Serbia reformó su sistema judicial para adecuarlo a modelos europeos e internacionales, pero la adopción del acuerdo de reducción de penas suscitó protestas sin precedentes en el país.
Las últimas estallaron por la decisión de la fiscalía de Belgrado de acordar una pena reducida con Svetlana "Ceca" Raznatovic, una estrella de la música popular balcánica que afrontaba un castigo de hasta 12 años de prisión por el desfalco de más de seis millones de dólares.
La diva de 38 años se embolsó esa suma entre el 14 de agosto de 2000 y el 5 de mayo de 2003, tras completar un acuerdo para vender los pases de 10 jugadores de su club de fútbol Obilic.
El club no obtuvo ingresos por esas transferencias, y los jugadores recibieron muy poco.
La fiscalía dijo que el acuerdo ofrecido a Raznatovic fue a cambio de su declaración de culpabilidad, del pago de una multa de 1,5 millones de euros (2,2 millones de dólares) y de prisión domiciliaria por 12 meses. La artista será controlada electrónicamente 24 horas al día.
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"Los acuerdos de reducción de penas son una novedad aquí, pero están dispuestos por la nueva Ley" de Procedimiento Penal, dijo a IPS el abogado Slobodan Beljanski.
Sin embargo, este tipo de acuerdos ha llevado a la población a creer que no todos somos "iguales ante la ley", señaló.
"La multa es el aporte más elevado que una sola persona hace el presupuesto estatal", dijo a los periodistas Tomo Zoric, portavoz de la fiscalía.
También recordó al público que la Ley de Procedimiento Penal dispone ese tipo de acuerdos.
"Hemos ahorrado mucho dinero para que el Estado hiciera el acuerdo, dado que el proceso judicial pudo haber durado bastante tiempo y haber sido costoso", dijo Zoric.
También enfatizó que la enorme popularidad de Raznatovic "no tuvo nada que ver" con el acuerdo al que llegó con su defensa tras declararse culpable.
"Este es un caso en el que una parte se beneficia económicamente del delito", dijo a IPS el ex juez Slobodan Batricevic.
"Raznatovic pagará 1,5 millones de euros (2,2 millones de dólares) al presupuesto, pero ganó muchos millones más. Beneficiarse económicamente de un delito es inconstitucional, ilegal e inmoral por sobre todo", agregó.
"Este peligroso precedente puede mostrar que los ricos y famosos pueden evitar un castigo pleno", dijo la profesora de leyes Vesna Rakic Vodinelic.
El acuerdo con Raznatovic causó indignación en la Prisión Central de Belgrado.
Unos 350 reclusos que esperaban ser juzgados iniciaron una huelga de hambre, reclamando que la fiscalía también llegara a un acuerdo con ellos. El fin de la huelga se negoció con los abogados de los presos una semana después, cuando a algunos se les prometió considerar alivios de penas.
La ira no fue sólo por el acuerdo de Raznatovic, sino por su controvertido pasado.
"Ella parece intocable. Y eso es especialmente injusto para muchos serbios", dijo el sociólogo Ratko Bozovic. Raznatovic es la viuda de uno de los jefes de milicias armadas serbias, Zeljko Raznatovic, conocido como "Arkan".
Su historia de amor y su boda acapararon las portadas de la prensa sensacionalista desde 1995 hasta su muerte en 2000.
Las milicias paramilitares de Arkan cometieron atrocidades varias en las guerras de los años 90 en Croacia y Bosnia-Herzegovina.
Éste no es el primer encuentro con la ley que tiene Raznatovi. En marzo de 2003 la arrestaron por sus conexiones con figuras del mundo delictivo que tramaron el asesinato del primer primer ministro reformista Zoran Djindjic (2001-2003).
Uno de los mejores amigos de la artista, Milorad Lukovic Legija, quien planificó el asesinato, fue acusado de ocultarse en la casa de ella tras el crimen. A Raznatovic la liberaron por falta de evidencia luego de cinco meses en prisión.
En el marco de la nueva Ley de Procedimiento Penal, decenas de acusados han llegado a acuerdos con la fiscalía, pero principalmente por delitos menores que pueden derivar en sentencias de uno o dos años de prisión.
Hasta ahora, apenas 11 personas acordaron alivios de penas que les permiten cumplirlas en sus casas y mediante vigilancia electrónica. La mayoría atentaron contra la seguridad pública por peleas callejeras o portación ilegal de armas.
