectaría a más de 20.000 bodas homosexuales contraídas desde que entró en vigor la ley, en 2005.
En la cabeza de la manifestación, además de Aído, estuvieron el diputado y secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, y los líderes de las dos centrales sindicales mayoritarias, Cándido Méndez, de la Unión General de Trabajadores, e Ignacio Fernández Toxo, de Comisiones Obreras.
Defensa de la vivienda
En estos días también se produjo una noticia positiva. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) suspendió por "motivos de orden público" el desahucio que se debía ejecutar de una familia cuya madre lleva varios meses desocupada, sin trabajo y con uno de sus hijos gravemente enfermo, sufriendo discapacidad física.
El desahucio respondió a una sanción de un juez haciendo caso al vendedor de la finca que inició juicio ante la falta de pago de las cuotas hipotecarias de la vivienda. Nada más conocerse que la policía acudió a la finca para desocuparla a la fuerza, tres centenares de personas se congregaron frente a la casa y los impidieron.
El joven abogado Rafael Mayoral, asesor de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, señaló que no solamente la crisis afecta, reduciendo horas extras en el sector de la construcción sino que también influyen negativamente abusos como exigir a los inmigrantes tener billete de regreso a su país al solicitar una hipoteca.
Y eso, añadió, es porque los bancos "buscan a la población más vulnerable para concederles hipotecas" y ante el impago quedarse con las propiedades.
