La movilización popular se intensifica al paso de las horas en Grecia, mientras el parlamento se apresa a votar este jueves las medidas de aplicación del plan de ajuste socio-económico aprobado en la víspera, para definir privatizaciones, alzas impositivas, recortes de gastos y despidos masivos en el Estado.
La canciller (jefa de gobierno) alemana Angela Merkel aparece en primer lugar en la mira de los manifestantes. "Ella es la culpable de que Grecia quede en manos de los especuladores, debemos seguir con las movilizaciones y organizar un movimiento social unificado en Europa, reclama Nikiforos, uno de los miles de manifestantes concentrados en plaza Syntagma, frente al parlamento.
Cerca suyo, Konstantine, una estudiante de física de la Universidad de Atenas, comenta que "la situación de los trabajadores es trágica y estamos rayando niveles de auténtica pobreza". "Las matrículas en las universidades pasaron de ser gratuitas a costar 800 euros (1.161 dólares), se cierran escuelas en los barrios y el boleto del transporte público subió 40 por ciento", dice a IPS.
Por su parte, Alexander, un psicólogo y profesor de niños con discapacidad y afiliado al Partido de la Izquierda Anticapitalista, señala a IPS que el gobierno "quiere vender el país al FMI para salvar a los banqueros". "¿Aún quieren estrangularnos más?, pero no lo vamos a consentir", advierte.
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A pesar de la presión de la huelga nacional de dos días, la multitud que rodea el parlamento y los incidentes que dejaron decenas de heridos, el gobierno sacó adelante el miércoles el nuevo plan de achique casi con fórceps, con 155 votos a favor, 138 en contra y cinco abstenciones. Sólo una diputada conservadora de la opositora Nueva Democracia se sumó a las huestes del oficialista Partido Socialista Panhelénico (Pasok).
Panayotis Kurublis, el único diputado socialista que votó en contra del programa, fue expulsado de inmediato del partido, con lo cual se achica aún más el margen de maniobra parlamentaria del gobierno.
Kurublis y la oposición aparecen así en consonancia con la opinión de más de 80 por ciento de los griegos consultados en distintas encuestas que rechazan el severísimo plan de austeridad y, como declaran, no aceptan de ninguna manera que su país se "venda a los dictados" de la llamada troika, la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo y el FMI.
Tras la aprobación del plan, condición indispensable para que la troika proceda a la inyección financiera del segundo paquete de préstamos, el gobierno del primer ministro George Papandreou deberá encarar este mismo año un vasto plan de privatizaciones.
"Debemos evitar por todos los medios que el país colapse", dijo Papandreou antes de la votación parlamentaria. El apoyo logrado permite, entonces, desbloquear ya el desembolso de 17.000 millones de dólares de un préstamo de emergencia total por 157.000 millones de dólares aprobado en mayo de 2010 por la UE y el FM.
Expertos indican que la deuda griega, la más alta de la UE, crecerá hasta representar 166 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2012.
En esta segunda fase de aplicación del programa, se estima sumar entre 2012 y 2015 unos 28.400 millones de euros (más 40.000 millones de dólares), entre aumentos fiscales y recortes de gastos públicos. El objetivo señalado por el gobierno es situar el déficit por debajo de tres por ciento del PIB hacia el fin del periodo.
También se propone recaudar otros 45.000 millones de euros (65.300 millones de dólares) en ese lapso mediante la venta completa o parcial de decenas de empresas públicas, refinerías, generadoras de electricidad, el ATEbank (centrado en el sector agrícola), así como la gestión de aeropuertos, autopistas, puertos, los derechos sobre la explotación minera, la propiedad inmobiliaria y los terrenos estatales.
En cuanto a las alzas tributarias, aparece en escena el llamado impuesto solidario, que gravará proporcionalmente de uno a cinco por ciento las rentas personales de quienes tienen ingresos más altos. A la vez, bajará la franja mínima no imponible para los ingresos de los trabajadores, aunque siguen exentos los que tienen menos de 30 años y los pensionistas.
También el impuesto al valor agregado en el consumo de bares y restaurantes pasará de 13 a 23 por ciento,
A todo esto, analistas internacionales ponen en duda los resultados que pueda obtener Grecia de la aplicación de este plan, tras quedar al borde de caer en cesación de pagos y cuando el descontento popular crece y pude transformarse en prácticamente una insurrección.
Los griegos han dejado claro con la huelga general de dos días, en la que participaron todos los sindicatos logrando un notable acatamiento, que no están dispuestos a aceptar más recortes en gastos sociales y más aumento de impuestos.
Y el detonante puede ser la concreción de la supresión de 150.000 de los 700.000 puestos de trabajo actuales en la administración pública, para lo cual el gobierno se propone no renovar los contratos temporales de trabajadores (despido directo) y ocupar solo una de cada 10 plazas de funcionarios que se retiren.
