«Primero me ataron los brazos y luego me echaron boca abajo. Los interrogadores alzaban mi cabeza tirándome del pelo y no dejaban de preguntarme: ¿Quién eres?».
"Me golpearon en todo el cuerpo. Me pegaron durante una o dos horas continuamente en la mañana, y otra vez en la tarde", contó Rahmi (no es su nombre real) a la organización Human Rights Watch (HRW) luego de ser liberado por las autoridades pakistaníes.
Un informe divulgado este jueves por HRW detalla una lista de abusos contra sospechosos de terrorismo y activistas por parte de los militares pakistaníes en la provincia sudoccidental de Balochistán. Está basada en entrevistas a más de 100 familiares de desaparecidos, defensores de los derechos humanos, abogados y testigos.
Sin excepción en los casos investigados por HRW, los liberados y sus familiares estuvieron dispuestos a hablar de las torturas y malos tratos que experimentaron.
Entre los métodos de tortura se incluían las golpizas, a veces con palos o cinturones de cuero, la privación de sueño, la práctica de colgar de cabeza a los detenidos y la de mantenerlos largas horas de pie.
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El informe, titulado "Podemos torturarte, matarte o tenerte por años", indica que las fuerzas de seguridad involucradas por lo general no daban razones de los arrestos.
Los principales detenidos eran los activistas nacionalistas de Balochistán.
HRW informó el asesinato de al menos 150 personas en toda la provincia solamente este año, la mayoría acusadas de insurgencia por los militares.
Desde 2005, grupos de derechos humanos locales e internacionales han registrado abusos en Balochistán, incluyendo torturas, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, desplazamientos forzados, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
Hillel Neuer, director ejecutivo de la organización no gubernamental UN Watch, había dicho en 2008 que "la falta de respeto de Pakistán a los derechos humanos se ajusta a su historial de votación en la ONU (Organización de las Naciones Unidas), oponiéndose a los mecanismos de protección a los derechos individuales".
"Fue Pakistán que lideró la última iniciativa para vaciar el mandato de libertad de expresión de su significado original, convirtiéndolo en un arma en manos de los estados contra los individuos que abusen de sus libertades", indicó.
En el fondo de esta situación hay una histórica tensión entre varias provincias pakistaníes y el gobierno central en Islamabad, que desea mantener el control de los recursos mineros.
El director para Asia de HRW, Brad Adams, explicó a IPS: "El Estado ha dado muy poco a la región (Balochistán). Muchas personas de otras partes de Pakistán llegan a la región y hacen ganancias con sus recursos. La discriminación hace que el dinero no termine en los bolsillos de los nativos" de la provincia.
La tensión derivó en dos intentos de asesinato al entonces presidente Pervez Musharraf en 2005 y 2006 durante sus visitas a la provincia.
La respuesta del gobierno fue una dura represión a los nacionalistas de Balochistán.
Expertos creen que los militares estarían detrás del asesinato en 2006 del líder tribal Nawab Akbar Khan Bugti y de 35 colaboradores, así como de la muerte de tres conocidos políticos de Balochistán en abril de 2009.
Consultado sobre el por qué Islamabad no ha detenido estos abusos, Adams sostuvo: "El gobierno pakistaní le tiene miedo al poder de sus propias fuerzas armadas".
"Creo que el gobierno vino con el objetivo de ayudar a la región, pero tiene poco control sobre sus militares y no los ha logrado convencer de que tomen otro camino", añadió.
"Sería bueno ver el fin de esas prácticas y eliminar esas políticas del gobierno" que discriminan a los habitantes de la provincia, sostuvo.
"También sería importante responder a las familias de las víctimas. No hay nada peor que no saber si tus seres queridos están vivos o muertos Muchas personas se sienten algo aliviadas aun si reciben la peor noticia, con tal de que signifique un cierre", agregó.
"También, me gustaría ver que se responsabilizara a los culpables", dijo.
