El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia estaba bajo la autoridad del entonces presidente Álvaro Uribe y «no es posible pensar que éste no sabía» de las actividades ilegales de esa agencia de inteligencia, dijo Isabelle Durant, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo.
El organigrama institucional indica que la agencia de inteligencia civil DAS depende directamente de Presidencia de la República. Sin embargo, Uribe se escuda en que no tuvo conocimiento de las actividades extralegales de sus subalternos.
Documentos incautados al DAS en febrero de 2009 prueban operaciones secretas denominadas "Europa" y "Transmilenio", adelantadas por ese organismo parcialmente en territorio europeo y contra ciudadanos de ese continente.
"Lo que se entiende ahora es que es un sistema que se inventó y funcionó bajo la cúpula de la Presidencia", puntualizó Durant, en la rueda de prensa que realizó este viernes en Bogotá al término de su visita al país.
"Por ahora estamos demandando información. Después veremos qué pasos tomar", respondió la diputada a una pregunta de IPS.
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Durant, miembro del grupo parlamentario europeo del Partido Verde, visitó cuatro días este país andino invitada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Su apretada agenda incluyó entrevistas con el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Humberto Tarquino, además de la Fiscalía General, el ministerio público (Procuraduría General de la Nación), la cancillería y el propio cuestionado DAS.
También mantuvo temprano el mismo viernes una reunión con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Luego dialogó con algunas víctimas del DAS y sus defensores, también "blancos" del DAS, miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
"Toda la gente con la que me he reunido, todos denuncian la desviación del objeto legal del DAS", declaró Durant.
"No se trata solo de amenazas e infiltración de personas", agregó, sino que la información recolectada fue "utilizada de manera inaceptable para influenciar la agenda política".
"La Corte Suprema fue infiltrada, lo que para mí es increíble", expresó. "Está claro que esta infiltración se inició cuando comenzó a investigar los lazos entre parlamentarios y paramilitares", donde resultó involucrada la tercera parte del parlamento, casi todos oficialistas.
Durant manifestó preocupación porque exagentes del DAS que hablaron "se sienten en peligro", dijo, son testigos que "saben que si dicen todo lo que saben sufrirían sus familias" y pidió mejorar la seguridad para ellos tanto como para las víctimas y sus abogados.
Un objetivo del viaje de esta política belga fue "poner presión política" para que las autoridades colombianas aclaren los hechos y establezcan responsabilidades, "y al mismo tiempo dar tiempo a la justicia", como señaló.
Al respecto, se mostró satisfecha porque dijo haber encontrado "voluntad política" en la Fiscalía "para llegar al fondo en este caso. Pero se necesitan recursos para fortalecer el aparato judicial", advirtió, tanto en el área administrativa como penal.
Si el gobierno colombiano quiere "hacer un test de credibilidad en el caso DAS, debe dar todos los recursos posibles a la fiscalía", subrayó.
"He encontrado gente realmente comprometida y con mucha voluntad para llegar al fondo de la investigación", agregó. Sin embargo, se preguntó "por qué no se ha constituido una comisión judicial específica" para investigar el caso DAS.
"El caso avanza tanto en lo administrativo (a cargo de la Procuraduría) como en lo penal", dijo, unos procesos han terminado y otros están en camino, "pero aún falta y hay problemas", señaló al referirse a que, a instancias de su exjefe Uribe, la entonces directora del DAS, Pilar Hurtado, obtuvo asilo político en Panamá.
"También hay otros (testigos) que no quieren hablar", advirtió Durant.
En mayo, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo pidió a las autoridades colombianas que aclaren los hechos y establezcan responsabilidades en torno a la persecución del DAS en Europa y en Colombia.
"Hay decenas de víctimas europeas. Hay un proceso abierto en Bélgica, otro en España y hay demandas de los órganos de justicia de estos países que no han sido respondidas todavía por las autoridades colombianas", indicó a IPS Luis Guillermo Pérez, secretario general de la FIDH y abogado del Cajar.
"Pensemos de buena fe que se trata de problemas burocráticos internos y no de ningún interés en obstaculizar esa colaboración", comentó.
"A ella (Durant) le preocupa que, frente a la dimensión y gravedad del caso, no haya más empeño del Estado para individualizar y sancionar a los máximos responsables, e impedir, por ejemplo, que personas como Hurtado huyeran del país", agregó Pérez.
Por la cacería del DAS están investigadas actualmente más de 35 personas. Varias de ellas están detenidas.
En la Cámara de Representantes (cámara baja del parlamento) avanza tortuosamente un proceso contra Uribe en la Comisión de Acusaciones, competente para investigar penalmente a los jefes y exjefes de Estado.
El Cajar es crítico con este mecanismo político: sus investigaciones, dijo Pérez, "constituyen más que acciones en justicia, acciones políticas para impedir la verdad".
Pérez denunció falsedades procesales, falta de voluntad por parte de la Comisión para permitir el ingreso de las víctimas al salón donde se desarrolló la primera audiencia contra Uribe a mediados de junio y, además, la continuación de agresiones por parte del expresidente contra el Cajar, concretamente el 8 de julio vía Twitter.
El grupo defensor de derechos humanos denunció penalmente ante la Corte Suprema de Justicia a todos los parlamentarios miembros de la Comisión y mantiene presión para que las víctimas puedan interrogar a Uribe durante las audiencias.
