El poderoso Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en el sudoeste de Colombia, convocó una minga (trabajo colectivo para el bien común) para poner «freno a la militarización promovida por el ejército y las FARC», la añeja guerrilla izquierdista que el 9 de este mes atacó seis pueblos nativos.
"Los niños indígenas están aterrorizados. Para ir a la escuela les salen por el camino actores armados que no se sabe qué son, si el ejército, guerrilla o paramilitares (grupos irregulares contrainsurgentes de ultraderecha)", señaló Tote.
"Los aterrorizan los uniformes, las armas, los tiros, los helicópteros, los aviones", añadió.
"Estamos en alerta, en asamblea permanente", dijo, lo cual significa "estar juntos con nuestros familiares, nuestros hijos
".
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Tote adelantó que la "minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra" partirá en unos ocho a 15 días y recorrerá el territorio indígena ocupado.
Su primera misión es desmontar de en medio de la población civil las trincheras y bases de la policía y el ejército y los campamentos de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
"No queremos darle ventaja militar a ninguno de los bandos, sino defender la vida y la autonomía de las comunidades", advierte el CRIC en un documento con un fuerte pronunciamiento conocido el jueves, pero fechado en la víspera, es decir el 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia.
"Esperamos que ambos actores entiendan que nuestro propósito es esencialmente humanitario. Llamamos a nuestros amigos y amigas para que así se lo hagan entender al gobierno y a las FARC", agrega el CRIC.
Unos 6.000 indígenas se reunieron en audiencia, el miércoles y el jueves, con la junta directiva regional del CRIC en Toribío, capital del pueblo nasa trepada sobre la Cordillera Central de los Andes en el norte caucano.
El municipio está formado por resguardos reconocidos por las autoridades coloniales españolas desde 1702 y en los cuales hoy viven unas 28.000 personas, 90 por ciento de ellas indígenas nasa.
Fue en Toribío, donde en 1910 el líder indígena Quintín Lame se enfrentó a los terratenientes del Cauca por la tenencia de tierras. También donde se creó el CRIC en 1971 y se definieron sus derroteros: "unidad, tierra y cultura".
El cura párroco católico del lugar desde 1977 y hasta su asesinato en 1984 fue el indígena Álvaro Ulcué, promotor en 1980 del Proyecto Nasa como instrumento comunitario para el desarrollo integral, que ha ganado reconocimientos internacionales en gobernabilidad local y lucha contra la pobreza.
Un poco más al norte y al oriente, al otro lado del filo de la cordillera, se libra una batalla gigantesca pues, según el gobierno, allí está el cuartel general de "Alfonso Cano", actual comandante en jefe de las FARC.
El 9 de este mes era día de mercado y unas 1.500 personas bullían en la plaza de Toribío. De pronto, muy cerca comenzó un recio cruce de disparos. Se escuchó una fuerte explosión que tenía su epicentro en la calle siguiente a la plaza por el costado norte, a espaldas de la parroquia donde unos 40 feligreses participaban de una misa.
Del cielo prístino llovieron esa mañana, en un radio de 400 metros y a gran velocidad, trozos de metal: pedazos de cilindros metálicos de gas, el parachoques de un bus rural, la transmisión del enorme vehículo voló 70 metros y se incrustó en la pared de la casa cural.
Es que la explosión provino de un autobús cargado de cilindros de gas que la guerrilla aparentemente dejó rodar desde la sede del Proyecto Nasa hasta la estación de policía, una cuadra falda abajo y que es una fortaleza de cemento. Por eso el edificio apenas sufrió rasguños.
Adicionalmente, las FARC lanzaron explosivos "que cayeron en lugares con amplia presencia de población civil". La guerrilla no midió "la magnitud del daño", dijo un portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que acudió al lugar tras el ataque de las FARC.
"No sabíamos para dónde correr", relató la gente de Toribío a los agentes humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas.
Una hora y media duró el ataque de esta guerrilla izquierdista surgida en 1964 en la misma región inexpugnable donde las fuerzas de seguridad del Estado persiguen en la actualidad a Cano.
"Uno no se explica cómo en la plaza solamente murió el carnicero Jesús Muñoz", dijo a IPS Henry Caballero, administrador de empresas que estaba trabajando en la oficina del Proyecto Nasa y que por casualidad no fue herido por los vidrios destrozados.
"Era de esperar que muriera más gente en la plaza, porque estaba llena", agregó. Perecieron tres civiles y un policía, mientras que otras 122 personas resultaron heridas.
El ataque destruyó 27 viviendas civiles y averió otras 433, así como la iglesia. Además quedaron sin clases 1.175 alumnos por lo dañada que quedó la escuela a la que concurren y el único banco del poblado fue destruido.
"No puede haber ninguna justificación para tanto desprecio por los seres humanos y por un proceso político que ha dado muestras indudables de construcción de dignidad, democracia, autonomía y justicia social", dice el documento del CRIC.
Se agrega en el texto que los nativos sienten "esta agresión como un ataque contra todos los pueblos indígenas" ( ) y por eso "entendemos que han tumbado la casa de cada uno de nosotros y nosotras, que la lluvia y el frío sentido estos días por ausencia de techo lo hemos sentido en cada resguardo indígena del Cauca".
"Si no detenemos esta guerra, el país asistirá a una terrible masacre de civiles y a la destrucción de buena parte del proyecto político pacífico y democrático que los indígenas hemos parido con gran esfuerzo durante años", prevé el CRIC.
Según el reporte de mitad de año de la no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris, el Cauca es una de las cinco regiones donde se ha profundizado el enfrentamiento armado interno y la fuerza pública habría "adoptado estrategias defensivas".
En el Norte del Cauca ya hay casi 15.000 efectivos militares y el jueves se anunció otro incremento del pie de fuerza. Ante ello, las FARC, según los indígenas, están desplazando tropas de otras regiones hacia ese lugar y recrudecieron el reclutamiento de menores y milicianos.
Mientras, "el Estado ha subordinado la ley y sus propios intereses económicos al sostenimiento de una guerra y de las mafias económico-militares que la promueven", afirma el CRIC.
"Para la insurgencia ya no se trata de tener una fuerza armada para defender un proyecto político, sino de destruir todos los proyectos políticos, incluido el de ellos, con el propósito de mantener el aparato militar", se sostiene en el documento.
"Cada actor de la guerra viola el derecho humanitario de manera consciente, bajo el argumento de que el otro ya lo había hecho", denuncian los indígenas.
La Minga incluye una comisión humanitaria conformada por mujeres, ancianos y exgobernadores indígenas que presentará directamente a ambos bandos los puntos de vista de la Autoridad Indígena, reconocida constitucionalmente como autoridad estatal en sus territorios. FIN/IPS/cv/dm/hd ip vt pr/cb sl la/11
