Las restricciones israelíes a la entrega de asistencia internacional a los palestinos pobres les cuestan a las organizaciones humanitarias casi cinco millones de dólares anuales, que salen de los bolsillos de contribuyentes de Europa y Estados Unidos.
Estas medidas también impactan severamente en la capacidad de las organizaciones no gubernamentales y otras entidades internacionales de llevar a cabo su trabajo, obligando a los activistas a ayudar de formas menos efectivas a los más vulnerables en los territorios ocupados por Israel.
Las particularmente afectadas son las comunidades más pobres de la franja de Gaza, pero las de Cisjordania también sufren las consecuencias de las restricciones.
Éstas "están efectivamente robando a la población de Gaza una posibilidad real de recuperación. Casi 80 por ciento de los gazatíes dependen de la asistencia humanitaria, y nuestro tiempo y dinero se despilfarran porque no podemos hacer que nuestro personal y los materiales necesarios entren y salgan de Gaza de modo consistente o eficiente", declaró a IPS Kathy Joubeh, directora de programas en Medical Aid for Palestinians (MAP, Asistencia Médica para los Palestinos).
MAP es una de las decenas de organizaciones humanitarias que integran la Asociación de Agencias Internacionales de Desarrollo (AIDA), cuyo informe "Restricting Aid: The Challenges of Delivering Aid in the Occupied Palestinian Territory" (Restringiendo la asistencia: Los desafíos de entregar asistencia en los territorios palestinos ocupados) detalló las dificultades que le cuestan a la organización cinco millones de dólares extra al año.
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Una de las organizaciones de asistencia en Gaza se retiró de proyectos de agua y saneamiento en 2008 debido a la restricción a la circulación de bienes y personas. Otra entidad reportó demoras de entre ocho y 12 meses para hacer ingresar cañerías a la franja.
Otras cinco organizaciones informaron retrasos de hasta seis meses en la importación de equipamiento médico y agrícola, arbustos, herramientas, libros, juguetes, bombas de agua móviles y paquetes de alimentos.
Los integrantes de AIDA también señalan que su capacidad de realizar programas de desarrollo sustentable se reduce debido a las restricciones en las comparas y en el tipo y cantidad de materiales que pueden entrar a Gaza.
Severas limitaciones al ingreso de materiales de la construcción significó que, en vez de centrarse en reconstruir casas y redes de agua y saneamiento destruidas durante los últimos ataques militares contra la franja, muchas agencias y donantes se dedicaran a brindar ayuda psicosocial a niñas, niños y familias.
El valle del Jordán y el área C de Cisjordania, que están bajo total control de Israel, también enfrentan restricciones de las autoridades civiles y militares de ese país a las mejoras en la infraestructura, lo que ha obligado a miembros de AIDA a centrarse en proyectos humanitarios a más corto plazo, en vez de en más programas de desarrollo sustentable.
"En este momento hay importantes obstáculos para adoptar incluso medidas simples que puedan mejorar las vidas de niñas, niños y sus familias en áreas que han quedado aisladas de centros sanitarios, escuelas y tierra agrícola necesaria para ganarse el sustento. No es aceptable entregar asistencia solamente en los lugares donde nos permiten entrar. La asistencia debería llegar allí donde la gente más la necesita", dijo Salam Kanaan, director de país en Save the Children.
Además, el personal enfrenta severas restricciones a su circulación, lo que incluye que le nieguen el acceso y los permisos para realizar proyectos, y la negativa a extender visas de trabajo para quienes operan en Gaza o en el área C de Cisjordania.
A algunas comunidades cisjordanas retenidas entre la Línea Verde y la barrera de separación de Israel no se puede acceder del todo.
En la norteña aldea cisjordana de Barta, donde están varadas 5.400 personas rodeadas por una valla eléctrica, los integrantes de AIDA ni siquiera consiguieron un permiso para ingresar por dos horas para evaluar las necesidades de la comunidad.
"Barta no es un caso aislado", dijo Pauline Nunu, coordinadora de país para el Programa de Acompañamiento Ecuménico en Palestina e Israel (EAPPI).
"Hay demasiados ejemplos donde la gente no logra llegar a los servicios que necesita, y la comunidad humanitaria no tiene el poder necesario para ayudar, a causa de las restricciones que se nos imponen al acceso y a la circulación", señaló.
La pesadilla logística también tiene efectos emocionales sobre el personal de estas organizaciones.
"Es muy frustrante", dijo Joubeh a IPS.
"No se puede hacer planes ni cumplir el trabajo efectivamente. Los programas de capacitación tienen que reprogramarse debido a que las autoridades israelíes cancelan los permisos a último momento", agregó.
"Las citas tienen que cancelarse y volver a concertarse. Los programas de discapacidad en los que hemos trabajado durante meses son demorados y esto afecta a nuestros socios. Estamos trabajando con algunas de las personas más discapacitadas, y estas restricciones reflejan una falta de respeto por el trabajo humanitario", agregó Joubeh.
Las organizaciones humanitarias han tenido que superar obstáculos valiéndose de mecanismos costosos. Estructuras administrativas paralelas se implementaron en Cisjordania y Gaza, lo que implicó tiempo y dinero extra.
En esos casos se recluta personal internacional para puestos que requieren viajar entre los dos territorios palestinos, cuando sería más barato que fuera personal local el que realizara esas tareas, si tuvieran la capacidad de circular libremente.
También se ha contratado personal específicamente para que soliciten permisos y visas para los trabajadores internacionales, lo que sofoca los presupuestos de estas organizaciones y, por ende, reduce los fondos destinados a la asistencia. Los contribuyentes de Estados Unidos y Europa son, mayoritariamente, quienes pagan esto.
