Semanas antes de la cumbre climática del año pasado en Cancún, la comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, propuso prohibir desde el 1 de enero de 2013 todos los créditos de hidrofluorocarbonos (HFC) en el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones contaminantes.
El plazo propuesto se basaba en que para entonces habrá expirado la segunda fase del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, tras la cual pueden aplicarse nuevas normas.
Grupos de presión de la industria y organizaciones empresariales resistieron la prohibición. El no gubernamental Corporate Europe Observatory (Observatorio Corporativo Europeo), con sede en Bruselas, hizo uso de las Regulaciones de Libertad de Expresión e Información para obtener documentos y reconstruir la historia completa.
BusinessEurope es el grupo de presión más influyente en Bruselas, y representa a 40 federaciones de industriales y empleadores de 34 países europeos. En octubre de 2010, su director general, Philippe de Buck, envió una carta a Hedegaard y al comisario de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, en la que manifestó su oposición a limitar el uso de créditos derivados del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
Éste, previsto en el Protocolo de Kyoto (firmado en 1997 y en vigor desde 2005), permite a las empresas de naciones industrializadas "compensar" su exceso de emisiones de gases de efecto invernadero comprando Certificados de Reducción de Emisiones (CRE) en países en desarrollo. El proceso es controlado por el Consejo Ejecutivo del MDL, que funciona en la órbita de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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BusinessEurope también hizo uso de un nuevo empleado que acababa de finalizar tres años de trabajo en la Comisión Europea de Industria y Emprendimiento. En un correo electrónico enviado a sus ex colegas de esa cartera, este empleado se refiere a una reciente salida de despedida con sus compañeros y expresa su deseo de seguir trabajando juntos en su nueva función de lobby. En un archivo adjunto al mensaje, envía el documento de BusinessEurope que se opone a la prohibición.
El gigante italiano de la energía Enel figura como inversor en siete de los 19 proyectos de HFC que recibieron CRE. Un tercio de la empresa es propiedad del gobierno italiano.
En noviembre de 2010, el director de Relaciones Institucionales europeas de Enel, Roberto Zangrandi, envió una carta a varios miembros del Parlamento Europeo señalando que "es crucial la confianza en el sistema y en los procedimientos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el MDL a fin de garantizar la integridad y la credibilidad de este mecanismo".
Pero apenas dos semanas antes, Zangrandi envió otra misiva a Antonio Preto, miembro del gabinete de Tajani, invitándolo a mantener una conversación amistosa sobre un problema serio: Zangrandi explica allí que, de prohibirse el comercio de créditos de HFC el 1 de enero de 2013, su empresa perderá "por lo menos 20 millones de créditos con un valor significativo".
En una entrevista publicada en noviembre en el sitio web PointCarbon.com, que se dedica a los mercados de carbono, Simone Ruiz, directora de Políticas Europeas en la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones, señaló que la Dirección General de Empresa e Industria intentaría aplazar la fecha.
Según PointCarbon.com, posponerla apenas cuatro semanas significaría el ingreso de entre 30 millones y 100 millones extra de créditos de HFC al mercado europeo. De este modo, las empresas podrían hacer pleno uso de los créditos en los que hubieran invertido.
Según Eva Filzmoser, directora de programa del no gubernamental CDM Watch, los cabilderos se comportaron de un modo muy poco ético. "Lo correcto es insistir en una investigación minuciosa, esperar las conclusiones y tomar una decisión", dijo a IPS.
"Muchos inversores decidieron poner dinero en estos proyectos solamente después de que la Comisión Europea (rama ejecutiva de la Unión Europea) abrió la puerta a posibles restricciones en 2008. Fue un riesgo calculado, y la mayoría de los inversores ya habían recibido abundantes ingresos. Además, algunos inversores nos dijeron informalmente que sabían que fábricas indias y chinas estaban aumentando su producción (de HFC) para impulsar los créditos", agregó.
En junio de 2010, CDM Watch, con sede en Bonn, y la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), con oficinas en Washington y Londres, descubrieron que los gobiernos y las corporaciones europeas habían incurrido en un flagrante mal uso del MDL.
Cincuenta y nueve por ciento de todos los CRE se originaron en los mismos 19 proyectos, aunque había 2.800 proyectos registrados en el MDL. Todas estas 19 iniciativas producían HCFC-22, un gas refrigerante prohibido en Estados Unidos y Europa en el marco del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. En los países en desarrollo, este gas deberá haberse eliminado para 2030.
Pero la industria terminó consiguiendo lo que pedía cuando el 21 de enero de este año la Comisión Europea dio a conocer su propuesta final: la fecha para la entrada en vigor de la prohibición se había postergado del 1 de enero al 30 de abril de 2013.
Según algunas estimaciones, esto hará que 52 millones extra de CRE ingresen al mercado europeo, permitiendo que las empresas arrojen a la atmósfera un volumen de ese gas contaminante equivalente a lo que emite Bélgica por año.
* Éste es el segundo reportaje sobre la forma en que corporaciones y gobiernos europeos se benefician económicamente de un vacío legal del Protocolo de Kyoto.
