Argentina está cada vez más lejos de reducir la tasa de mortalidad materna, tres veces mayor a la de sus vecinos Chile y Uruguay. Los decesos, en aumento, ocurren principalmente a causa de abortos clandestinos, en un país donde su práctica es ilegal.
Las muertes relacionadas con el embarazo y el parto son la principal causa de muerte en mujeres jóvenes, y la mayoría de los decesos ocurren por abortos, penalizados salvo escasas excepciones.
Las últimas cifras del Ministerio de Salud, correspondientes a 2009, indican que la tasa de mortalidad materna ese año fue de 55 por cada 100.000 niños nacidos vivos, un número superior al de 2008, de 44 por cada 100.000 nacidos vivos. El repunte fue atribuido por ese despacho a la epidemia de gripe A.
Pero desde hace al menos dos décadas, la mayoría de las muertes maternas ocurren como consecuencia de abortos inseguros y esa tendencia no varía pese al compromiso argentino de llegar a 13 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2015.
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Esa es la meta asumida dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones Unidas, establecidos en el año 2000, que establece que los países reduzcan a la mitad en 2015 la mortalidad materna, respecto al nivel de 1990.
Dentro del quinto de los ocho ODM, el de la reducción de la mortalidad materna, Argentina se comprometió además a bajar la disparidad de decesos entre sus provincias.
Pero la brecha sigue creciendo, sobre todo entre Buenos Aires y provincias del norte como Jujuy o Formosa, que duplican la tasa de mortalidad materna nacional.
La Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) advirtió que existe además "un alto nivel de subregistro" en este indicador de muertes de mujeres que, a su juicio, "son prevenibles o evitables en una alta proporción". La médica Mabel Bianco, directora de FEIM, dijo a IPS que en Argentina hay programas de salud y educación sexual que son básicos para atender el problema, pero la población aún desconoce que tiene derecho a acceder a esos servicios.
En otros países como Chile o Uruguay, donde esos programas tienen el acceso garantizado "desde hace décadas", se ven los resultados, dijo. En Chile mueren 20 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos y en Uruguay 15, informó con datos de 2005.
En general, en América Latina se mantienen niveles desproporcionadamente altos de muertes maternas, con una tasa de 130 muertes por cada 100.000 nacidos vivos según cifras de 2007 de las Naciones Unidas, que alertan que este es el ODM donde la región está más lejos de poder cumplir los compromisos asumidos en 2000.
El programa de salud sexual y reproductiva en Argentina data de 2003 y prevé no sólo el asesoramiento para la prevención de embarazos no planificados sino también la entrega gratuita de métodos anticonceptivos.
Pero el plan tiene múltiples fallas. "La ignorancia pesa más que la ideología en muchos servicios de salud y no hay buenos programas de capacitación para profesionales", advirtió Bianco.
Las mujeres, sobre todo las más pobres, se topan con médicos que les niegan un método anticonceptivo por considerarlo "abortivo", o les ponen trabas. Por ejemplo a las jóvenes que piden preservativos les exigen que vayan acompañadas de un adulto.
"En algunos centros de salud piden el documento de identidad para entregar preservativos", denunció la experta. Y comentó que en otros centros donde hay voluntad de los profesionales de avanzar en el plan, no tienen los elementos.
Ocurre que algunas veces los métodos no llegan en la cantidad requerida o que carecen de folletos y afiches que permitan difundir entre las mujeres la existencia de servicios de salud sexual a los que pueden acceder sin estar embarazadas.
Otra "deuda", según Bianco, es la clandestinidad del aborto. En Argentina se realizan unos 500.000 abortos anuales pese a ser una práctica penalizada, y entre las más pobres el riesgo de muerte por complicaciones es más frecuente.
La médica criticó que ni siquiera se practiquen las interrupciones de embarazo que están permitidas en la vetusta ley sobre el tema, de 1922, por falta de un protocolo oficial que valide esa intervención médica en hospitales públicos.
La ley permite el aborto solo en caso de una mujer "idiota o demente" que haya quedado embarazada como producto de abuso sexual o violación, o cuando esté en riesgo la vida o la salud de la mujer encinta.
Pero aún así, muchos médicos se niegan a practicarlo. El Ministerio de Salud elaboró un protocolo para la atención de estos casos, que sirva de apoyo a los profesionales, pero desde hace tres años está frenado en esa cartera sin la firma del ministro.
En este contexto, un movimiento de 250 organizaciones que llevan adelante la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, avanza con un proyecto de ley que suma cada vez mayores apoyos.
La iniciativa fue presentada por primera vez en 2007 con la firma de 22 legisladores pero perdió estado parlamentario por falta de tratamiento. La campaña volvió a presentarlo en 2010 y ahora ya tiene 50 congresistas dispuestos a firmarlo.
"Toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional", reza el primer artículo del borrador que plantea además derogar los artículos del código penal que lo castigan.
La propuesta incluye la atención gratuita de este derecho en centros de salud pública y extiende el plazo para su práctica cuando el embarazo es producto de una violación, si está en riesgo la salud de la madre, o si hay malformaciones fetales graves.
La psicoanalista Marta Rosenberg, una de las impulsoras de esta campaña, declaró a IPS que más allá de los casos de gripe A, las muertes por abortos siguen aumentando en términos absolutos en las estadísticas oficiales.
La especialista sostuvo que en próximos sondeos el dato podría estabilizarse debido a la difusión espontanea del uso del misoprostol, una droga de fácil acceso para evacuar el útero con menos riesgo que los abortos realizados mediante maniobras intrusivas.
Rosenberg consideró difícil predecir si el proyecto de despenalización será aprobado este año, como augura la campaña. "Lo que queremos es que se discuta, y en ese sentido logramos que el tema esté ahora en la agenda política", remarcó.
