La construcción del segundo tramo del tren eléctrico de la capital peruana, con un costo estimado de 583 millones de dólares, desató un feroz enfrentamiento entre las cuatro grandes empresas brasileñas que operan en el país.
Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao le pidieron al saliente gobierno de Alan García que anule la licitación que otorgó a Odebrecht para completar el tren urbano. Las cuatro firmas constituyen un oligopolio de construcción de grandes obras en América Latina y África, muchas veces financiadas por el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES).
Las tres primeras comparten el argumento de que los funcionarios de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), a cargo del proceso de licitación, cometieron graves irregularidades con la finalidad de favorecer a su connacional Constructora Norberto Odebrecht SA, responsable de la construcción del primer tramo.
En un informe despachado al ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, y a la presidenta de la Comisión de Transportes del parlamento, Janeth Cajahuanca, Andrade Gutiérrez, por un lado, y Camargo Correa y Queiroz Galvao, por otro, afirman que Odebrecht incumplió con las exigencias técnicas para la realización de la obra pública.
García entregó en 2008 a un consorcio compuesto por Odebrecht, de capital mayoritario, y la peruana Graña y Montero, la construcción del primer tramo del Tren Eléctrico, un proyecto muy estimado por el mandatario, ya que no pudo concluirlo en su primer gobierno (1985-1990) por un escándalo de corrupción y la crisis económica que se abatió entonces sobre el país.
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Hasta el momento, esa parte de la obra demandó al Estado un desembolso de 434,7 millones de dólares, según fuentes estatales.
"Resulta de interés nacional poner en su conocimiento los serios vicios e irregularidades con que el comité encargado de la licitación ( ) ha conducido la evaluación técnica de las propuestas ofertadas, lo que debería acarrear la anulación de todo el proceso", escribió Ricardo Unzueta, representante de Andrade Gutiérrez, en una carta al ministro Cornejo fechada el 17 de este mes.
"Sólo así se evitará el serio perjuicio que sufriría el Estado peruano y el nefasto precedente que ello significaría, de respaldarse actuaciones tan negligentes, arbitrarias e irresponsables", advirtió Unzueta en la misiva, a la que tuvo acceso IPS.
Según Andrade Gutiérrez, las autoridades que otorgaron esta última licitación vulneraron los principios de transparencia, trato justo e igualitario, imparcialidad, libre competencia, moralidad, razonabilidad y vigencia tecnológica.
El consorcio Metro San Juan, integrado por Camargo Correa y Queiroz Galvao, la italiana Astaldi y la peruana Cosapi, se sumó a la petición de Andrade Gutiérrez para anular la licitación otorgada a Odebrecht.
El representante del Metro San Juan, Alberto Ravaglia, también dirigió un escrito a Cornejo para quejarse de la falta de transparencia en este caso.
"El comité de licitación ha incurrido en una serie de irregularidades durante el proceso de selección, de una parte omitiendo calificar diversos aspectos de nuestra propuesta, y de otra parte obviando considerar una serie de aspectos de la propuesto del consorcio Tren Eléctrico (Odebrecht) que inevitablemente hubieran determinado su descalificación inmediata", explica Ravaglia en la presentación escrita entregada el 20 de este mes al ministro.
"Estamos tranquilos. La queja de Andrade Gutiérrez está fuera del proceso de licitación. Nosotros, en cambio, seguimos los canales formales. Respetamos las normas. Cumplimos con las exigencias técnicas y seguimos adelante", señaló a IPS el gerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht, Ricardo Cebrecos.
"Suponemos que las autoridades peruanas rechazarán la petición, porque está fuera de las normas", resaltó.
La constructora Odebrecht encabeza la lista de empresas brasileñas que firmaron millonarios contratos con el Estado peruano, según el Ministerio de Economía y Finanzas.
En los cuatro años de gobierno de García, se contrató a Odebrecht individualmente por un promedio de 53,3 millones de dólares anuales.
En el mismo periodo, esa empresa en consorcio con otras, la mayoría peruanas, cobró 1.143,7 millones de dólares al año por la construcción del segundo y tercer tramo de la carretera Interoceánica Sur, que une la costa peruana con la frontera amazónica de Brasil, y otros 484,8 millones de dólares por la carretera que conecta a la costa norteña con la selva nororiental.
A estas cifras se debe sumar los 87,4 millones de dólares que el Estado pagó por año a Odebrecht por el proyecto Olmos, una impresionante obra de ingeniería para un trasvase hídrico en el norte del país.
Odebrecht es de todas las corporaciones brasileñas, por lejos la que más acapara construcciones de obras públicas en el periodo de gobierno de García.
En el mismo periodo, Andrade Gutiérrez facturó 600 millones de dólares anuales, mientras que Camargo Correa sumó 409,9 millones y Queiroz Galvao 10,1 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas.
En una ocasión, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao formaron un consorcio para la construcción del tramo Azángaro-Inambari de la Carretera Interoceánica del Sur. Facturaron al gobierno de García 313,4 millones de dólares por dicha obra.
Es la primera vez que las tres compañías brasileñas coinciden en pedir al gobierno peruano en anular una licitación que favorece a una compatriota suya, Odebrecht.
El director ejecutivo de la AATE, Oswaldo Plasencia, descartó que la licitación para el segundo tramo del Tren Eléctrico haya sido manipulada con el fin de ayudar a Odrebrecht.
"Las empresas, si tienen evidencias de irregularidades, deberían recurrir ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Pero no lo hacen porque no tienen la manera de fundamentar sus acusaciones", dijo Plasencia a IPS.
"Sus argumentos son tinterilladas. Se basan en especulaciones. El proceso ha sido limpio, transparente, con la participación de personas idóneas e independientes. Me sorprende la conducta de empresas de esa envergadura", apuntó.
Por su parte, la legisladora Cajahuanca afirmó que ya no tiene tiempo para investigar el caso porque el 28 de julio debe abandonar el parlamento. "Serán los nuevos legisladores los que tendrían que ocuparse del caso", dijo a IPS.
