El simple rumor de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador analizaría derogar la Ley de Amnistía desató una crisis institucional que dejó en evidencia lo frágil que este país se encuentra a la hora de sanar las heridas que dejó la guerra.
Se desconoce quién propagó por los pasillos del Congreso legislativo la falsa noticia —la CSJ ha asegurado no tener planes de considerar una derogación—, pero ésta fue suficiente para desatar toda una crisis política.
Los diputados del Congreso y los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ mantienen ahora una lucha sin cuartel desde que el 2 de junio los primeros aprobaron el decreto 743 para obstaculizar la derogatoria de leyes polémicas como la de Amnistía y otras que han beneficiado por décadas a los partidos políticos.
La Ley de Amnistía fue aprobada por el Congreso en 1993 para perdonar los crímenes políticos cometidos durante la guerra civil (1980-1992).
Desde su sanción ha sido duramente cuestionada por defensores de los derechos humanos nacionales y extranjeros. Pero grupos de poder, militares y de derecha se han opuesto tenazmente siquiera a debatir su derogación.
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El decreto 743 obliga a que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la CSJ sean aprobadas por unanimidad de sus cinco jueces. Antes eran adoptadas por mayoría, y generalmente han sido cuatro los magistrados impulsores de resoluciones consideradas históricas, alejadas de influencias políticas o económicas.
En agosto de 2010, la CSJ declaró inconstitucional la transferencia de fondos de distintas carteras del Estado a la casa de gobierno, un mecanismo oscuro que alimentaba la llamada "partida secreta": recursos que el presidente de turno podía usar discrecionalmente.
Un mes después, hizo lo mismo con la protección que gozaban dueños y jefes de medios de comunicación, que podían difundir información que atentara contra el honor y la dignidad otros individuos, derechos protegidos por el artículo 2 de la carta magna.
También en 2010, la CSJ permitió la participación de candidatos independientes en elecciones de alcaldes y diputados, eliminó las llamadas listas cerradas y propuso unas abiertas en las que los electores verían las fotografías de los postulantes en las papeletas de votación y no sólo la bandera del partido.
Los diputados se molestaron por estos cambios y desde entonces comenzaron las fricciones entre los magistrados y el Congreso.
En virtud de una resolución de la CSJ, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ordenó el pasado 1 de julio la eliminación de su registro de dos fuerzas políticas históricas: el Partido de Conciliación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, por no haber alcanzado en los últimos comicios de 2004 el porcentaje mínimo requerido por el Código Electoral.
No obstante, procuran regresar al TSE con nuevos nombres.
"Por primera vez estamos viendo a una Sala de lo Constitucional independiente, que no está atada a los vaivenes políticos, y a esa independencia es a la que le temen los partidos políticos", dijo el analista Alfredo Mena Lagos.
Tras arduas negociaciones políticas, el Congreso nombró en julio del 2009 a los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, y por su trayectoria se sabía desde el principio que no estarían sumisos a los poderes económicos y políticos del país, como era habitual.
Clave para la aprobación del decreto fueron los votos de los congresistas de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), obedeciendo instrucciones de su máximo líder y ex presidente de la República, Alfredo Cristiani (1989-1994), quien tiene motivos personales para atajar cualquier intento de abolir la Ley de Amnistía.
Cristiani podría ser incluido en una lista de 20 personas acusadas de ordenar y ejecutar a seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en noviembre de 1989, en el marco de la más feroz ofensiva militar contra la guerrilla del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Como presidente, Cristiani era también comandante general de las Fuerzas Armadas, y hay reportes de que participó en una reunión en San Salvador donde la cúpula militar planificó el asesinato de los religiosos.
El juez de instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velásquez, ordenó el pasado 29 de mayo la captura de esos 20 militares, e Interpol tendría que cumplir la orden a través de la policía salvadoreña, pero las detenciones no se han realizado debido a la controversia en torno a si el brazo de la justicia española debía llegar tan lejos.
Sectores conservadores lo consideran una intromisión de España, y subrayan que Ley de Amnistía protege a los acusados.
El caso fue presentado en Madrid en 2008 por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), con sede en San Francisco, Estados Unidos.
El propio Cristiani reconoció que el temor a abolir la Ley de Amnistía fue lo que motivó a su partido a aprobar el decreto 743.
"Teníamos informaciones de una posible declaratoria inconstitucional de la Ley de Amnistía y, en ese sentido, nosotros consideramos que la votación que hizo la fracción (partido Arena) fue la correcta", señaló.
La abogada querellante del CJA, Almudena Bernabéu, dijo a medios locales que Cristiani continuaba "en la causa como encubridor". "Él no está procesado, está nombrado", aclaró.
Cuando el ex mandatario supo que la CSJ en realidad no estaba analizando la ley, se retractó y su partido pidió derogar el decreto, pero el gobernante FMLN, que cuenta con mayoría en el Congreso, se opuso, pues las resoluciones de la Corte también le afectan.
En octubre de 2000, la CSJ recibió un recurso de inconstitucionalidad y resolvió que la ley no transgredía la carta magna, aunque dejó abierta la posibilidad para, a criterio de cada juzgado, abrir expedientes en casos de lesa humanidad.
Por otro lado, una derogatoria de la ley no se aplicaría retroactivamente.
"Efectivamente, la derogatoria no anularía sus efectos. Por ello, se trata de invocar el derecho universal en cuanto a que hay delitos de violaciones a derechos humanos que no son ni amnistiables ni prescriptibles", dijo a IPS Loida Robles, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.
El presidente Mauricio Funes tenía la potestad legal de anular el decreto, pero lo terminó avalando con una rapidez inusual, en menos de 24 horas, lo cual ha sido interpretado por analistas como un contragolpe contra los magistrados de la CSJ que fallaron en contra de la "partida secreta".
Desde su llegada al gobierno, Funes dejó en claro que no intentaría presionar al Congreso para abolir la Ley de Amnistía, aduciendo que eso abriría las heridas de la guerra.
"Condenamos el actuar del presidente Esperábamos que vetara el decreto", agregó Robles.
Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, dijo a IPS que con la amnistía únicamente se ha garantizado la impunidad, y subrayó que en 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado salvadoreño para que la derogara.
"La Ley de Amnistía no debió existir jamás porque fue una planificación, elaboración y aprobación de la Asamblea Legislativa que tuvo el interés de proteger a los violadores de derechos humanos", sostuvo Montenegro.
