El gobierno brasileño de Dilma Rousseff impulsa la reforma, varias veces postergada, del sistema impositivo, ubicado entre los más onerosos y desiguales del mundo, con costos similares a los del mundo rico pero con servicios públicos deficientes.
Rousseff anunció que el proyecto de cambio tributario, una de sus prioridades, será enviado al parlamento de modo "fraccionado", dejando de lado así la idea de una reforma amplia, que según analistas fue una de las razones del fracaso en los dos intentos anteriores a cargo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), su antecesor y correligionario del izquierdista Partido de los Trabajadores.
Sin embargo, la iniciativa afronta severas críticas ya antes de ser presentada, inclusive dentro de la bancada de diputados oficialistas.
Según anticipó el ministro de Hacienda, Guido Mantega, la idea es comenzar por la simplificación del Impuesto de Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS), que es considerado el mayor "villano" del país, y por la reducción de gravámenes sobre los salarios.
Mantega admitió que la carga impositiva brasileña es alta y que, para competir con países como China e India, será necesario resolver este año esos dos aspectos.
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Las diferencias entre el gobierno, oposición, sindicatos y empresarios sobre la reforma impositiva son grandes, aunque todos coinciden en que el sistema es injusto, complejo y que traba el crecimiento y la competitividad.
El Instituto Brasileño de Planificación Tributaria (IBPT) indica que la carga tributaria en 2010 fue equivalente a 35,13 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo cual representó un alza de 0,72 por ciento respecto del año anterior.
En 2000 representaba 30,03 por ciento del PIB, destaca el IBPT, que realizó el cálculo a partir de recaudaciones de tasas del gobierno federal, estados y municipios.
Además del impuesto sobre las ganancias, en Brasil se pagan unos 70 tributos directos e indirectos, como los aplicados al consumo, ya sea de productos o servicios, a la propiedad mueble, automóviles, a la recolección de basura y para la iluminación pública.
"Brasil tiene la decimocuarta mayor carga tributaria del mundo", subrayó en entrevista con IPS el presidente del IBPT, Joao Eloi Olenike.
"Pero los otros países que están por encima nuestro tienen una excelente calidad de vida y aplican esos valores a servicios destinados al bienestar de la población, lo cual infelizmente no ocurre aquí", agregó Olenike, tras mencionar ejemplos como Estados Unidos, donde el peso impositivo es de alrededor de 29 por ciento del PIB.
Esta institución defiende una reforma "que transfiera la tributación del consumo (regresiva) a la renta y el patrimonio (progresiva), y que también disminuya el número excesivo de impuestos, con vistas a la simplificación del sistema".
Un estudio del IBPT indica que cada uno de los 191 millones de habitantes del gigante sudamericano pagó en 2010, en promedio, 6.722,38 reales (4.254 dólares), casi 1.000 reales (632 dólares) más que el año anterior.
Tomando este dato, se señala que los brasileños tienen que trabajar en promedio 149 días por año sólo para pagar impuestos, debajo de Suecia con 185 días, pero igual que en Francia y por encima de Estados Unidos, donde sus habitantes deben volcar al fisco el total de dinero producido en 102 días de labor.
Diferenciado por niveles sociales, el IBPT afirma que los sectores más pobres tienen que trabajar 142 días al año para completar el pago de los tributos y los más ricos 152 días, mientras que la clase media es la más castigada con 158 días de labor para solventar los tributos, que le llevan 43,29 por ciento de sus ingresos brutos.
"Nuestro sistema tributario es complejo, confuso e injusto con la exigencia excesiva de obligaciones accesorias y con incidencia de varios tributos en efectos cascada", resumió Olenike.
La consecuencia es el aumento de los gravámenes en el consumo, "siendo perjudicial para los ciudadanos con menor poder adquisitivo", enfatizó.
Ese tipo de carga impositiva, como no es gradual de acuerdo a la capacidad del consumidor, "termina perjudicando a los más pobres, que proporcionalmente terminan pagando más", añadió el presidente del IBPT.
