A Satikanta Sahu, de 14 años, le encanta ir a la escuela. Pero por estos días prefiere participar en la protesta contra la instalación de una fábrica que desplazará a 613 familias en la aldea costera de Govindpur, en el oriental estado indio de Orissa.
Mientras su madre y sus vecinos yacen sobre la arena formando una barricada humana, Sahu va a buscarles agua para beber y, ocasionalmente, entona algún cántico.
Sus eslóganes critican al gobierno de Orissa por conspirar para eliminar su aldea, a fin de dejar espacio a una planta de acero que costará 12.000 millones de dólares.
La planta, que será construida y administrada por la Pohang Steel Company (Posco, Empresa Pohang de Acero) de Corea del Sur, tendrá una capacidad de cuatro millones de toneladas y se considera la mayor inversión extranjera directa en India, la tercera economía más grande de Asia.
El gobierno de Orissa dice que la planta necesita unas 1.500 hectáreas, de las cuales apenas 60 corresponden a terrenos privados. El resto son bosques y tierras del gobierno.
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Pero son esas 60 hectáreas las más polémicas, porque albergan a las 613 familias que la planta desplazará.
Estas familias se concentran en Govindpur y en la aldea vecina de Dhinkia, donde se ganan la vida cultivando hojas de betel.
En la primera línea de la protesta están mujeres, niñas y niños, entre ellos Sahu. "Me encanta ir a la escuela. Pero hace muchos días que estoy aquí, porque éste es nuestro medio de sustento", dice.
"Queremos que Posco se vaya. No permitiremos que los planes de Naveen Patnaik (ministro jefe de Orissa) tengan éxito", declaró.
Mientras India intenta industrializarse y atraer inversiones extranjeras, enfrenta la resistencia de aldeanos y agricultores reticentes a desprenderse de la tierra en la que echaron raíces.
Según un estudio divulgado el año pasado por la cámara empresarial Assocham, las demoras en las compras de tierras están amenazando inversiones de 100.000 millones de dólares, mientras que por lo menos 22 grandes proyectos siderúrgicos por valor de 82.000 millones de dólares están estancados a raíz de las protestas de agricultores y activistas.
Mientras continúa la protesta de más de 2.000 personas contra Posco, el gobierno de Orissa desplegó a unos 800 policías en el sitio.
Los aldeanos, bajo el paraguas del Posco Pratirodh Sangram Samiti (PPSS, que significa Grupo para Resistir a Posco), formaron una barricada de tres niveles a la entrada de la aldea, y mantienen una vigilia permanente.
El gobierno de Orissa dijo que la el proceso de compra fue pacífico. Sin embargo, manifestantes y activistas sostienen que el gobierno los coacciona para que cedan, desplegando una enorme cantidad de policías en el área.
De las 1.500 hectáreas que se necesitan para el proyecto, cerca de 1.200 son "tierra boscosa que pedimos al federal Ministerio de Ambiente que despeje", dijo a IPS el ministro de Industria de Orissa, Raghunath Mohanty.
Unas 245 hectáreas son tierras del gobierno, y es necesario comprar solamente 62 hectáreas de tierras de privados donde resultarán desplazadas alrededor de 613 familias, informó Mohanty.
Aunque el gobierno decidió frenar temporariamente las adquisiciones de tierras en vista de las protestas, los aldeanos dicen que lucharán hasta el final y que mantendrán una vigilia continua.
Desde el 8 de este mes, unos 400 estudiantes se han unido a las protestas, junto con más de 2.000 mujeres y ancianos. Ahora, los activistas planean realizar las clases en la primera línea, para que los estudiantes puedan protestar sin rezagarse en los estudios.
"El gobierno dice que el programa de compra de tierras es pacífico, pero la verdad es" que hay en ciernes "un proyecto para ingresar por la fuerza a Govindpur", dijo el líder del PPSS, Prashant Paikray.
Los activistas temen que el gobierno esté planeando una reiteración de Kalinganagar, otra área del distrito de Jajpur en Orissa. Allí, en enero de 2006, indígenas protestaron cotnra la construcción de una planta siderúrgica por parte del indio Grupo Tata, y la policía les disparó, dejando 12 muertos.
Abhay Sahoo, uno de los líderes del movimiento de protesta, preguntó qué es lo que tanto molesta al gobierno y al Estado, "cuando las futuras generaciones podrían ser felices y prósperas con nuestra vibrante economía" de betel, peces y arroz "sin ninguno de esos proyectos que sólo prometen destruir todo nuestro entorno".
"Ésta es un área del país donde se ha violado groseramente la Ley de Derechos Forestales de 2006, y varios comités designados por el gobierno incluso lo han corroborado", dijo Sahoo.
A comienzos de este año, el ministro de Ambiente de India, Jairam Ramesh, autorizó el proyecto de Posco con ciertas condiciones. Pero el panel instalado por su cartera sugirió en octubre de 2010 que el proyecto violaba las regulaciones costeras y las leyes de derechos forestales.
El panel cuatripartito, presidido por el ex secretaria de Ambiente de India, Meena Gupta, investigó el asunto y difirió en sus puntos de vista. Pero tres de sus miembros recomendaron revocar la autorización ambiental extendida a Posco en 2007.
La mayoría del panel sostuvo que Posco no puede abordar todos los asuntos relativos a las notificaciones de la Zona Regulatoria Costera, e identificó varias fallas y violaciones serias.
Luego, en un comunicado de prensa, Posco dijo que "nunca violó ninguna ley o procedimiento para obtener ninguna autorización gubernamental".
Cinco años después del Memorandum de Entendimiento, "no hemos podido comenzar ninguna operación, debido a nuestro compromiso de obtener todas las autorizaciones estatutarias necesarias antes de iniciarlas", señaló Posco.
Pese a las opiniones del panel, Posco parece haber superado el obstáculo de la autorización ambiental. Por ahora solamente las barricadas humanas y la férrea determinación de los aldeanos se interponen en su camino.