Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, secuestros y agresiones componen el pesado equipaje que se lleva de México la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la sudafricana Navi Pillay.
La visita iniciada el lunes por Pillay a este país finalizó este viernes tras entrevistarse a lo largo de esta semana con activistas, funcionarios gubernamentales y el propio presidente Felipe Calderón, para recabar información sobre la situación de los derechos humanos.
"No hay garantías para realizar nuestro trabajo. Es necesario poner sobre la mesa el tema de los defensores de derechos humanos", señaló a IPS la abogada Gabriela Morales, del Centro de Derechos Humanos del Migrante (CDHM).
Esa organización no gubernamental cerró a fines de junio, a causa de intimidaciones, el proyecto Iniciativa Frontera Norte, orientado a la atención a emigrantes mexicanos deportados de Estados Unidos y a inmigrantes centroamericanos en ruta hacia la potencia del Norte, en la norteña ciudad de Nuevo Laredo.
La historia de este proyecto, que también se ejecuta en las localidades de Tijuana, Agua Prieta y Ciudad Juárez, todas fronterizas con Estados Unidos, ejemplifica la riesgosa labor de los defensores de derechos humanos, acosados tanto por las bandas del crimen organizado como por agentes gubernamentales.
Desde 2005, fueron asesinados 27 activistas, según la gubernamental pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Dentro de la vorágine de violencia que acorrala a México se destacan los promotores de los derechos de los inmigrantes y de los pueblos indígenas, a los cuales se suman los periodistas.
Este año se registraron al menos siete casos de agresiones a defensores de los indocumentados, en comparación con los dos ocurridos entre octubre de 2009 y el mismo mes de 2010, según organizaciones de derechos humanos.
Asimismo, 73 periodistas fueron asesinados desde 2000 y 12 permanecen desaparecidos, según el recuento de la CNDH, cifras que convierten a México en el país más riesgoso para el ejercicio de la profesión en América Latina.
"Hay un alto número de agresiones cometido por agentes del Estado que no ha sido investigado, porque hay total impunidad", aseguró a IPS el director de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Juan Gutiérrez, quien se reunió con Pillay.
Luego de asumir la Presidencia en diciembre de 2006, Calderón desplegó al ejército para combatir a las organizaciones de narcotraficantes que se disputan las rutas de distribución de drogas ilegales hacia Estados Unidos, una campaña que provocó la muerte de más de 40.000 personas, según figuras gubernamentales.
Más de 45.000 soldados se hallan involucrados en la lucha contra las drogas. Desde su inicio, murieron 263 militares y 409 policías. La estrategia antimafias incrementó las violaciones a los derechos humanos, según las organizaciones no gubernamentales, que han pedido un viraje en ese modelo, a lo cual Calderón se ha negado.
De hecho, la CNDH recabó 5.055 quejas contra la Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional (Sedena) por abusos cometidos desde 2006.
En ese sentido, Pillay expresó el miércoles, durante una reunión con Calderón, que veía "con preocupación los crecientes informes sobre violaciones a los derechos humanos atribuidos a agentes del Estado en esta lucha en contra del crimen organizado".
"En los últimos años la situación de los derechos humanos en México se agravó, siendo que, si bien existen avances legislativos en cuanto a la homologación de tratados internacionales, no se acompañan de una política con perspectiva de derechos humanos y presupuesto adecuado para que sean una prioridad", cita un informe entregado a Pillay por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos".
La reforma de 11 artículos de la Constitución mexicana que obliga al Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar los atropellos fue promulgada en junio.
La administración calderonista aprovechó la gira de Pillay para decretar un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos, que incluye la emisión de medidas cautelares para activistas en riesgo. Pero para los aludidos, se trata de una política de simulación.
Cuando empezaron las amenazas, "pedimos medidas de protección, sin resultados. Las denuncias no son viables, por la falta de información" sobre los expedientes, según Morales, cuyo proyecto atendía diariamente a unas 50 personas.
Una de las mayores preocupaciones, ligada con la labor militar antidrogas, es la persistencia del fuero militar, una figura del código respectivo de 1933 que atañe a los efectivos que cometen delitos del orden común fuera de sus labores oficiales.
Condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el más alto tribunal regional adscrito a la Organización de los Estados Americanos, obligan a México a reformar esa disposición, cambio que no ha sido retomado por el Congreso legislativo.
"Hay un incumplimiento absoluto de las sentencias. No hay voluntad política para avanzar, no sabemos de investigaciones o condenas en este sexenio" por casos de tortura o malos tratos, según Gutiérrez.
Un total de 159 militares están bajo investigación por denuncias de abusos de autoridad, tortura y homicidios, otros 57 están bajo proceso y siete más fueron sentenciados, todos bajo la sombra del fuero militar, según datos de la Sedena.
Por ello, las organizaciones no gubernamentales humanitarias empujan la aprobación de una ley de reparación para las víctimas, una medida mencionada también por Pillay.
"Estoy particularmente preocupada con el cumplimiento de los derechos de las víctimas en relación con la seguridad, justicia y reparación", declaró la funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas, quien lanzó durante su gira la campaña "Declárate", en pro de la defensa de los derechos humanos.
"La frecuencia de violaciones a derechos humanos y el grado de incumplimiento es alarmante. El estado mexicano no da muestras concretas de la puesta en marcha de una verdadera política en materia de derechos humanos", destaca el documento elaborado por la Red Nacional, que aglutina a 72 organizaciones.
