«Seguiremos acumulando pruebas para presentar el caso ante instancias multilaterales, como la Corte Penal Internacional», dijo el legislador Iván Cepeda, víctima de las interceptaciones ilegales practicadas durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) contra opositores, periodistas y jueces.
Cepeda es un de los varios impulsores de las denuncias contra Uribe que motivaron su convocatoria ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde compareció en compañía de su esposa, Lina Moreno, y uno de sus hijos, sus abogados, Jaime Lombana y Jaime Granados, cuatro ex ministros de su gobierno.
En medio de un enorme dispositivo de seguridad, Uribe asistió el jueves a responder por una de las 242 demandas que se cursan hoy en su contra. Sin embargo, la audiencia resultó fallida por cuanto la exsenadora Piedad Córdoba, a quien también le fueron interceptados sus teléfonos en la misma época, formuló una recusación contra dos de los tres parlamentarios investigadores.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, con más de ocho décadas de creada, es integrada por 15 miembros elegidos por los mismos legisladores, según las mayorías políticas en ese ámbito.
Los 15 miembros se distribuyen en grupos más pequeños para realizar investigaciones, que no tienen efecto judicial, pero si político y ético. Sin embargo, la cercanía entre las partes no ha dado en general resultados, por lo que coloquialmente se conoce como "comisión de absoluciones".
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En la demanda contra el expresidente derechista, la investigación corresponde a los parlamentarios Heriberto Escobar, Yahir Acuña, ambos recusados por Córdoba, y José Pérez.
Escobar, coordinador de las investigaciones contra Uribe en la comisión, pertenece al Partido de Integración Nacional, relacionado con grupos paramilitares de ultraderecha que hicieron que su fundador, Juan Carlos Martínez, esté cumpliendo una pena carcelaria de 90 meses.
Por su parte Acuña es vinculado con Emilce "La Gata" López, la empresaria de juegos de azar que fue condenada a nueve años de prisión por vínculos con paramilitares y el narcotráfico, y de la cual Uribe reconoció haber recibido aportes para su primera campaña presidencial.
Pero Pérez tampoco está exento de señalamientos por los denunciantes de Uribe por cuanto se ha indicado que tendrían vínculos con la empresa captadora ilegal de fondos DMG, cuyo fundador, David Murcia Guzmán, cumple prisión de nueve años en Estados Unidos.
Al hacerse pública la recusación presentada por Córdoba, se inició una discusión alrededor de la viabilidad de la audiencia.
"La única víctima de esta tramoya se llama Álvaro Uribe Vélez", dijo Lombana, al insistir en la realización de la audiencia.
A su vez el abogado de Córdoba, Luis Guillermo Pérez, insistió en que se respetara el debido proceso, enfatizando que "las víctimas y el país reclaman el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y el compromiso de no repetición de hechos de lesa humanidad".
Su petición fue ratificada por Sandra Gamboa, abogada defensora del periodista Hollman Morris, quien debió marchar al exilio luego de que Uribe lo acusara directamente de pertenecer a las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Gamboa, quien hace parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, reafirmó la importancia de cumplir con el debido proceso.
Uribe respondió a los abogados de las víctimas diciendo que "es costumbre" que lo "difamen y le asignen responsabilidades sobre asesinatos, siendo que, protegimos los derechos humanos, a periodistas y sindicalistas". "Pero si pido el derecho a la defensa dicen que están en riesgo de que los maten", añadió.
"Quedo preocupada por la interpretación del señor Uribe ante mi intervención, que pretendió explicitar que el caso solo se puede llevar bajo los cauces de un debido proceso, teniendo en consideración los derechos de las víctimas y el procesado. Nunca se le llamó asesino", indicó Gamboa a IPS, ya fuera del recinto.
A su vez, Morris, de visita en el país, aseguró que "salgo con tristeza porque el escenario fue adverso. Uribe volvió a hacer lo que durante ocho años fue su norma: estigmatizar, desacreditar y mentir". "Salgo con tristeza porque el escenario nos fue adverso. Nosotros, las víctimas, no lo somos porque así lo decimos, sino que somos víctimas porque la Fiscalía General de la Nación encontró pruebas, que abundan". Indicó el periodista.
"De modo que no queremos revictimización y menos aún en el recinto sagrado de la democracia, como debe ser el parlamento", añadió.
La periodista Claudia Julietta Duque, quien ha sufrido persecución, estigmatización y señalamientos de grupos de derecha por sus investigaciones, dijo a IPS sentirse indignada, porque el expresidente Uribe "insiste en autodenominarse como víctima, desconociendo la realidad de lo sucedido a opositores, independientes y personas críticas en este país durante su gobierno".
"De quienes fuimos realmente víctimas, en casos como el mío en que todo está probado", explicó Duque, que entre sus investigaciones llevó adelante la correspondiente al asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón en 1999.
"Es indignante ver que el expresidente sigue viviendo una fantasía, según la cual él es objeto de una infamia, mientras nosotros seguimos siendo acorralados y estigmatizados, pese a que hemos sido amenazados, exiliados, desterrados, denunciados por injuria y calumnia, contra quienes se han hecho informes de inteligencia y contrainteligencia, se ha ordenado perseguirnos y matarnos, según lo confirman los expedientes judiciales".
Resaltando una ganancia, como fue respetar la del debido proceso. "Una recusación se tiene que resolver en sesión plenaria de la Comisión y no fue posible convocarla", concluyó.
A todo esto, Uribe, quien desplegó una amplia estrategia de seguridad para su ingreso al recinto, sorprendió al retirarse cuando decidió caminar más de 10 cuadras por una céntrica vía, mientras unos le corearon con llamados de "libertador" y otras voces gritaron "asesino".
*Aportes de Constanza Vieira
