Activistas y especialistas en educación rechazan de plano la propuesta del gobierno salvadoreño de Mauricio Funes de reflotar el servicio militar obligatorio para jóvenes en riesgo de ser captados por las pandillas y el crimen organizado.
La propuesta indica que alrededor de 5.000 personas de 16 a 18 años, la cifra estimada por el gobierno de adolescentes expuestos, serán adiestradas durante seis meses por oficiales del ejército en disciplina militar y entrenamiento físico, sin armas. Se busca que colaboren en tareas de protección ciudadana y, en el proceso, se integren productivamente a la sociedad y se alejen así del alcance de los grupos delictivos.
El gobierno "no tiene idea de lo que va a hacer y el grave problema es que así eleva los riegos de los jóvenes porque saldrán (de los cuarteles) como mano de obra calificada para las pandillas y los narcotraficantes", cuestionó con énfasis Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (Idhuca).
Cuellar aseguró a IPS que la mejor apuesta del presidente Funes hubiese sido la creación de centros deportivos, de trabajo y que, al mismo tiempo, les garantice trabajo, pues después de un año regresarán al mismo entorno de violencia y acoso delincuencial.
Entre los planteos contenidos en el anuncio oficial está que los reclutados y reclutadas reciban además cursos de escalamiento y otros deportes, primeros auxilios y algún oficio o labor técnica. De este modo se completa un año de reclutamiento, durante el cual gozarán de un salario mensual equivalente a 250 dólares.
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"Por la tranquilidad de mis papás y mi seguridad me iría con el ejército", dijo a IPS Karen Liseth Martínez, una jovencita que vende dulces en una acera de la capital salvadoreña, posible candidata a ser reclutada.
El Salvador es uno de los países con mayor índice de criminalidad de América, con una tasa anualizada de 63 homicidios por cada 100.000 habitantes, y sufre dos de las mayores pandillas de la región, Mara Salvatrucha y Barrio 18, que se disputan a sangre y fuego el territorio.
La Organización Panamericana de la Salud considera como epidemia una tasa de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes y El Salvador multiplica por seis esa medida desde 2005, según el informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Al igual que Honduras y Guatemala, este país afronta graves problemas para contener a las pandillas o maras, como se las llama en la región, surgidas en los años 80 a partir del aumento de la indigencia y la marginación e impulsadas por cientos de jóvenes centroamericanos expulsados de Estados Unidos con experiencias en este tipo de agrupaciones violentas.
Estas pandillas en El Salvador, que incluso toman su nombre de similares de Estados Unidos, aglutinan hoy unos 40.000 jóvenes.
Es que alrededor de 70 por ciento de los jóvenes de las ciudades no tienen la oportunidad para seguir estudios superiores y poder salir del ciclo de escasez y marginalidad en el que crecieron, señala el Mapa de Pobreza Urbana y Exclusión Social, publicado en abril de 2010 por el PNUD.
La pobreza alcanza en la actualidad a 37 por ciento de los 5,7 millones de salvadoreños, 18,9 por ciento de los cuales tienen entre 15 y 19 años, según datos oficiales.
El plan anunciado por Funes el 1 de este mes en su discurso de segundo año de mandato, costaría unos 55 millones de dólares, pero aún se desconoce el modo de financiarlo.
Funes, quien llegó a la Presidencia de El Salvador en junio de 2009 de la mano del otrora guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dispuso de inmediato que 2.500 soldados acompañen a la Policía Nacional Civil (PNC) en tareas de seguridad pública. En 2010 amplió a un año más la presencia castrense en las calles con más efectivos.
"Sigo teniendo plena confianza en que nuestra Fuerzas Armadas pueden ayudar a nuestra policía en esta batalla, que yo he llamado la buena batalla contra la delincuencia común y el crimen organizado", dijo Funes el 16 de este mes.
La instrucción militar le incorporarán "valores cívicos y patrióticos y les ayudará a disciplinarse, respetar a los ciudadanos, la sociedad y el país", dijo a medios locales el ministro de Defensa, general, David Munguía Payés.
El artículo 215 de la Constitución estable la obligatoriedad del servicio militar para todos los ciudadanos entre 18 y 30 años de edad, mientras que los adolescentes de entre 16 y 18 años que quieran incorporarse a filas tendrán que tener la autorización de sus padres o tutores.
Con esa herramienta legal, el ejército reclutó en los años del conflicto armado interno, de 1980 a 1992, más que todo a hijos de familias pobres, sobre todo campesinos, mientras que los jóvenes de capas altas casi nunca fueron obligados a engrosaron las filas castrenses.
Tras el fin de la guerra civil que dejó 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 40.000 discapacitados, el reclutamiento obligatorio quedó en los hechos sin efecto debido a que, por un lado el ejército ya no necesitó del flujo interminable de nuevos reclutas y, por otro, las heridas del conflicto no estaban cerradas como para mantener una práctica que siempre fue rechazada por la población.
El ministro de Defensa declaró que el reclutamiento estaría enfocado hacia los jóvenes entre 12 y 16 años, pues para él ese es el verdadero grupo en riesgo delincuencia, lo cual contravendría convenciones internacionales
La Convención sobre los Derechos del Niño señala en su artículo 38, inciso 3, que "los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad".
Para concretizar el deseo del gobierno de Funes, este país tendría que retirar su adhesión a la Convención, alertan especialistas.
El experto en temas educativos y director del salvadoreño Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades, Óscar Picardo Joao, dijo a IPS que el gobierno está denigrando a la juventud vulnerable del país.
"Esta medida de militarizar a la juventud de escasos recursos, estigmatiza y antagoniza más a estos jóvenes en riesgos. ¿Por qué no crear un programa que integre educación, deporte y habilitación laboral para el trabajo?, cuestionó el académico.
Picardo Joao agregó que de aplicarse el plan se vulnerarán los principales derechos humanos educativos proyectados en Educación Para Todos (ETP), en el Plan Iberoamericano 2021, que establece que los niños, niñas y adolescentes deben completar la educación básica y media (11 grados de escolaridad).
La idea de recurrir a los militares como tabla de salvación en el tema delincuencial no es nueva. Durante los gobiernos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), los presidentes Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009) implementaron los planes "Mano dura" y "Súper mano dura" respectivamente, destinados a frenar el avance de las pandillas.
Pero todo fracasó debido al enfoque de represión con débiles intenciones de reinserción social, según expertos.
