El empresariado australiano no ve con buenos ojos la iniciativa del gobierno para reducir futuras emisiones de dióxido de carbono, que consiste en aplicar un gravamen sobre cada tonelada de gases contaminantes liberados por los cientos de grandes contaminadores del país.
"La mayoría de los australianos coinciden en que nuestro clima está cambiando. Eso tiene consecuencias negativas sobre el ambiente y la economía, por lo que el gobierno debe actuar", declaró la primera ministra Julia Gillard, en un discurso televisado el 10 de este mes, horas después de que fuera anunciado el plan.
El gravamen es el primer paso de una iniciativa que, según sus defensores, permitirá que Australia disminuya sus emisiones de gases invernadero en 80 por ciento, comparado con los niveles registrados en 2000, un aumento respecto del objetivo anterior que fue de 60 por ciento.
Australia libera 1,47 por ciento de gases invernadero, parecido a Irán y Francia, según datos de 2005 del World Resources Institute (instituto mundial de recursos), el último año del que se tengan registros.
Pese a los datos hay acalorados debates sobre cómo Australia debe reducir sus emisiones de dióxido de carbono, si es que debe haberlo.
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Hubo protestas contra la medida y cuestionamientos sobre la responsabilidad de la actividad humana en el recalentamiento global en numerosas ciudades australianas en los últimos meses, así como manifestaciones en otras áreas en reclamo de medidas de mayor impacto al gobierno.
Especialistas en cuestiones climáticas de importantes universidades denunciaron haber recibido amenazas de muerte y llamadas telefónicas insultantes.
Gillard fue criticada por no cumplir su promesa electoral de que no habría impuestos al carbono durante su gobierno.
Las explicaciones ofrecidas por la primera mujer al frente del país no parecen haber satisfecho a todos el espectro político y social.
El Partido Laborista de Gillard no obtuvo los asientos parlamentarios necesarios para formar gobierno en 2010 y debió aliarse con el Partido Verde y dos legisladores independientes.
Los sondeos de opinión indican que el gobierno perdería las elecciones si fueran ahora.
Pero el plan está en marcha y un parlamento favorable aprobará la normamativa en los próximos meses.
La iniciativa prevé que las 500 empresas más contaminantes paguen poco más de 24 dólares por cada tonelada liberada a la atmósfera a partir de julio de 2012.
El monto se fijará para los primeros tres años, luego el precio por tonelada dependerá de un sistema dependiente del mercado. En el marco de un programa de comercio de emisiones, las compañías podrán comprar y vender permisos de emanaciones en una segunda etapa de la estrategia.
El objetivo general del plan es que los grandes contaminantes adquieran tecnología más limpia haciendo que sea cada vez más caro liberar gases tóxicos al tiempo que se da un fuerte impulso a las energías renovables.
El Estado invertirá 10.600 millones de dólares en tecnología para generar energía limpia. Además creó la independiente Agencia Australiana de Energía Renovable (Arena, por sus siglas en inglés), que se encargará de proyectos de investigación y desarrollo de fuentes alternativas como solar, geotérmica y biocombustibles.
"Es obvio desde hace años que los programas de energía renovable en Australia son un desastre de propuestas mal diseñadas sujetas a normas cambiantes y a cronogramas antojadizos de los ministros", señaló la senadora Christine Milne, del Partido verde, en conferencia de prensa tras el anuncio del gobierno.
"Al poner todos los programas bajo la égida de la independiente Arena, por fin podremos dar a la industria el apoyo consistente y sistemático que necesita para hacer frente a la tecnología arraigada dependiente del carbón", añadió Milne, quien tuvo una gran participación en el diseño del plan en tanto que una de las vicepresidentas de la Comisión Multipartidaria de Cambio Climático, de siete miembros, creada en septiembre de 2010.
La industria del carbón es muy grande aquí, donde se encuentra 10 por ciento de las reservas mundiales.
Australia es el cuarto productor mundial de carbón, detrás de China, Estados Unidos e India, pero el exportador más prolífico pues cubre 27 por ciento de la demanda global. Ochenta y tres por ciento de la electricidad generada en el país depende de la quema de ese combustible.
El plan del gobierno también se compromete a cerrar las centrales eléctricas a carbón más grandes para 2020. El fondo de 1.380 millones de dólares creado para compensar a los trabajadores por la anticipada pérdida de fuentes de empleo, en el marco de un paquete de asistencia de 9.800 millones de dólares para las industrias afectadas por el programa de tres años, contó con la rotunda oposición del sector.
"La industria carbonera fue la que protegió a Australia de la gran recesión causada por la crisis financiera global, un hecho reconocido por la mayoría de los economistas", señaló Ralph Hillman, director ejecutivo de la Asociación Australiana de Carbón.
"Es la mayor industria de exportación del país y contribuye con 3,5 por ciento al crecimiento económico de la nación", añadió.
"Debemos aprovechar la oportunidad histórica única que ofrece la industrialización de China e India para maximizar los ingresos derivados de nuestras riquezas. El impuesto al carbón atentará contra esa posibilidad. Otros países nos sacarán el lugar, se quedarán con los beneficios y elevarán las emisiones al cielo", Hillman.
