La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) confiscó en varios estados suministros de tiopentato de sodio, fármaco empleado para inyecciones letales en condenados a muerte.
La DEA primero retuvo las provisiones de la droga de Georgia (sudeste) el 15 de marzo ante dudas sobre su origen. Luego, el 1 de abril, Kentucky (este) y Tennessee (sudeste) entregaron voluntariamente a la agencia sus suministros.
Georgia había adquirido el químico de una compañía farmacéutica que operaba en la parte trasera de una escuela de conducción en Londres.
Mientras, la empresa india Kayem anunció el 7 de este mes que no proveería más el producto a los estados de Estados Unidos que lo utilizaran para ejecuciones.
"Frente a la sensibilidad relacionada con la venta de nuestro tiopentato de sodio a varias cárceles y prisiones en Estados Unidos, y al señalarse que podría ser usado en las inyecciones letales, voluntariamente declaramos que (
) nos abstendremos de vender la droga", informó Kayem en una declaración.
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El 14 de este mes, Gran Bretaña anunció que bloquearía las exportaciones a Estados Unidos de tres drogas utilizadas en las inyecciones letales, incluyendo el tiopentato de sodio, e instó a la Unión Europea a que hiciera lo mismo.
Londres ya antes había detenido las exportaciones del químico a Estados Unidos en noviembre de 2010.
Hospira Inc., la única fabricante estadounidense de la droga, anunció que ya no la produciría en su nueva planta en Italia. La pena de muerte es inconstitucional en ese país europeo, y el gobierno en Roma exigió a la compañía que asumiera la responsabilidad por el uso de su producto.
Mientras, algunos estados estadounidenses apelan a otro fármaco, el pentobarbital, también usado en tratamientos médicos y en el sacrificio de animales.
La semana pasada, autoridades de Georgia informaron que habían enviado funcionarios a Ohio (noreste) y Oklahoma (sur) para conocer la experiencias de esos estados en el uso de la droga.
Oklahoma ya comenzó a utilizar el pentobarbital como parte de una combinación de tres fármacos en diciembre de 2010. En marzo, Ohio ejecutó a Johnnie Baston, condenado por asesinato, empleando ese químico. Las autoridades del estado dijeron que funcionaba tan bien como el tiopentato de sodio.
El 16 de marzo, Texas (sur) decidió comenzar a usar el pentobarbital.
Este fármaco es fabricado por Lundbeck, compañía danesa que afirma no avalar su uso en la pena de muerte. Sin embargo, la firma continúa vendiéndolo a los distribuidores.
"Realmente no sé quiénes son los distribuidores", dijo Laura Moya, directora de la campaña abolicionista de la oficina estadounidense de Amnistía Internacional.
Los directivos de "Lundbeck han dejado claro en que no desean que sea vendida con estos propósitos. No sé cuántas veces cambia de manos hasta que llega al Departamento de Correccionales. Esencialmente pierden control de lo que sucede con la droga", añadió.
"Esto presenta un dilema ético muy difícil. En última instancia, están comprando estas drogas de un fabricante que señala claramente que su propósito es curar gente, no matarla", indicó Moya.
"Esto demuestra cuán éticamente complicado puede ser realizar ejecuciones", afirmó.
"La disponibilidad de esos fármacos en Estados Unidos ha sido limitada, y los países europeos señalan que no desean que esas drogas sean utilizadas en ejecuciones. Ahora los estados analizan cómo obtener los químicos para inyecciones legales", añadió Moya.
"No está claro qué es lo que pasa en esos estados. ¿Lo obtienen de otros estados que ya tenían suministros o de otras fuentes?", se preguntó.
Un artículo publicado el 13 de abril por el periódico estadounidense The New York Times revisó declaraciones en varias demandas presentadas por condenados a muerte, en las que se revelaba que estados conspiraban para evitar inspecciones a las embarcaciones con las drogas.
En un caso, Wendy Kelley, funcionario del Departamento de Correccionales de Arkansas, usó su propio automóvil para traer fármacos de Tennessee y Texas y usarlos para ejecutar a un hombre.