Asimismo hace que las empresas nacionales y extranjeras "quieran cada vez menos realizar inversiones productivas en nuestro país", generando "desempleo y estancamiento económico".
La Central Única de Trabajadores (CUT), empero, critica que la reforma tributaria propuesta por el gobierno atienda más los puntos de una agenda neoliberal y no los sociales, o sea que el pobre sufra los impuestos más que los ricos.
Según estudios de esta poderosa central sindical, sólo la mitad de la recaudación impositiva de Brasil pesa sobre la renta, rendimientos financieros y patrimonio como tierras o inmuebles. La otra mitad incide sobre el consumo, afectando a los más pobres.
Por eso la CUT y algunos diputados del gobernante Partido de los Trabajadores defienden la progresión de la tabla de impuesto sobre las ganancias, es decir que quien gane más pague más.
En reciente reunión con el ministro de Hacienda, los dirigentes sindicales pidieron además la elevación del peso de los impuestos directos sobre la renta y el patrimonio, y la regulación de un gravamen sobre las grandes fortunas y herencias.
También considera necesario la reducción impositiva sobre la inversión en el sector productivo, y el gravamen sobre la especulación financiera.
"Entendemos que esos son los principales puntos que pueden contribuir a la distribución de renta en el país. Penalizando menos a la clase trabajadora vamos a ampliar la capacidad de consumo del mercado interno y ayudar en la generación de empleo y renta", declaró el secretario general de la CUT, Quintino Severo.
"No se puede apoyar una estructura impositiva donde el que gana menos paga más, al igual que alguien que quiere generar empleo y renta", sostuvo.
La Confederación Nacional de Industria (CNI) también considera "impostergable" la reducción de los impuestos sobre las inversiones y exportaciones.
En entrevista con IPS, el economista jefe de la CNI, Flavio Castelo Branco, entiende que el actual sistema impositivo es "antiguo" y "diseñado para otro momento de la economía, cuando no estábamos tan integrados al mundo" y necesitábamos combatir la crisis fiscal y la alta inflación.
Para Castelo Branco, es inadmisible que los bienes de capital, por ejemplo, tengan embutido un costo tributario, "cuando en otros países, como Chile, ese costo es cero".
La "cascada de impuestos" impone otros adicionales, como en la energía y telecomunicaciones, contribuyendo a aumentar aún mas el costo final del producto, destacó.
"Un proyecto de inversión en Brasil conlleva un alto costo tributario que las desvía a otros países", destacó.
"Los gravámenes sobre la inversión, exportación y la alta complejidad de costos accesorios, aumentan el de la empresa, así como el precio, y se reduce la competitividad", resumió.
"Quien paga es el consumidor final", destaca. Lo que "obviamente tiene un efecto en la distribución de la renta".
La carga fiscal para cada ciudadano queda bien al descubierto los llamados "días sin impuestos", cuando los centros comerciales ofrecen productos y servicios quitando la obligación de pagar gravámenes. En estas jornadas, por ejemplo, la merma del precio de la gasolina llega hasta 53 por ciento y en los restaurantes a un promedio de 31 por ciento.
La Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios (Conaje) promueve eventos para concientizar a la población sobre lo que paga de impuestos sin saberlo.
El presidente de la Conaje, Marduk Duarte, indicó a IPS que el sistema tributario vigente en Brasil es "demasiado retrógrado y denso".
En el marco del llamado "Movimiento Brasil Eficiente" que busca juntar 1,4 millones de firmas para llevar una propuesta al Congreso, la Conaje propone una reforma que se base en la reducción impositiva, simplificación y transparencia, y en la merma del gasto público.
Duarte llama la atención sobre la llamada "guerra" fiscal existente entre los estados brasileños para atraer inversiones y sobre la necesidad de una mejor distribución de recaudación impositiva entre municipios, provincias y gobierno federal.
"Con una carga menor y más equilibrada, podríamos disminuir mucho la evasión impositiva y la informalidad", puntualizó Olenike.
